Tegucigalpa – Recientemente el embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon, expresó en su cuenta de Twitter que operaciones como “Medusa” efectuadas por el Ministerio Público demuestran que Honduras está retomando sus instituciones y castigando a los corruptos.
Nealon se refiere así a la captura de funcionarios impartidores de justicia que habrían traficado con la misma.
Se trata de jueces, fiscales y escribientes de los tribunales, entre otros, implicados en delitos de prevaricato, obstrucción de justicia y quema de documentos públicos para perder evidencia sobre importantes casos que estaba conociendo el sistema de justicia.
La Operación Medusa entró así a otra fase de la cadena de operadores de justicia, en donde ya no solo la policía es objeto de depuración, ahora también entran a esa etapa otros funcionarios dentro de esta cadena que incluye a jueces, fiscales, escribientes y otros funcionarios. Al parecer, Medusa, quiere penetrar a una especie de túnel hasta ahora inexpugnable.
Esta acción también ha puesto en el debate público el caso de la llamada Operación Shalom en la cual se capturó y desmanteló una presunta red de lavadores de dinero, tráfico de armas y drogas, en las cuales se implicó a familiares del entonces vicepresidente del ahora disuelto Concejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla.
Por este caso hay dos personas condenadas, entre ellos los parientes de Bonilla, último que goza de medidas sustitutivas de la prisión y el Ministerio Público ha pedido a los tribunales celeridad en su caso para llevarlo a la justicia, pues Bonilla ya no es funcionario público y por ende su caso ya no debe ser abordado por un juez natural, sino como un caso más en los tribunales de justicia.
La Superintendencia
Independientemente del rumbo que tome el caso Shalom o las otras capturas que se realicen en la Operación Medusa, ambas acciones lo que han puesto en el debate público es la necesidad de volver a discutir el por qué no se ha implementado la Ley de Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza, creada en marzo de 2014.
Esa Superintendencia sería una especie de ente evaluador y supervisor de las entidades de control de justicia a quienes se les aplicaría no solo las pruebas de confianza, sino que también se les daría seguimiento y monitoreo a la cadena de custodia y de aplicación de justicia para blindarla de contaminaciones que impidieran transparentar el accionar del sistema de justicia hondureño.
La nueva figura legal fue creada en el marco de la crisis que vivió el Ministerio Público que llevó a crear una interventora que culminó con la elección ahora del fiscal general, Óscar Chinchilla, quien ha venido a revitalizar la institución emprendiendo una lucha frontal contra la impunidad, según valoran sectores de sociedad civil entre otros. En ese momento, las instancias civiles que pujaron por estos cambios consideraron prudente crear esta Superintendencia para garantizar independencia y credibilidad cuando de evaluar a los operadores de justicia se tratara.
Pero a casi dos años de su creación, el nuevo ente regulador nunca arrancó. El proyecto de reglamentación de la ley y otros borradores relacionados que se presume serán abordados en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, están allí.
Expertos en el sector justicia, explicaron a Proceso Digital que esa figura no ha funcionado porque en la práctica se produjo una especie de segregación de funciones y cada ente responsable de los operadores de justicia montó su modelo de evaluación.
Voluntad política en manos del CNDS
“El Ministerio Público lo hace a través de una Unidad de Control Interno, la policía ha dado esas funciones ahora a la Comisión Depuradora y el Poder Judicial aplica sus propios protocolos”, dijo Carlos Patiño, un experimentado abogado y analista del sector justicia.
En el caso de la Policía Nacional, también está la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) que hace su propio trabajo, pero que en la nueva ley de policía que se discute en el parlamento, corre el riesgo de desaparecer o de ser anexada como una oficina burocrática.
En el caso de la Superintendencia, Patiño dice que muchas cosas han pasado en el camino para que la misma no arranque y si bien cada uno de los operadores de justicia aplica sus propios protocolos, cabe destacar que todas -sin excepción- han mantenido entre sus evaluaciones la aplicación de las pruebas de confianza que incluye la psicológica, psicométrica y socioeconómica.
“Eso es bueno y me parece rescatable, aunque el funcionamiento de la ley que crea la Superintendencia es importante, máxime ahora con esos golpes que está dando el Ministerio Público abarcando ya a otros operadores de la cadena de justicia, incluyendo a sus mismos fiscales”, acotó Patiño, que labora en la Pastoral Social Caritas Honduras, en ente que da un seguimiento permanente a las reformas estructurales que amerita Honduras.
Los legisladores indican que por razones presupuestarias es que la Superintendencia no ha entrado a funcionar; observadores lo atribuyen a un asunto de voluntad política.
En el marco legal creado, la Superintendencia estaría por encima de la DIECP -que todo apunta va a desaparecer- la Inspectoría de Tribunales del Poder Judicial y la Supervisión Nacional del Ministerio Público. Pero la última palabra parece que la tendrá el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.
En el caso de la policía, la Comisión Depuradora ya tiene delimitada cuál sería la ruta a seguir, se instale o no la Superintendencia. Omar Rivera, uno de los depuradores, dijo que ellos han contemplado que por cada policía que sea sacado de la institución, se contratará a dos nuevos agentes.
“El compromiso del gobierno de la República es contar con una Policía Nacional fortalecida, certificada y equipada, y la Comisión Especial, impulsará acciones concretas en esa línea de acción, se espera que dentro de seis años el número de policías supere los 26 mil hombres y mujeres, y que el indicador de policías por cada 100 mil habitantes, se haya incrementado de 156 a cerca de 280”, dijo Rivera.
De momento, los resultados de la Operación Medusa indican que, el ciclo de impunidad que ha mantenido bajo captura la cadena que conforma todo el sistema de justicia, requiere de controles permanentes y efectivos bajo un modelo independiente que permita a las instituciones recuperar la confianza y credibilidad institucional a favor de la democracia.
