Tegucigalpa – El juez que conoce la causa determinó suspender la audiencia de imputados para el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Marco Jonathan Laínez Ordoñez, ya que este no se presentó a la cita.
La portavoz de los tribunales de justicia, Bárbara Castillo, detalló que el imputado fue buscado en varios lugares, pero no fue localizado, en ese sentido el juez determinó suspender la audiencia.
Indicó que será hasta la próxima semana que se dará a conocer la fecha que se celebrará la misma.
A Laínez Ordoñez se le supone responsable del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública y la comunidad indígena lenca de Guajiquiro en el departamento de La Paz.
El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural, acusó al exfuncionario de autorizar la licencia ambiental para la ejecución de un proyecto hidroeléctrico denominado “Aurora II”, sin que este fuera objeto del proceso de consulta libre, previa e informada, tal y como se establece en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, a pesar de que dicha represa sería construida dentro de los territorios ancestrales lencas, específicamente en las comunidades aledañas al río Palagua.
Los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT, establecen la obligatoriedad que tiene el Estado de realizar la consulta a los pueblos indígenas siempre que se prevea la realización de cualquier proyecto nacional o regional que afecte a las comunidades en las que habitan, sin embargo, Laínez Ordoñez firmó la Licencia Ambiental (enero del 2011), a la empresa Inversiones Aurora S.A. de C.V., propietaria del proyecto hidroeléctrico.
Asimismo, el imputado enfrenta otro proceso penal por otorgar la licencia ambiental del proyecto Agua Zarca sobre el río Gualcarque, en otra zona del pueblo indígena Lenca, siendo un caso similar y por el mismo delito que se le imputa actualmente.
Igual imputación existe en contra del exviceministro de Serna, por el concesionamiento de la represa “HidroLuz” sobre el Río Wampú, territorio de las comunidades Pech de Dulce Nombre de Culmí en el departamento de Olancho.
El delito de abuso de autoridad se consigna en el artículo 349, numeral 2, del Código Penal vigente y tiene una pena que va de tres a seis años de cárcel, más la inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión.
