Tegucigalpa– Pese a los logros sostenidos en los últimos dos años con el desmantelamiento de redes criminales del narcotráfico, aseguramiento de bienes, golpes a la economía de la MS-13 y el ojo puesto en las irregulares andanzas de algunos alcaldes y funcionarios edilicios, la batalla del Ministerio Público en Honduras sigue siendo desigual ante la opulencia de la criminalidad con sus bienes, propiedades y dinero en efectivo, en contraste con el presupuesto de la fiscalía.
Mientras a carteles de la droga como Los Cachiros y los Valle Valle, las riquezas aseguradas son apenas una muestra de la pomposidad con que presumían sus andanzas, el Ministerio Público sigue con un presupuesto modesto que evidencia que la batalla entre David y Goliat seguirá siendo cuesta arriba si los tomadores de decisión en el parlamento no dimensionan el nivel de organicidad que ha alcanzado el crimen organizado y la corrupción en sus distintas dimensiones en Honduras.
En su trabajo, el Ministerio Público ha logrado efectuar una serie de movimientos contra el crimen que generan impacto, si de tráfico ilícito de estupefacientes y redes criminales del narcotráfico se trata. Pero también lo ha hecho a nivel del trabajo científico en Medicina Forense y el equipamiento de un cuerpo de investigadores criminales en la ATIC, que tiene un total de 253 agentes para atender los múltiples casos de impunidad que se registran a lo largo y ancho de todo el país.
Este equipo técnico, estratégico en la labor fiscal a la hora de sustentar casos, busca dar un nuevo giro al Ministerio Público que en la lucha contra la corrupción enfrentará una de sus batallas más emblemáticas cuando en el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad (IHSS) se presenten el otro año los primeros y grandes juicios orales y públicos en contra de exfuncionarios con los cuales tejieron redes y subredes para saquear ese ente de seguridad social.
También tendrá el desafío de llevar ante los tribunales la resolución de casos emblemáticos como el de la líder ecologista e indigenista Berta Cáceres, en donde ya han sido capturados los presuntos autores materiales e intelectuales a nivel intermedio, pero hace falta llegar a quienes ordenaron apretar el gatillo, según las mismas autoridades.
Pruebas decisivas en 2017
Se suma a estos esfuerzos, las muertes emblemáticas de Alfredo Landaverde y el zar antidroga, Julián Arístides González, además de los casos presentados por la comisión depuradora de la policía en cuanto al presunto involucramiento de al menos 500 policías de escala básica, oficiales intermedios y altos comisionados, unos activos y otros en retiro, en supuestas acciones delictivas ligadas a la criminalidad común, organizada y el crimen de algunos personajes de alto perfil en el país.
A ese panorama cabe agregar los casos de presunta corrupción e incluso nexos con criminalidad organizada de algunos alcaldes y funcionarios municipales, al grado que algunos desde sus celdas en las cárceles seguían gobernando en sus municipios y otorgando contratos supuestamente viciados, según las primeras pesquisas fiscales.
Pero no solo estos casos debe afrontar el Ministerio Público, también los que llevan las otras fiscalías como la de la Mujer, la Niñez, las Etnias, entre otras tantas que requieren esfuerzos enormes en cuanto a recurso humano y logístico.
Para la cantidad de denuncias y expedientes que recibe y atiende el Ministerio Público apenas cuenta con 819 fiscales a nivel nacional y casi como que a cada fiscal le toca atender un poco más de 200 casos.
Los factores que explican esta dinámica son muchos, entre ellos la complacencia que hubo de determinadas autoridades en la fiscalía para que esa dependencia agonizara en el tiempo y en el espacio.
Lo que dicen las cifras
Actualmente el presupuesto del Ministerio Público es de unos 1,442 millones de lempiras y no hay visos de que para el 2017 la cifra aumente en más de 500 millones como han solicitado instancias civiles como la Alianza por la Paz y la Justicia.
Ese presupuesto de la Fiscalía General del Estado contrasta con el asignado a las Secretarías de Defensa con más de seis mil 700 millones de lempiras y Seguridad con 5 mil 952 millones solo en el 2016.
En tanto en el marco de los destinatarios de los fondos de la tasa de seguridad poblacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las Alcaldías son los que menos reciben esos ingresos.
Panorama en el triángulo
En comparación con el resto de las Fiscalías del llamado Triángulo Norte de América Central que conforman El Salvador y Guatemala, el Ministerio Público de Honduras anda en un rango presupuestario promedio con 62 millones de dólares, equivalente a los 1,442 millones de lempiras que tiene actualmente.
En tanto la Fiscalía de El Salvador tiene un presupuesto asignado de 42 millones de dólares y la de Guatemala en 146 millones de dólares. Tanto las Fiscalías de El Salvador como de Guatemala han demandado mayor apoyo presupuestario por la naturaleza de las batallas contra la criminalidad organizada y común que libran, pero al igual que en Honduras, su reclamo no ha tenido eco.
La fiscal guatemalteca, Thelma Aldana dijo que en su país el Ministerio Público trabaja con recursos limitados y una serie de programas se han visto afectados, pese a los golpes dados en ese país contra los corruptos y los narcos, entre ellos un ex presidente, una ex vicepresidenta y todo un equipo de allegados que tejieron redes para capturar al Estado.
Mientras, el fiscal de El Salvador, Douglas Meléndez, fue claro al indicar que, con esas limitantes presupuestarias, la Fiscalía General de su país no está preparada para hacer las investigaciones correctamente. “Si no dan los fondos lo vamos a hacer (las pesquisas) pero mínimamente”, advirtió.
Y esa es precisamente la advertencia que hacen las fiscalías del Triángulo Norte: qué tanto se puede hacer y qué tanto piden, si no se dota de los recursos precisos.
En el caso hondureño, como bien lo advierte la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, o se fortalece o se debilita al Ministerio Público justo cuando éste empieza a dar claras señales de querer marcar una historia diferente.
