De “terminal de lavado de activos”, el IP pasa a recobrar confianza

Tegucigalpa – En el corredor atlántico de Honduras el estatal Instituto de la Propiedad (IP), reconocieron sus autoridades, no era más que una especie de sucursal del crimen, con experticia en lavado de activos. Cerca de dos años después, la tortilla ha dado vuelta.

– El director del IP, asevera que se han normalizado los servicios registrales en La Ceiba y San Pedro Sula donde ahora se está al día.

El IP ha emitido cinco mil 370 títulos, los cuales ya fueron auditados por ASJ y ya se han hecho las entregas.

La olla de corrupción en la regional del Instituto de la Propiedad en la ciudad caribeña de La Ceiba, dejó atónita a la ciudadanía que conoció en ese momento, como oficinas gubernamentales coactuaban con los carteles del crimen.

A inicios de 2015, el propio presidente del consejo directivo del IP, Ebal Díaz, denunció que una auditoría reveló irregularidades en la regional de La Ceiba en temas como el de hipotecas que no se registraban para permitir el lavado de activos.

Crimen organizado

“Esto permite una actividad vinculada con el crimen organizado. Tenemos evidencia de una misma propiedad que se hipoteca hasta 10 veces, pero no se inscribe la hipoteca”, detalló Díaz en esa oportunidad.

Añadió que el IP de La Ceiba se estaba usando “como una terminal de lavados de activos” porque “no estamos hablando de centavos, sino de millones de lempiras”.

Con el 30 por ciento de las investigaciones realizadas en el Registro de la Propiedad de La Ceiba se habían encontrado dos mil 712 irregularidades, lo que obligó a las autoridades del IP a pedir la intervención de la oficina regional.

Normalización registral

Hoy más de un año después, el secretario ejecutivo del IP, José Noé Cortés, aseveró a Proceso Digital que, en la oficina regional de esa dependencia en La Ceiba, se han normalizado completamente los servicios registrales.

Recordó que hubo un proceso de intervención en la regional de esa ciudad y de más de dos mil 200 documentos que estaban en mora, se está administrando todo lo que va entrando a razón de entre 150 y 170 documentos diarios.

Igual situación ocurre en San Pedro Sula, donde dicha oficina ha logrado normalizar los servicios registrales.

“Nos complace informar que ahí hubo un proceso de concurso público por oposición de méritos junto con la Cámara de Comercio, se logró seleccionar el personal idóneo para que atendiese el Registro de la Propiedad en La Ceiba”, acotó Cortés.

Indicó que se ha avanzado muchísimo en un proceso que genera confianza basado en la promoción de la transparencia, eficiencia en los servicios y se ha firmado un convenio con la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), que garantiza el seguimiento de los indicadores.

Explicó que en esa regional había un problema grave de morosidad, mala atención al ciudadano y falta de compromiso con el público y eso es lo que se logró resolver.

Recuperación paulatina de confianza

Señaló que esa oficina regional de La Ceiba fue intervenida por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) y el Ministerio Público que iniciaron una serie de acciones que están en los órganos jurisdiccionales competentes para deducirles responsabilidades.

Aseguró que, en el caso de la oficina regional en el departamento de Colón, igualmente el problema se ha ido normalizando y lo que se ha hecho es establecer procesos de monitoreo y evaluación, supervisión constante de los registros y asegurarse que los servicios se están prestando gradualmente en los tiempos que deben establecer los estándares normales.

Asimismo, aseveró que se ha ido recuperando la confianza gradualmente, aunque no del todo ya que por muchos años prevaleció la mala práctica administrativa que ha hecho mella en la institución.

“Gracias al plan de mora que hemos tenido, el acompañamiento de ASJ, procesos de veeduría social y procesos de verificación de resultados, hemos logrado gradualmente recuperar la confianza, no lo hemos hecho del todo, es un reto enorme, sin embargo, estamos enfocados claramente en establecer esos servicios sobre la base de la confianza y la certeza de la seguridad jurídica de las transacciones”, acotó.

Del tráfico de los títulos y demandas millonarias

En tanto, el coordinador general de ASJ y representante de Transparencia Internacional (TI), en Honduras, Carlos Hernández, aseveró a Proceso Digital que, se ha mejorado positivamente en el funcionamiento del IP en La Ceiba y que se prevén nuevas acciones del Ministerio Público en los procesos de casos de corrupción que se dieron en el pasado.

Indicó que esa organización hizo una evaluación donde midió todos los procesos en los temas de transparencia y administración y en ese primer estudio los resultados fueron bastante negativos, sin embargo, se diseñó junto a las autoridades todo un plan de acción y hoy se puede afirmar que todos los títulos de propiedad que están entregando son buenos pues en el pasado se entregaban títulos de mala calidad lo que representaba que el Estado tenía que incurrir en demandas millonarias.

En el caso de la regional de La Ceiba, indicó que como no había controles permitía que se traficara con los títulos, los expedientes y los archivos no eran manejados con las medidas de seguridad necesaria y hoy todo eso ha cambiado y ahora lo que se pretende es institucionalizar todos esos cambios porque el temor que hay es que al llegar otras autoridades pueden hacer otro “festín”.

Apuntó que, tras la intervención en la oficina regional de La Ceiba, se presentaron denuncias y “hay algunos casos donde hay personas imputadas, sin embargo, todavía faltan algunas acciones”.

Recordó que en un primer informe de ASJ, se precisó que hubo algunos políticos que habían traficado con títulos, vendieron propiedades en la playa que la ley prohíbe y otras irregularidades.

Destacó que la ASJ ha auditado la emisión de cinco mil 370 títulos, los cuales se han entregado.

Para Hernández el Ministerio Público está actuando, pero la complejidad de la corrupción y el manoseo llegaron tan profundamente que aún quedan acciones pendientes a lo largo de la costa caribeña, tanto en Roatán como en La Ceiba, Colón e Islas de la Bahía.

Perfil de puestos

Hernández apuntó que, en el caso de Tegucigalpa, el problema era que en los barrios pobres expropiaban terrenos sin seguir el debido proceso, lo que ocasionaba problemas para los trabajadores y en lugar de solucionarles la dificultad más bien se les complicaba y en momentos de campaña política se entregaban miles de títulos que lamentablemente eran malos.

Agregó casi un millón de personas afrontaban problemas con la legalidad de sus tierras y el IP no estaba entregando títulos porque era ineficiente por la politización y ahora eso se está superando, pero hay mucho que hacer, aunque se debe reconocer que ha habido avances.

Alabó que se ha reducido el personal supernumerario y se ha definido un perfil de puestos ya que laboraban personas sin tener el perfil adecuado, es decir que no eran profesionales del área y en ese sentido, no hacían casi nada y ahora se quiere que todo el personal que se contrate tenga experticia y no ingrese porque pertenece a un partido en el poder, sino que haya sistemas que permitan evaluar y hacer filtros para solo contratar a los mejores.   

La creación

La Ley de Propiedad y el IP se crearon en 2004 con el propósito de fortalecer y garantizar la seguridad jurídica a los titulares de la propiedad, incentivar la inversión nacional y extranjera y permitir el acceso a la propiedad sin exclusiones. Una década más tarde el propio director del consejo directivo del IP catalogó la entidad como una sucursal para el lavado de activos.

Para finalizar el 2015, la ASJ presentó un informe que pormenoriza las debilidades del IP, entre ellas el deficiente desempeño institucional de 19% originada por el incumplimiento de la gestión financiera y administrativa, raquítica producción, opacidad y alta politización en el nombramiento de personal entre otros temas.