Tegucigalpa – La magistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi Oseguera de Anchecta, informó que ese organismo investiga al expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya y a miembros de su familia por supuesto enriquecimiento ilícito.
La funcionaria arguyó que a todos los expresidentes se les investiga y otros altos funcionarios.
Detalló que en el caso del exmandatario Zelaya, hace más de un año que se le está investigando y el propio exgobernante lo sabe porque a él se le han enviado cartas solicitándole algún tipo de documentación.
“Se está iniciando la investigación, en este momento estamos trabajando en el pareo, en el cruce de notas que nosotros llamamos porque la investigación de la presunción de enriquecimiento ilícito, inicia desde que la persona es funcionario público y además, recuérdese que esta es una investigación al patrimonio familiar”, apuntó.
Eso quiere decir que no sólo se investiga a Zelaya sino también a su esposa Xiomara Castro y a los menores hijos para ver si tienen algún patrimonio familiar.
Añadió que hasta este momento se han estado intercambiando notas con el exmandatario que ha contestado a través de su apoderada legal. “No creo que ese informe termine este año, porque el informe de presunción de enriquecimiento ilícito, es un proceso largo porque se investiga el patrimonio familiar, eso quiere decir que se investigan los bienes activos y pasivos del matrimonio en sí, tanto de él como de su esposa”.
Reiteró que se está iniciando la investigación mandando a pedir notas y posteriormente en algún momento determinado cuando la investigación avance, se llamará a Zelaya para que rinda una declaración y ese es el procedimiento en la presunción de enriquecimiento ilícito.
Argumentó que el proceso es tardado también porque actualmente se investigan 17 expedientes de miembros de la Policía Nacional y de otros funcionarios públicos y solamente hay 11 personas especializada para hacer ese trabajo.
Respecto al caso de los 40 millones de lempiras que fueron sustraídos de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), en el gobierno de Zelaya, la funcionaria indicó que en su informe la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, en su solicitud al TSC, que fue uno de los primeros organismos que visitó, pidió que se hicieran las auditorías referentes tanto al gobierno del expresidente Zelaya como al gobierno del expresidente Roberto Micheletti.
Añadió que el TSC hizo su trabajo que está en el informe de la Comisión de la Verdad y cuando se hizo la investigación sobre esos 40 millones de lempiras, ese dinero salió del presupuesto de la Secretaría de Seguridad cuando el ministro era Jorge Rodas Gamero.
Relacionó que esos 40 millones de lempiras salieron del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para la Secretaría de Seguridad por 230 millones de lempiras.
En la auditoría se estableció que no solamente eran 40 millones de lempiras, sino que fueron 50 millones los que se sacaron de las bóvedas del BCH, ya que también se sustrajeron otros 10 millones de lempiras.
“Entonces yo siempre me hago la pregunta y está en el informe, dónde está el resto de los 230 millones de lempiras que correspondían como presupuesto de la Secretaría de Seguridad, porque ese presupuesto fue asignado con el objetivo que esa secretaría pudiera en su capacidad técnica y organizativa de sus elementos comprara indumentaria para la Policía Nacional como chalecos”, se preguntó la funcionaria.
Señaló que para el TSC ha sido dificilísimo hacer las auditorías en esa investigación y lo mismo ocurre con el caso de Robert Meyering que es de la misma época porque no había papeles en ninguna de las secretarías de Estado y la auditora tuvo que estar metida en bodega donde estaban papeles ya casi inservibles para poder sacar ese informe.
Recalcó que la amnistía aprobada mediante el Acuerdo de Cartagena es solamente para aspectos políticos y el TSC ha estado en estos momentos debatiendo de todas las auditorías que se hicieron en el gobierno del expresidente Zelaya y hay auditorías que van confirmadas por más de 30 millones de lempiras por diferentes hechos y en diversas instituciones del Estado y lo que se firmó en Cartagena no dio lugar a que ese organismo hiciera su trabajo y deberá seguir con el daño patrimonial que se hizo en ese gobierno.
