Tegucigalpa – Un perito de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y un fiscal del Ministerio Público fueron atracados en las últimas horas. Ambos tenían valiosa carga probatoria en el caso que incrimina a personajes políticos en el caso de Ciudad del Ángel.
– Este jueves se reanudó el caso que involucra a dos diputados y otros exfuncionarios.
El litigante privado Marcos Zelaya fue el que hizo pública la denuncia, aunque reveló que los asaltados contaban con copias de respaldo, por lo que podrán sustentar las acusaciones ante un juez en la continuación del juicio oral y público.
“Es curioso y serán las autoridades que determinarán qué fue lo que sucedió el día de ayer (miércoles) con estos dos funcionarios que ya están nominados para el juicio”, señaló.
Continuó que “nos llena de sospecha lo que está sucediendo contra estas dos personas que manejan un caso de impacto social como lo es Ciudad del Ángel, donde 190 personas han sido objeto de estafa por la lotificadora”.
De acuerdo al relato de Zelaya, el propio fiscal del Consumidor, Luis Javier Santos, se muestra asustado porque ingresaron a su vivienda para sustraerle únicamente la computadora personal. De igual forma el perito nominado por parte de Copeco también fue objeto de la misma acción.
Caso Ciudad del Ángel Este día continúa el juicio oral y público contra los procesados en el caso de Ciudad del Ángel, en el que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial del Consumidor y la Tercera Edad, busca probar la culpabilidad de los diputados Nelson Abdalah Ghawi, José Valery Boris Espinal Ponce y el extitular de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Darío Alberto Mejía Valdivieso. En esta causa, el pasado 31 de mayo, a la Fiscalía le fueron admitidos los 99 medios de prueba con los que demostrará cómo Nelson Abdalah Ghawi cometió 21 delitos de abuso de autoridad y José Valery Boris Espinal Ponce y Darío Alberto Mejía Valdivieso el delito de violación de los deberes de los funcionarios. Los medios de prueba propuestos por el Ministerio Público lo constituyen26 declaraciones testificales, entre ellas la del alcalde del Distrito Central, Nasry Asfura y la exministra de Serna, Maira Mejía, así como 69 medios documentales y cuatro informes periciales. Como se recordará, la Fiscalía del Consumidor conoció este caso por denuncias de los afectados residentes en el proyecto habitacional ubicado en la capital hondureños, y fue producto de las diligencias investigativas que se logró establecer que en 2005 la empresa Bienes y Raíces Arias presentó solicitud de licencia ambiental a la Serna, a través de la Unidad de Gestión Ambiental UGAM de la AMDC, donde trabajaban Nelson Abdalah Ghawi y José Valery Boris Espinal Ponce. La licencia ambiental del proyecto, que consta de 193 viviendas, de las cuales casi 150 están destruidas, fue aprobada en junio de 2006, previa firma de Contrato de Medidas de Mitigación. Producto de la tramitación de esta solicitud se realizaron una serie de inspecciones y se obtuvieron diferentes opiniones técnicas o dictámenes, mismos que evidenciaron el riesgo que técnicamente suponía la construcción del proyecto habitacional, cabe señalar que según el Convenio en referencia sería la UGAM la encargada de dar control y seguimiento a los contratos de medidas de mitigación. |
