Tegucigalpa – La corrupción en Honduras ha tenido un costo de 179 millones de dólares, que representan más de 3,900 millones de lempiras, y eso que apenas representan el 0.7 por ciento de los casos que se ventilan en los juzgados de la capital, según revela un estudio elaborado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
– Un estudio de la ASJ destaca que pueden pasar hasta 10 años desde la denuncia hasta que la Fiscalía lo denuncia ante la justicia
– La mayoría de los casos estudiados y presentados son considerados de “bagatela”
El estudio Judicialización de la Corrupción Pública (2008-2015) fue presentado en un foro realizado en la capital por el organismo de la sociedad civil ASJ, que contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, y el fiscal general Oscar Fernando Chinchilla.
El evento fue moderado por Carlos Hernández, presidente de la organización.
En el documento se establece también que en el país se requiere de hasta 10 años para llevar un caso de corrupción desde que se investiga en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) hasta que el Ministerio Público presenta el caso ante los tribunales judiciales.
Y lo que es más desolador, según revela el estudio de la ASJ, es que casi la mitad o más de los casos son considerados “bagatelas” por la poca cuantía del daño causado y el nivel de gravedad del caso de corrupción denunciado.
En la conclusión del informe se destaca que la persecución de los delitos menores o de “bagatela” genera una gran impunidad a favor de la gran corrupción al focalizar los recursos en cosas pequeñas, mientras la justicia favorece lo impune de la criminalidad de “cuello blanco”.
Igualmente se señaló la poca coordinación entre los entes administrativos y penales de investigación del Estado a fin de conectar la investigación con la judicialización, a fin de favorecer el castigo.
También se destacó que la falta de criterios y conceptos sin uniformar al no existir un claro concepto de corrupción pública permite que los delitos sean tratados como un problema que afecta únicamente a la administración pública.
El informe, que fue presentado por Lester Ramírez Irías de la ASJ, señala las falencias y debilidades en el registro y manejo de expedientes, ya que los diferentes registros de expedientes que administran los operadores de justicia y la discrecionalidad en el manejo y custodia de los archivos judiciales.
Igualmente se destacó las desigualdades en la aplicación de la justicia, ya que no es lo mismo un acto de corrupción cometido por un diputado o ministro de gabinete que un “empleado de ventanilla” del gobierno.
La mayoría de delitos considerados de corrupción son abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, cohecho, fraude y enriquecimiento ilícito.
El estudio destaco que la justicia al insistir en cumplir la legalidad del proceso y respeto de garantías le presta atención más a la forma que al fondo, así como a que los casos se resuelven a nivel de juzgados de Letras.
El informe recoge también la peculiaridad que cuando hay delitos graves como fraude y enriquecimiento ilícito son acompañados por delitos conexos menores, existe una marcada tendencia de “sobreseer los delitos complejos y procesar los que tienen salidas procesales”.
Un solo condenado por corrupción
Asimismo, se señala que durante los siete años que engloba el estudio solamente una persona ha sido condenada a prisión y es José Ramón Bertety, uno de los implicados en el caso de latrocinio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Y eso que de los 110 expedientes judiciales revisados había un total de 189 imputados, pero el 50 por ciento de los casos son delitos de corrupción menor (cuyas penas son iguales o menores a seis años), lo que permite salidas procesales.
MACCIH no ve todos los delitos
El responsable en la prevención y combate de la corrupción de la MACCIH, Jan Michael Simon, efectuó algunos comentarios al informe de la ASJ, destacando que existe en el marco legal un listado de 17 delitos, donde se incluye la defraudación fiscal y que considera que no cabe en el delito de corrupción pública, pero que no incluye casos como prevaricato, generando interrogantes porque se excluyen.
Simon destacó que el estudio implementa en términos de política criminal el concepto clásico de servidor público, señalando que impunidad significa omisión no comisión, destacando que crear impunidad sobre un hecho real es ocultar la verdad.
El experto de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunida en Honduras (MACCIH) destacó que llama la atención que solo el 0.7 por ciento de las denuncias que llegan al sistema son de corrupción y considera que “obviamente la cifra es mucho mayor”.
Corrupción no se acaba por decreto
Por su lado el fiscal general Chinchilla señaló lo importante que es “fortalecer la parte de persecución del Estado” y se mostró a favor de “perseguir la alta corrupción”.
Chinchilla dijo que cuando llego a la Fiscalía General se combatía a los que vendían bolsitas de droga, indicando que eso no genera el clima de inseguridad, indicando que son los grandes narcotraficantes, por ello se ataco a siete estructuras grandes de corrupción.
Pero el fiscal Chinchilla afirmó que “no se va acabar por decreto la corrupción si no hay persecución penal”, destacando que si no se cambian las “cosas estructurales que generan corrupción y se cambia cada cuatro años los diputados de un gobierno por otro no estamos haciendo nada”.
Indicó que se debe modernizar el Estado y para “eso deben depurar fiscales, policías, Poder Judicial, pero también la administración pública” que debe ser eficiente y transparente.
“Y aprovecho para decir que esa franja oscura y opaca donde concluyen funcionarios corruptos, delincuentes del crimen organizado y sector empresarial, porque todo ese dinero que se genera en corrupción o narcotráfico enterrado debe entrar a funcionar en la vía legal”, señaló el titular del Ministerio Público.
Evaluación de jueces y fiscales
Por su lado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, señaló que mucho del éxito en la aplicación de la justicia pasa por los procesos de evaluación, selección y nombramiento de los fiscales y jueces.
“Algunos hemos sido producto de estos procesos de selección” señaló Argueta, precisando que cuando aplicó a una plaza judicial fue sometido, junto a otros aspirantes, a pruebas de conocimiento y de todo tipo.
