Tegucigalpa.- En los pasillos del Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), un inusitado desfile de autoridades y ex autoridades policiales se ha producido en las últimas horas luego que el diario estadounidense The New York Times (NYT) sacara a luz pública los nombres de los supuestos implicados en los crímenes del zar antidroga, Arístides González y el especialista en temas de narcotráfico y seguridad, Alfredo Landaverde.
En sus relatos todos dicen saber, conocer o intuir algo, pero nadie sabe quién los mató y por qué los mataron.
Honduras vive así una historia de cuentos y relatos cortos inconclusos, difusos y abundantes. Cada declaración de quienes se sienten agraviados revela detalles e interioridades no solo de estos dos crímenes de alto impacto, sino que también de la corrupción policial.
Sus declaraciones a los medios de prensa han permitido corroborar las sospechas de la sociedad en cuanto a la colusión con la criminalidad organizada, el reparto de los territorios para el control y trasiego de la droga, el permiso que había que pedir para ir de un punto a otro del territorio a lo interno de la policía, los presuntos ofrecimientos ilegales de dinero para callar o acompañar maniobras indecentes, entre otros.
En su defensa ante la opinión pública, los presuntos implicados cuentan acerca de las deudas que tienen y la calamidad en que viven, otros lamentan que los entes de control no les permitan justificar sus bienes o tierras que afirman pueden sustentar con pruebas; mientras los más llegan en búsqueda de la protección del Estado para que se conozca su verdad, los saquen del fango en que ha caído la institución y no caigan en el juego justos por pecadores.
Hay asombro…nada más
Respecto a los crímenes de alto perfil en la figura de Arístides González y Alfredo Landaverde, han desfilado ante la opinión pública ex directores de la policía nacional, ex ministros de Seguridad y hasta ex coordinadores de la fiscalía del Ministerio Público, así como ex titulares de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP). Todos se han mostrado asombrados, horrorizados y hasta indignados con lo sucedido a estos dos personajes que pagaron con su vida la lucha por tener un mejor país.
Desde que salieron a la luz pública las filtraciones periodísticas que detallan en sendos informes oficiales cómo se planificó y ejecutó presuntamente la muerte de González y Landaverde, en cuyo primer momento no se revelaron nombres, las reacciones no se hicieron esperar.
Los primeros fueron los altos mandos policiales que estaban al frente de la institución policial cuando se dieron esos hechos, igual hicieron los cuadros intermedios que ocuparon posiciones de mando y que se presume habrían estado en la planificación de estas muertes, un hecho que el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, calificó de “diabólica”.
En ese primer relato de explicaciones todos negaron conocer la existencia del informe, mucho menos de un video que contiene la reunión en la cual se planificó el crimen del zar antidroga por instrucciones presuntamente de un supuesto narcotraficante hondureño identificado como Winter Blanco, a quien las autoridades le aseguraron a inicios de este año más de 50 bienes, pero no han podido capturarlo y se presume es un potencial extraditable.
Las relaciones de Winter Blanco con la policía trascienden por los documentos publicados en la prensa local y luego por el NYT. Al respecto, los policías activos y en retiro desmienten también estas conexiones, mientras otros optan por guardar silencio. En tanto, otros oficiales, al amparo del proceso de depuración que vive actualmente la policía dejan entrever no solo ésta, sino que otras relaciones también entre las diversas cúpulas con la criminalidad organizada.
El explosivo Sabillón
Relación, que aseguran, fue avalada por ministros y viceministros de años atrás. Todo un hilo de una complicada telaraña que las autoridades de la fiscalía están en la obligación de desenredar. Así lo ha pedido incluso el mismo presidente de la república, Juan Orlando Hernández, al afirmar que en este proceso de depuración policial no hay marcha atrás.
El general comisionado, Ramón Sabillón, ex hombre fuerte de la policía, busca desmarcarse de este escándalo al asegurar que una carta difundida por el NYT en donde se deja entrever que si bien conoció el informe sobre las muertes y asignó un oficial para la custodia de los documentos, ordenó que esa información no constara en las actas de registro de la Secretaría de Seguridad.
Sabillón dice que esa nota es falsa, que lo puede comprobar, y se fue más allá en su destape al develar las confesiones que le hicieron algunos de los extraditables capturados durante su gestión.
Y en el caso de la muerte de González y Landaverde no duda en afirmar que “existen indicios” de participación policial en los crímenes al grado de insinuar que hasta sicarios del cartel mexicano de Sinaloa habrían venido para ejecutar algunas de esas muertes.
Como él, otros policías relatan a cuenta gotas lo que saben de estos casos, todos en el hilo conductor saben algo, conocieron algo, pero son inocentes porque nunca supieron “quiénes fueron”. Es el desfile de las verdades a medias y de los relatos cortos con los que se está entreteniendo por ahora a la opinión pública. Y la pregunta sigue rondando: ¿Quién o quiénes fueron? ¿Por qué los mataron?
