Tegucigalpa – El proceso para combatir la corrupción y la impunidad en Honduras con apoyo internacional comenzará esta semana con la instalación de la MACCIH, el ente que ayudará con expertos a colaborar con los operadores de justicia nacional a iniciar la ansiada batalla.
-Para analistas, la expectativa con la llegada de la MACCIH es enorme porque hay una gran deuda histórica en la aplicación de la justicia y en la investigación de casos emblemáticos.
– El convenio tiene como objetivo principal, apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones, encargadas de prevenir, investigar y sancionar la corrupción en Honduras.
-De entrada, la MACCIH le entrará a los casos del asesinato de Berta Cáceres, la depuración policial y los asesinatos de Julián González, Alfredo Landaverde y Orlan Chávez.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, informó la semana pasada al canciller hondureño, Arturo Corrales, que los primeros integrantes de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) llegarán a Honduras esta semana.
La MACCIH, adscrita a la OEA, llega precedida de un ambiente de expectación de parte de la población hondureña, la cual ha mostrado ya estar cansada de los altos niveles d corrupción e impunidad que corroe el país.
Por ello decenas de miles de hondureños salieron a las calles a protestar el año pasado a exigir una instancia internacional que ayude a combatir los dos grandes males de la sociedad hondureñas casi desde el surgimiento del Estado en el siglo XIX.
Misión de especialistas
En una reunión que ambos mantuvieron en la sede de la OEA en Washington, DC, Almagro explicó que de esa forma se da cumplimiento al acuerdo suscrito el pasado 19 de enero entre la OEA y el gobierno hondureño.
En ese sentido, la MACCIH será encabezada por el representante especial del secretario general y vocero de la misión, Juan Jiménez Mayor.
Jiménez será acompañado por los expertos: Jacobo Domínguez, coordinador de la división Político Electoral; Jan Michael Simón, asesor especial contra la Corrupción y la Impunidad; Katalina Montaña, jefa de la Sección de Fortalecimiento Institucional en Diálogo y Mediación de la OEA y un experto del departamento de Seguridad Pública de la OEA.
Seguidamente se integrará al grupo de expertos Juan Pablo Corlazzoli, quien lidera el Observatorio de Justicia Penal de la MACCIH.
El financiamiento de la misión estará a cargo de gobiernos extranjeros a fin que mantenga su independencia y su mandato inicial es por cuatro años.
Iniciativa sin precedentes
Almagro subrayó que la MACCIH es “una iniciativa sin precedentes que tiene como objetivo abatir la corrupción y la impunidad en Honduras y producir una reforma estructural en la administración de justicia en un país que le dijo basta a la corrupción”.
Asimismo, y en aras de apoyar el proceso de depuración y modernización de la policía hondureña, se anunció que en el marco de la Misión se iniciarán las labores de la tercera ronda que elaborará el Informe de Evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, tras las rondas realizadas en 2012 y 2014.
En el caso de la investigación del crimen de la dirigente indígena Berta Cáceres, se explicó que una vez establecida la MACCIH, sus miembros se reunirán con las distintas agencias involucradas en la investigación para determinar la modalidad más adecuada de apoyo.
El alto funcionario del organismo indicó que, tal y como lo manifestó a la familia de Berta Cáceres, los asuntos de derechos humanos que procedan en este caso deberán ser atendidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre las primeras acciones a ejecutar figura también el apoyo que darán para la depuración de la Policía Nacional, en un momento en que se tuvo que aprobar un decreto de emergencia para iniciar un proceso expedito de limpieza y saneamiento de la institución como última oportunidad para rescatar a la cuestionada institución.
Gran expectativa
Todos estos aspectos sumados a los emblemáticos casos de corrupción en el país, han despertado una gran expectativa entre la población hondureña con la llegada de la MACCIH, ya que está harta de tanta impunidad y sedienta de justicia.
Para el sociólogo, Pablo Carías, la expectativa es enorme porque hay una gran deuda histórica en la aplicación de la justicia y en la investigación de casos emblemáticos.
Agregó que la población hondureña ha sido muy sacrificada de diferentes maneras y es por eso que ahora ve una luz al final del túnel con la llegada de la MACCIH.
En marzo pasado fue lanzada la MACCIH ante el pueblo hondureño y presentados los miembros que integran la agrupación que procurará impulsar una reforma judicial en el país.
Crímenes emblemáticos
Con la dispensa de dos debates, el Congreso Nacional aprobó en la noche de este martes, 29 de marzo, el convenio que permite la instalación de la MACCIH que ahora no solamente centrará su radio de acción en los casos emblemáticos de corrupción, sino que escudriñará en los casos de los crímenes como el del zar antidrogas Julián Arístides González, el asesor antinarcóticos Alfredo Landaverde y el fiscal Orlan Chávez, conocido como el “Fiscal de Oro”.
En ese sentido, necesariamente los miembros de la misión tienen que abordar esos temas, pero en su conjunto, haciendo un análisis de la criminalidad policial para así llegar a los verdaderos responsables.
Esperanza alimentada
No obstante, la llegada del grupo de especialistas de la misión de la OEA, alimenta las esperanzas entre los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, tal como lo expresó el coordinador de investigaciones de la organización Por una Sociedad Más Justa (ASJ), Lester Martínez, quien señaló que lo óptimo sería que los miembros de la MACCIH perciban la demanda popular que hay en este momento, los espacios de crispación social que hay y que busquen responder a esas demandas.
En general, diferentes sectores coinciden en que el éxito de la MACCIH, dependerá en gran parte de la colaboración que reciba de parte del Estado hondureño
De acuerdo al convenio, la MACCIH será conformada por investigadores, jueces, forenses y fiscales internacionales, quienes serán los encargados de seleccionar, asesorar, evaluar y certificar a los operadores de justicia que ejercerán la acción penal en los casos de corrupción.
