Tegucigalpa – Honduras vive en las últimas horas una especie de reedición del guion de la serie televisiva “El patrón del mal, la historia de Pablo Escobar”, al conocer cómo se planificaron, presuntamente desde las estructuras de la Policía Nacional, tres crímenes de alto perfil en las figuras del entonces zar antidroga, Julián Arístides González; el fiscal de privación de dominio, Orlan Chávez y el experto en temas antidroga, Alfredo Landaverde.
Las muertes ocurridas en los años 2009, 2011 y 2013 presentan patrones similares de ejecución: planificación en cuarteles y estaciones metropolitanas de la policía, presunto involucramiento de las estructuras altas, intermedias y bajas de la Policía Nacional, seguimiento a las víctimas, uso de “banderas” (gente que alerta) al servicio de la delincuencia; sicarios, motocicletas y otros escenarios propios de gente especializada en el mundo del hampa y la criminalidad organizada.
Todos ellos -de acuerdo a los relatos filtrados a los medios de comunicación social- murieron por creer en sus principios y aspiraciones de tener un país menos impune y corrupto. Pero una red semejante a un patrón del mal les dijo: ¡hasta aquí!
El zar antidroga, Julián Arístides González, un general retirado, fue asesinado el 8 de diciembre de 2009. Las filtraciones periodísticas relatan cómo al menos 30 personas ligadas a las estructuras policiales, unos en retiro y otros activos -3 de ellos separados el martes 5 según un informe oficial- prepararon la muerte de González en el cuartel de Casamata, y de cuyo hecho se asegura existe un video que devela cómo se decidió la suerte de González.
Supuestos gatilleros policiales, oficiales responsables para que la misión no fracasara, incluido el alertar a agentes de tránsito que se encontraban en el sitio por donde pasaba González para que no estorbaran e hicieran de oídos sordos si escuchaban cosas indebidas, son parte de los relatos recogidos en las investigaciones que hicieron un grupo de investigadores policiales que plasmaron su informe en un documento oficial elaborado por la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad.
El mismo se presume que fue entregado al Ministerio Público, pero éste aseguró que no existe ningún indicio que revele que esos documentos llegaron a las autoridades de ese entonces, menos a las actuales.
El hilo conductor del narco
Un hilo conductor que une los casos del zar antidroga y el fiscal Orlan Chávez, asesinado la noche del 18 de abril de 2013, fue la participación de supuestos capos de la droga que se perfilan como presuntos extraditables.
En el caso del zar antidroga, la orden según el informe la dio un supuesto narcotraficante de la zona de Colón, mientras que a Orlan Chávez, quien decidió su muerte habría sido otro supuesto narcotraficante del departamento de Cortés en alianza con policías a quienes el llamado “fiscal de oro” investigaba.
En la muerte de Chávez participaron al menos siete efectivos policiales, entre gatilleros y oficiales. Su crimen fue planificado en tres ciudades y hubo aparentemente asistencia policial de patrullas de Tegucigalpa que “bandereaban” para que los sicarios no fueran detenidos por cualquier patrulla, una vez realizado el delito, señalan los documentos en poder de la prensa.
Chávez habría sido asesinado porque investigaba a policías por supuesto enriquecimiento ilícito y su rápida incursión en la industria extractiva, al igual que sus vínculos con el presunto narco del departamento de Cortés a quien la fiscalía ya le había incautado algunos bienes.
La presunta ligazón entre el crimen organizado y algunos cuadros de la policía se hace presente en estos dos crímenes, pues el zar antidroga había echado a perder prósperos negocios del supuesto narcotraficante de Colón que operaba también en las aguas del Caribe fronteriza con Colombia.
La banda de los 20
Mientras, el crimen del especialista en temas antinarcóticos, Alfredo Landaverde, uno de los analistas más respetados en el país, habría sido planificado por 20 personas: 19 policías y altos oficiales, y 1 civil, en este caso Marvin Mascareño, el único que está sentenciado por el caso.
El asesinato de Landaverde se habría planificado en una de las regiones metropolitanas de la policía hacia donde se desplazaron altos miembros de la estructura policial incómodos por sus declaraciones en el programa televisivo Frente a Frente de Televicentro, en donde habló de criminalidad organizada y complicidad policial.
Los reportes, ahora de conocimiento público, indican que en el crimen de Landaverde -donde salió herida su esposa que le acompañaba Hilda Caldera- participaron supuestos policías sicarios traídos de Colón e Islas de la Bahía. Algunos de los 19 uniformados que estarían implicados en el crimen siguen en las estructuras policiales y otros están de baja.
Los tres crímenes revelan un hilo conductor de precisión y cero errores, como dicen los uniformados y castrenses en sus jergas. En la muerte del zar antidroga y de Landaverde se asegura que sus autores intelectuales llegaron a la escena del crimen para corroborar que todo fue perfecto.
Una depuración inconclusa
La reacción de las autoridades no se ha hecho esperar, pues el escándalo aparece justo cuando se debate una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional que busca acelerar una fracasada depuración policial que hace un poco más de cuatro años tomó fuerza al trascender la colusión de ciertas bandas policiales con el crimen organizado.
La depuración policial, según cálculos de expertos chilenos, colombianos y de la propia OEA podría tardar 15 años si la misma no era interrumpida, pero todo indica que el proceso ha sido torpedeado, retrasado y ahora casi agoniza en su primera fase, al grado que se habla de comenzar otra vez.
El presidente Hernández ha sido claro en que la policía no puede continuar con el pus que cada vez se hace más hediondo y ha dado instrucciones para que se colabore con la fiscalía en toda la investigación al entregar la documentación necesaria para ahondar en las pesquisas sobre los crímenes de alto impacto.
El Ministerio Público con su cuerpo de investigación, en la figura de la ATIC, secuestró información en el Cuartel de Casamata tras una intervención sorpresa, misma que continuó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad en la salida al sur del país. Estas acciones, dice la Fiscalía como el propio poder ejecutivo, ya no deben extrañar en Honduras pues no existen “territorios impenetrables”.
El titular de Seguridad, el general retirado Julián Pacheco, anunció que como parte de la colaboración con la Fiscalía, tres oficiales de la policía que no identificó han sido suspendidos de forma inmediata por presumirse son parte de la red que asesinó al zar antidroga. Ellos irán a los tribunales en caso que el Ministerio Público logre configurar su implicación en el delito, explicó.
El testigo y las reacciones
En tanto, trasciende que estos crímenes de alto perfil cuya planificación ha sido develada por la prensa, son casos que podrían ser conocidos por la Comisión de Apoyo en la lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), a instalarse formalmente en la segunda semana de abril en la capital.
El drama que sigue a estos crímenes que conmocionaron a Honduras, subió de tono al aparecer un policía clase III en retiro, identificado como Dagoberto López Estrada, quien develó interioridades de algunos casos, en particular en la muerte del zar antidroga, lo que llevó a la Fiscalía a acogerlo junto a su familia en el programa de Protección a Testigos. Estrada será clave en el rumbo que tomen las investigaciones del Ministerio Público.
Las reacciones también se reflejaron en al menos tres comisionados generales de policía que estuvieron en la cúpula policial cuando ocurrieron esos crímenes. Ellos salieron a la luz pública para rechazar cualquier participación y decir que están anuentes de ir a los tribunales en caso de ser llamados, tras hacer hincapié en su vocación religiosa y profundo respeto a los derechos humanos.
Estos altos oficiales son los comisionados generales Salomón Escoto Salinas, José Luis Muñoz Licona y Ricardo Ramírez del Cid. En diversos espacios en medios de prensa, ellos dieron su versión y casi al unísono dijeron desconocer su existencia, al aseverar que detrás de esto podría haber una “campaña” para desprestigiar su imagen y la de la institución policial que aseguran hace esfuerzos extraordinarios para depurarse.
Los relatos que hasta ahora han trascendido en los medios, evocan esa serie sobre la vida del capo colombiano Pablo Escobar, considerado “El patrón del mal”, donde la imaginación sobre las formas de operar de las mafias no tenían límites, como lo que parece ha sucedido en Honduras. Los límites y los códigos no existen…se rompieron.
