Tegucigalpa – Tres miembros propietarios y dos suplentes del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial interpusieron esta tarde su renuncia de manera irrevocable ante la secretaría del Congreso Nacional, misma que será conocida la próxima semana en reunión de pleno de magistrados.
– El diputado Edwin Pavón había solicitado juicio político para el pleno de la Judicatura tras los hallazgos de la Mesa de Verificación nombrado por el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta.
– La Mesa de Verificación nombrada por el Poder Judicial inició jueves de esta semana tareas de documentación en una segunda etapa de trabajo.
Los renunciantes son los propietarios Julio César Barahona, Francisco Quiroz y Teodoro Bonilla, además de los suplentes Liliam Maldonado y Celino Aguilera. Todos arguyeron “motivos personales” para interponer sus dimisiones.
¿Qué debe pasar con el Consejo de la Judicatura?
— Proceso Digital (@procesodigital) 5 de marzo de 2016
Las renuncias individuales fueron leídas por el prosecretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien explicó que los cinco concejales demandan retornar a los cargos que desempeñaban cuando fueron juramentados en septiembre de 2013 en el Consejo de la Judicatura.
El diputado Zambrano dijo que el pleno del Legislativo está convocado para el próximo martes a las 3:00 de la tarde y que en el momento que se lea la correspondencia se conocerá cada una de las renuncia de los concejales.
“Creemos que el Congreso aceptará las renuncias”, estimó el prosecretario.
En las últimas horas el diputado de Unificación Democrática (UD), Edwin Pavón, solicitó juicio político para los cinco miembros del Consejo de la Judicatura, pero el escrito iba a ser conocido hasta la próxima semana.
Varias voces parlamentarias se habían pronunciado en iguales términos luego de trascender los hallazgos sobre el despilfarro cometido por los cinco profesionales del derecho en el ejercicio de sus cargos.
El propio presidente de la CSJ, Rolando Argueta, denunció públicamente que uno de los concejales había consumido más de medio millón de lempiras en viáticos en el último año, en tanto otro empleó más de 15 personas en cargos de la carrera judicial.
La avalancha de críticas permaneció durante los 29 meses que estuvieron los concejales en sus cargos, tras ser juramentados en septiembre de 2013 por el Congreso hondureño.
Hallazgos de la Mesa Técnica
Entre los hallazgos del primer informe, la Mesa de Verificación detectó que las actuaciones del Consejo de la Judicatura pusieron en riesgo la administración de sueldos y salarios del Poder Judicial, al ejecutar instrucciones verbales y no con la formalidad y legalidad que este tipo de acciones requieren para efectuar movimientos salariales en la planilla de pago.
Además, se identificaron deficiencias en los procesos de reclutamiento, selección, análisis y clasificación de puestos y salarios, ya que se han realizado acciones que contravienen las normas, procedimientos y políticas que regulan la gestión del talento humano.
Se evidenció la carencia de controles internos en cuanto al pago de horas extras, no apegándose a lo establecido en el Reglamento de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial vigente, tal es el caso que 15 empleados han consumido 854 mil 908.30 lempiras durante el período en verificación.
Luego de la revisión de más de 300 expedientes de personal, se constató que carecen de la documentación soporte que debe ser parte del historial de cada empleado.
Durante el período de agosto 2015 a 11 de febrero de 2016, se contrataron 166 nuevos empleados, de los cuales el 33 % bajo la modalidad de empleados permanentes, 34 % interinos y el 33 % bajo la modalidad de empleados por contrato; el 75% de las nuevas contrataciones devengan el salario mínimo.
Asimismo, se observó que existen servidores judiciales con parentescos dentro del cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad que prestan sus servicios en el Poder Judicial, contraviniendo lo establecido en el Código de Conducta Ética del Servidor Público.
Se identificó a funcionarios y empleados del Poder Judicial que se les otorgó el beneficio del bono navideño que no cumplen funciones de operadores de Justicia involucrados en la lucha contra el crimen en todas sus manifestaciones.
También se constató que existen funcionarios que fueron cancelados haciéndoles efectivas sus prestaciones laborales, y luego contratados incumpliendo lo establecido en el artículo 69 párrafo segundo del Reglamento de la Ley del Consejo de la Judicatura.
Mesa de Verificación inicia tareas de
documentación en segunda etapa
El Presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta Pérez, instruyó a los miembros de la Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones en Administración de Personal iniciar a la brevedad del caso la segunda etapa de revisión de las decisiones en materia de Personal tomadas en la gestión del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
El período sujeto a verificación en esta segunda etapa de trabajo está comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio de 2015. El Presidente de este Poder del Estado ordenó mediante el oficio correspondiente a los profesionales que conforman dicha Mesa Técnica que siguiendo con la dinámica y propósitos fijados, “de manera inmediata continúen con la labor encomendada referente a la verificación de actuaciones en administración de personal” en el período mencionado.
Argueta Pérez facultó a los seis miembros de la mesa para que puedan solicitar la información que consideren pertinentes para el cumplimiento de la función encomendada y se manda que el informe respectivo con los hallazgos y conclusiones junto con la documentación soporte debe entregarse a más tardar el 14 de marzo.
El trabajo de la Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones en Administración de Personal, tiene la misión de indagar si las decisiones de ese período se realizaron en el marco de la Ley, la moralidad y la ética.
