Brasilia – El Parlamento brasileño retoma este martes sus actividades después del receso por las festividades de fin de año con el previsible reinicio del trámite del juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, en el centro de la agenda.
Las gestiones del juicio político, con el que la oposición pretende despojar a Rousseff de su mandato, comenzaron el pasado diciembre en la Cámara de Diputados, pero el Tribunal Supremo ordenó suspender el proceso al detectar «errores de procedimiento».
El presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, presentó hoy una petición formal al Supremo para que aclare las dudas sobre el procedimiento, como paso previo a promover el reinicio de este complejo proceso, que tiene diversas fases y prevé varias votaciones en la Cámara de los Diputados y en el Senado.
El juicio político se fundamenta en unas maniobras contables irregulares que el Gobierno hizo para mejorar sus resultados fiscales en 2014 y que, según fiscales de organismos de contraloría del Estado, continuaron en 2015.
Rousseff no acepta que haya incurrido en irregularidades y considera que las intenciones de la oposición de someterla a un juicio político son una «forma de golpe» y suponen un «atentado» contra la democracia.
Desde que el Tribunal Supremo ordenó el reinicio del trámite parlamentario, el juicio político ha perdido apoyos entre la clase política, hasta el punto de que el propio Cunha, enemigo declarado de Rousseff, admitió que las fuerzas gubernamentales están ahora en un «momento mejor».
Además del juicio político a Rousseff, la Cámara de los Diputados deberá dar curso a un proceso similar dirigido contra su propio presidente, Eduardo Cunha, que es uno de los 50 políticos investigados por el escándalo de corrupción en Petrobras.
En medio de esta profunda crisis política, que a lo largo del año pasado paralizó en varias ocasiones las votaciones, el Parlamento también debe legislar para tratar de poner fin a la recesión económica.
En este aspecto, el Parlamento tiene pendiente el debate sobre la creación de un nuevo impuesto que ha propuesto el Gobierno, una medida impopular con la que pretende recaudar cerca de 10.000 millones de reales (unos 2.500 millones de dólares) para equilibrar los presupuestos.
Además, el legislativo tiene en el tintero una serie de proyectos de ley polémicos, la mayoría de cariz conservador y algunos de los cuales han sido impulsados personalmente por Cunha, diputado de ideología reaccionaria y activo miembro de la bancada evangélica.
Entre ellos figura una ley que tipificará el delito de terrorismo, una iniciativa para bajar la edad penal a los 16 años, un estatuto que define la familia como la unión entre un hombre y una mujer y otra ley que flexibiliza las normas para tercerizar la contratación de empleados.
