Tegucigalpa.- Ocho años después de una primera iniciativa que no prosperó en el hemiciclo, nuevamente la Ley de Archivos es retomada por el Instituto de Acceso a la Información Pública para que sea aprobada en el parlamento hondureño y con ello reforzar el derecho de y a la información pública en Honduras, además de preservar los archivos y evitar que información trascendental del país sea destruida para evitar investigaciones de interés público.
La Ley de Archivos, junto a la Ley de Protección de Datos Personales Confidenciales, son las herramientas legales que configuran el Sistema de Transparencia y Acceso a la Información Pública en un país que avanza en la doctrina del derecho humanitario de libertad de expresión y acceso a la información pública como parte del llamado derecho positivo.
La primera permite resguardar y asegurar información pública de interés, impedir su destrucción innecesaria o su ocultamiento con fines de opacidad, además de proteger archivos históricos vitales para la vida e identidad nacional.
La segunda, busca regular los límites al honor entre lo público, lo privado y lo íntimo, derechos que en el caso del servidor público disminuyen cuando el interés público de conocer un hecho noticioso es mayor que el interés privado, de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia interamericana e internacional.
En el caso de la Ley de Archivos, hace casi ocho años, la entonces diputada liberal y una de las vicepresidentas del Congreso Nacional, Lizzie Flores —ahora embajadora de Honduras ante las Naciones Unidas—introdujo una iniciativa para que el país se pusiera a la altura del avance del derecho positivo y contara con una ley de archivos que evitara el saqueo de los mismos en la Nación.
Su iniciativa fue presentada y turnada a dictamen pero no alcanzó a llegar al primer debate en la cámara legislativa y ha sido tiempo después cuando ha sido retomada por las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que tras una década de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ven la necesidad de contar con esta herramienta en vista que alguna información que debería estar por ley, ya no se encuentra ni en los portales de transparencia ni en los archivos de las instituciones estatales y de la administración pública.
Resguardar para evitar opacidad
Esta inexistencia de información viene a fomentar los niveles de opacidad del país que riñen con la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, sostienen las autoridades de ese órgano contralor responsable de regular y verificar el cumplimiento de la ley.
Algunos de los argumentos expuestos por las autoridades del IAIP destaca que desde el año de 1880 que se creó el Archivo Nacional, este ha funcionado sin mayor apoyo gubernamental y con responsabilidades dispersas que más que un guardián de la información archivística del Estado, parece un órgano de menor importancia sin facultades reales para ejercer esa función tan vital. Estos hechos hacen que exista en el país una especie de fondos documentales fragmentados.
En este sentido, la propuesta de Ley de Archivos, que consta de más de noventa artículos contempla entre sus objetivos, asegurar la adecuada administración y custodia de los archivos que contienen información pública, fortaleciendo el acceso oportuno a la información contenida en los archivos y con ello la rendición de cuentas.
Asimismo, propiciar el acrecentamiento del Patrimonio Documental de la Nación y la investigación a través de su conservación, además de fortalecer el Archivo Nacional de Honduras y la creación y organización del Sistema Nacional de Archivos.
En la llamada clasificación de información pública que contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la más reciente ley de secretos, la custodia de los archivos es fundamental para evitar que cuando se desclasifique información que es de interés público ésta se evapore sin que nadie se haga responsable del delito.
La Ley contempla desde lo que son los archivos institucionales, oficiales, archivos particulares o privados, fondos documentales considerados de patrimonio documental de la Nación, entre otras definiciones que abarcan todo el sistema archivístico con que debe contar el país.
Propuesta potencia Archivo Nacional
La propuesta de ley contempla las nuevas funciones que debe ejercer el Archivo Nacional de Honduras, entre ellas rectorar y regular el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, conservar, adquirir, rescatar, restaurar, reivindicar, respaldar, digitalizar, proteger, clasificar, investigar y divulgar los documentos expurgados mediante las resoluciones de la ley.
Se entiende por expurgo el proceso que permite seleccionar y eliminar previa autorización, aquellos documentos de archivo que habiendo perdido sus otros valores no tienen, si se prevé que tenga, valor histórico. Es también una operación por la que se seccionan los documentos a fin de que solo aquellos que reúnen las mejores condiciones de testimonio e información alcancen la tercera edad, es decir, pasen a los archivos históricos para su conservación perpetua en ellos, como piezas valiosas del Patrimonio Documental.
El Archivo Nacional de Honduras revisará cada cinco años las tarifas por los servicios que preste en el ámbito de esta ley. Si las tarifas no se revisan dentro de ese quinto año se entenderá que las mismas se han confirmado por el Archivo Nacional de Honduras por otro período de cinco años.
La propuesta de Ley de Archivos considera como patrimonio del Archivo Nacional: las asignaciones presupuestarias consignadas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República; los recursos que provengan de los empréstitos que se contraten o de los convenios de cooperación financiera nacional e internacional; las herencias, legados y donaciones que se le concedan, entre otras.
Aseguramiento y archivos presidenciales
Otra de las funciones de este proyecto de ley que espera ser discutido en el parlamento a fines de esta legislatura, según el compromiso de los congresistas, busca también homologar las normas archivísticas entre los tres poderes del Estado y sus respectivas dependencias, así como los entes creados constitucionalmente y las diferentes municipalidades conforme a las resoluciones que emita el Archivo Nacional.
En este sentido, se contempla la figura del llamado “aseguramiento preventivo” que consiste en que los documentos contenidos en el Archivo Nacional de Honduras y la documentación que haya sido sometida al procedimiento de valoración que se encuentre en los entes subsidiarios, debe ser sometida a avalúo y proceder a asegurarse, al menos, contra cualquier causa de destrucción o sustracción no autorizada, hurto o robo.
Para la conservación y mantenimiento de los archivos, las instituciones deberán destinar el uno por ciento de su presupuesto para equipar las condiciones físicas y de equipamiento en que se encontrarán los archivos.
Asimismo, se indica que una vez que los servidores públicos cesen en sus funciones, entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo Nacional de Honduras, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades.
En el caso de los archivos presidenciales, la custodia de los mismos estará bajo el Archivo Nacional y al término de cada mandato, la Presidencia de la República deberá efectuar las transferencias secundarias que conforme a su catálogo de disposición documental procedan. El Archivo Nacional emitirá los lineamientos conforme a los cuales deberá efectuarse la transferencia secundaria prevista.
La nueva ley que entrará en discusión prevé una serie de aspectos tendientes a preservar la custodia de los documentos e información considerada valiosa, así como aquella que producto del cierre o transformación de una institución que pase de un nombre a otro, se encuentre en poder de las autoridades respectivas.
Los documentos de interés serán valorados según las siguientes categorías: histórico, cultural, científica, jurídica, administrativa, fiscal y contable.
La Comisión de Valoración, depuración y expurgo de la información estará a cargo de un representante del IAIP, un representante con especialidad en Historia y/o archivística de la UNAH, un representante con especialidad en derecho administrativo de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernabilidad y Descentralización; un representante del Tribunal Superior de Cuentas y un representante de la institución obligada cuya documentación es objeto de valoración, depuración o expurgo.
El proyecto contempla también los órganos que conforman el Archivo Nacional, cómo será la elección del titular y la conformación de un comité técnico para las acciones de peritaje.
