La crisis provocada por el COVID-19 ha llamado a la reflexión sobre un elemento repetitivo en décadas recientes en nuestro país, un leitmotif sobre la necesidad de acción solidaria.
Un par de ejemplos ilustran el punto. Cuando en 1998 el Huracán Mitch devastó Honduras y se aplicaron los planes de reconstrucción y transformación nacional, el nivel de confianza en las actuaciones de las autoridades permitió canalizar una significativa asistencia internacional. También permitió a la sociedad hondureña, adentro y fuera del territorio nacional, participar en acciones solidarias humanitarias de gran envergadura que contribuyeron a superar esas condiciones adversas. Años después, bajo otras circunstancias, la crisis política de 2009 y su evolución, generó entre otras cosas, un clamor generalizado para una reforma política que se tradujese en condiciones transparentes de ejercicio electoral y de representación popular. En ese campo de solidaridad democrática, todavía existe un déficit que debemos superar con sentido de urgencia frente a los procesos electorales inminentes.
Bajo la crisis provocada por el COVID-19, la respuesta inmediata pasa por equilibrar la protección de la salud con la reapertura económica. No obstante, el denominador común es la responsabilidad del hondureño para evitar el contagio, y su solidaridad cívica, para evitar contagiar a los demás. Si bien la sociedad exige soluciones que apuntan hacia el balance entre salud y la economía, la pandemia exige como solución, que la conducta del hondureño sea responsable y solidaria para con los otros. Ese nivel de conciencia está generalmente ausente. Hay varias razones para ello, como puede ser el carácter arrebatado de algunos, o la falta de confianza de otros en las autoridades. Pero la razón más importante es el nivel educativo y de identificación solidaria con los intereses generales de la Nación. Ese cambio de mentalidad se logrará eventualmente, elevando los niveles académicos del hondureño a todo nivel con elementos de civismo y solidaridad.
Esta es la oportunidad para definir la transformación educativa post COVID-19, con respuestas comprehensivas a los desafíos crónicos y actuales. Se cuenta con valiosas propuestas en materia de educación, por ejemplo, la de la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu (FEREMA), que ha contribuido con diagnósticos de las condiciones educativas en el país. También han estimulado la discusión sobre la transformación de la educación post COVID-19. Estos son aportes significativos que ayudan a identificar las áreas donde concentrar esfuerzos.
También ayudan los ejemplos. En nuestro vecindario, es conocido el éxito que ha tenido Costa Rica con su Plan Nacional de Desarrollo Educativo de la década de los 1950s, diseñado hace setenta años con el apoyo de UNESCO. Desde entonces, pone el énfasis no solo en la primaria creciente de aquella década sino, además, en la secundaria y la educación superior. De igual manera introduce la educación técnica, vocacional y femenina, con una notable inyección de recursos. La consistencia, el financiamiento y la buena estrategia, ha permitido a nuestro vecino ser un referente en esta materia.
No cabe duda que el futuro de Honduras descansa en su gente. Por eso, la inversión en educación es fundamental para que, esa visión de país que tenemos, no quede en espejismo. Es oportuno aprovechar las propuestas que ya han adelantado el camino. Los planes de desarrollo que se han esgrimido a lo largo de muchos años y el bienestar general de nuestra población, pasan por la educación inteligente, moral, cívica y solidaria, con miras al desarrollo de la persona, de la familia, y de la Nación.
