Tegucigalpa – Honduras espera ansiosa este lunes para conocer si sus cerca de 57 mil compatriotas que gozan del beneficio del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) continuarán o no bajo ese marco jurídico protector, aunque las vísperas noticiosas no son tan alentadoras.
– Autoridades hondureñas han hecho sistemáticas gestiones para lograr la prolongación de TPS pero de no lograrlo dicen estar preparadas para crear aquí oportunidades de emprendedurismo.
Se prevé que este lunes, Washington comunicará a la Casa Presidencial de Honduras si los llamados “tepesianos” recibirán una prolongación para permanecer en los Estados Unidos de forma regular.
Oficialmente el domingo terminó el plazo para que el gobierno de Estados Unidos informe a su par de Honduras si continuará dando el beneficio de la protección temporal o no a los migrantes que se acogieron a dicha iniciativa desde 1999, cuando la entonces administración de Bill Clinton decidió dar dicha garantía a los ciudadanos hondureños y nicaragüenses, cuyas naciones habían sido abatidas en 1998 por el huracán Mitch.
¿Cree que renovará el gobierno estadounidense el TPS a los hondureños?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 6 de noviembre de 2017
Desde 1999 varias administraciones, la propia de Clinton, la de George Bush hijo y la de Barack Obama, continuaron extendiendo el beneficio para los ciudadanos de las dos naciones e incluso se extendió a salvadoreños y haitianos, cuyos países fueron víctimas de huracanes, hasta conformar hoy una población de más de 300 mil ciudadanos que gozan del TPS.
Debido a que la actual vigencia del TPS caduca el 5 de enero, la legislación norteamericana concede a la administración vigente 60 días para que anuncie si extenderá o no el estatus de protección.
El TPS permite a los ciudadanos de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Haití residir en Estados Unidos con un permiso especial que les permite trabajar, aunque no están autorizados a abandonar el país, de lo contrario pierden el beneficio.
Tensa espera
Los hondureños acogidos al TPS y sus familiares, las autoridades gubernamentales y los activistas proinmigrantes se encuentran en tensa espera para conocer la decisión final que tome la administración del presidente estadounidense Donald Trump, ya que el actual permiso caduca el 5 de enero de 2018.
Aunque Trump llegó a la Casa Blanca con una clara agenda anti inmigrante, los gobiernos de los tres países centroamericanos tienen la esperanza que la decisión pueda ser positiva.
Pero la víspera no parece ser esperanzadora, ya que el pasado viernes el diario estadounidense The Washington Post informó que el secretario de Estado, Rex Tillerson, recomendó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que no se extienda el beneficio del TPS a los tres países centroamericanos y a Haití.
El reporte del diario estadounidense cayó como un balde de agua fría para los hondureños y sus familias, así como para el gobierno y los activistas promigrantes.
El diario señalaba que Tillerson señalaba que ya no existen las condiciones en Honduras, Nicaragua y El Salvador, así como en Haití, mediante el cual se les otorgaron el beneficio de la protección temporal, al no haber ya desastres naturales.
la misión integrada por Marlon Tábora (embajador de Honduras en Estados Unidos); María Dolores Agüero y Andrea Matamoros (canciller y vicecanciller, respectivamente)
La canciller hondureña María Dolores Agüero tuvo que salir al paso señalando que no se ha tenido “comunicación oficial” de Washington, ya que se utilizan los canales diplomáticos normales, esto es la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, por lo tanto llamó a no especular.
Pero la canciller Agüero sí admitió que parte del proceso para extender el beneficio es que el Departamento de Estado brinda una recomendación al Departamento de Seguridad (Homeland Security DHS), instancia que al final toma la decisión.
Igual posición asumió el activista proinmigrante Francisco Portillo quien dijo que “no hay que especular y saber esperar” la decisión de Washington sobre el tema del TPS.
Portillo, que lidera la organización promigrante hondureña Francisco Morazán, con base en Miami, se mostró esperanzador al señalar que Estados Unidos no va a “cancelar de un solo el programa, por lo menos tienen que dar seis meses”.
Previamente a los ciudadanos haitianos que se encontraban bajo el TPS, el gobierno estadounidense les otorgó una prórroga de solo seis meses.
Tras el vencimiento a hondureños y nicaragüenses, los siguientes serán los salvadoreños, ya que el actual TPS vence en marzo del 2018.
El líder hondureño Francisco Portillo, de la organización Hondureña Francisco Morazán con sede en Miami, Florida.
Efectos
El gobierno hondureño dijo que, aunque espera una renovación del estatus de protección, se encuentra preparado para recibir a los miles de compatriotas que podrían ser deportados o decidan dejar el país estadounidense por voluntad propia.
Pero ya los responsables económicos se adelantaron al estimar que las remesas que se dejarían de percibir llegarían a más de 200 millones de dólares.
Otros activistas indicaron que el desempleo se incrementaría, ya que el país no puede generar todos los puestos de trabajo.
Por su lado el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) dijo que aunque la administración Trump decida no renovar el TPS, el gobierno norteamericano no tiene la capacidad para deportar a todos los hondureños que se encuentran protegidos bajo ese mecanismo.
«Soñadores» pidieron renovar DACA tras su fin
Cronología de medidas antiinmigrantes 22 mayo – La comunidad haitiana recibió con sabor agridulce la decisión del gobierno de Donald Trump de extenderles el beneficio del TPS a 58 mil miembros de su comunidad solamente por seis meses. La medida significó un alivio de la no prórroga, pero el tiempo de solo seis meses indica que se encuentran ya con una fecha tope en que el beneficio caducará y sus beneficiarios se enfrentan al dilema de la deportación o pasar a condición de inmigrante indocumentado. 15 junio – La administración Trump, por medio del DHS, rescindió el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) que protegía de la deportación a padres indocumentados con hijos con ciudadanía estadounidense o residencia permanente. La DAPA fue promulgada desde el 2014 por el entonces presidente Barack Obama pero se encontraba bloqueada por litigios judiciales y el gobiernod e Trump optó por no continuar litigando en los tribunales contra los estados que apelaron la iniciativa del exmandatario demócrata. 5 septiembre – El gobierno de Estados Unidos, bajo el mando del presidente Donald Trump, puso fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y conocido popularmente como los “dreamers” o soñadores que protegía de la deportación a más de 700 mil jóvenes que fueron llevados a suelo norteamericano por sus padres a edades muy tempranas. Pero la decisión de Trump entrará en vigencia hasta el 5 de marzo 2018, con lo cual concedió seis meses para que el Congreso legisle una ley que proteja definitivamente a este grupo particular de migrantes. El DACA fue creado el 15 de junio del 2012 por el exgobernante Barack Obama. |
