Guatemala – Una ola de rechazo general se levantó en Guatemala y la comunidad internacional a la decisión del presidente de este país, Jimmy Morales, de ordenar la expulsión del jefe del organismo anticorrupción CICIG, el colombiano Iván Velásquez.
Con ello, Morales elevó alto la apuesta política que había comenzado a mediados de la semana pasada cuando circularon informes en los pasillos gubernamentales y políticos que el mandatario pediría al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, la salida de Velásquez como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Pero en el encuentrodel viernes anterior entre Morales y Guterres en la sede central de la ONU en Nueva York no se planteó formalmente la salida de Velásquez, el temido investigador que tiene a la clase política y empresarial, vinculada con el crimen organizado, contra las cuerdas.
Pero la pausa apenas duró un día, ya que el domingo, mientras la mayoría todavía dormía, Morales anunció su decisión de declararlo “non grato” y ordenó su salida inmediata del país.
Pero el anuncio no venía solo, ya que fue acompañado casi inmediatamente de la destitución del canciller Carlos Raúl Morales, así como del vicecanciller Carlos Ramiro Martínez, y el nombramiento de Sandra Jovel como nueva responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Horas después, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala votó en forma dividida a favor de otorgar amparo a las garantías de Velásquez y dejar sin validez la decisión del presidente Morales de expulsarlo del país.
Pero Morales volvió a hablar por segunda ocasión el domingo y reiterar su decisión de expulsar a Velásquez indicando que el comisionado de la CICIG «se excedió» en sus facultades al presionar al Congreso y a los jueces a través de los medios de comunicación.
Igualmente el gobernante guatemalteco apeló a la soberanía e independencia de su país y mantuvo su decisión de declarar persona “non grata” al abogado colombiano, un acto, dijo, «de lealtad a la patria» ante las presiones «ilegítimas, ilegales e inconstitucionales» que habría cometido Velásquez.
«Confirmo mi decisión plena de declarar persona ‘non grata’ a Velásquez en su calidad de comisionado de la CICIGG», dijo Morales, quien aseguró que «ningún tribunal nacional» puede ingerir en sus decisiones de política exterior”.
Rechazo general
Pero el mandatario guatemalteco al parecer se ha quedado solo en su decisión, ya que un coro al unísono ha salido en defensa del jefe de la comisión contra la impunidad, la cual está adscrita a la ONU.
Las propias Naciones Unidas fueron las primeras en pedir un trato digno a su jefe en Guatemala, según un comunicado emitido por el secretario general Guterres.
El gobierno estadounidense igualmente salió en defensa del trabajo de Velásquez, ya que a través del Departamento de Estado dijo estar “profundamente preocupado” por la decisión de Morales de expulsarlo del país.
«La Cicig ha jugado y debe seguir jugando un importante papel en el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas y en el derribo de la corrupción que socava la seguridad y la prosperidad en Guatemala», añadió la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
Mientras la cúpula empresarial señaló que la lucha contra la corrupción “no es negociable” y llamó a la unidad nacional.
«Hoy y siempre lo más importante debe ser el país y su futuro. La lucha contra la corrupción es una prioridad no negociable», dice el pronunciamiento del Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
«Este debe ser un momento de unidad, donde las decisiones deben tomarse con prudencia, alejadas de medidas de hecho, en las que la tranquilidad y la calma deben prevalecer», expresan los empresarios.
Mientras la influyente Iglesia Católica por medio de su Conferencia Episcopal manifestó “su pesar por la intempestiva y, muy seguramente, injustificada expulsión del comisionado Velásquez del país”.
Asimismo, el comunicado de los obispos señaló su “convicción de que la lucha contra la corrupción y contra la impunidad constituye una necesidad impostergable y una tarea urgente” para el Estado guatemalteco.
Igualmente se manifestaron varios organismos civiles de Guatemala y del extranjero, así como los embajadores de la Unión Europea acreditados en Guatemala.
Concentraciones
Mientras miles de personas se concentraron en la plaza mayor de Guatemala exigiendo la renuncia del presidente Morales y respaldando al jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez.
Los manifestantes señalan que no abandonarán la plaza hasta la salida del poder de Morales, tal como lo hicieron el 2015 cuando Velásquez al frente de la CICIG y la fiscal general Thelma Aldana forzaron la renuncia del anterior presidente Otto Pérez Molina, tras divulgar el caso de La Línea, un escándalo de corrupción en las aduanas del país.
Otro grupo de seguidores del presidente Morales también se ha dirigido a las vías públicas para apoyar al vigente mandatario guatemalteco y confrontar a los que exigen su renuncia y respaldan a la CICIG.
Mientras la Policía Nacional Civil de Guatemala ordenó “reconcentrar” a sus efectivos de las fuerzas especiales, suspendiendo los descansos y vacaciones de sus elementos.
