Guatemala – Los líderes de las instituciones guatemaltecas pidieron al presidente Jimmy Morales que acepte una mediación para resolver el conflicto generado con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tras ordenar el domingo la expulsión del ente externo, el colombiano Iván Velásquez.
– Clase política pide que acepte mediación de la ONU y dialogue con el jefe de la CICIG, Iván Velásquez.
El gobernante Morales se ve cada vez más aislado, ya que los responsables de diferentes instituciones no lo han respaldado abiertamente, muchos manifiestan su apoyo a la CICIG y la mayoría le reclama que acate la decisión de la Corte Constitucional que ordeno suspender la expulsión de Velásquez.
La comunidad internacional ha cerrado filas en torno a Velásquez, el jefe de la CICIG que ya retiro del poder al exmandatario Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes se vieron obligados a renunciar tras el escándalo revelado conocido como La Línea y que después fueron enjuiciados por la Fiscalía y están en prisión.
Mientras desde la Presidencia se estudia las vías jurídicas para concretar la expulsión de Velásquez de Guatemala.
Curiosamente el escaso apoyo recibido por Morales viene de afuera y procedente del vecino país de El Salvador, que por medio su vicepresidente Oscar Ortiz, pidió “respetar la voluntad popular”; no creo que alguien tenga más representación que un electo”.
El presidente de Guatemala Jimmy Morales y el jefe de la CICIG Iván Velásquez. Foto: EFE
Mediación
El presidente del Congreso guatemalteco, Oscar Chinchilla, pidió al gobernante Morales que solicite la mediación de la ONU en el conflicto que mantiene con Velásquez, ya que dijo es la única alternativa para evitar una crisis política que conduzca a una crisis económica.
Aunque la CICIG es una dependencia adscrita a las Naciones Unidas y el secretario general del organismo mundial Antonio Guterres, ya expresó su apoyo al trabajo de la CICIG y de su jefe Iván Velásquez.
Igualmente el presidente del poder legislativo guatemalteco ha recordado que ha «apoyado a la CICIG y al Ministerio Público en la lucha por la transparencia», pero rehusó comentar si recibió presiones de la CICIG cuando impulsaban reformas constitucionales, como denunció el presidente Morales y que es una de las causas por las que decidió expulsar a Velásquez.
Por su lado la fiscal general Thelma Aldana pidió a Morales que se reúna con Velásquez para solventar la situación, a fin de conocer el “malestar” del mandatario.
«Creería prudente que tuviéramos una reunión con el presidente para que nos exprese cuál es el malestar, para que si hay aspectos que debemos corregir se hará y aclararle al presidente nuestras funciones y en qué nos hemos basado en nuestras investigaciones», señaló Aldana a la prensa.
La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana. Foto: EFE
Velásquez y Aldana promovieron el viernes anterior que Morales fuera desaforado a fin de enjuiciarlo porque lo consideran responsable del delito de financiamiento electoral ilícito durante su campaña presidencial del 2015.
La fiscal Aldana pide básicamente que Morales de marcha atrás en su decisión de expulsar a Velásquez de Guatemala.
La jefa del Ministerio Público dijo que revelar los casos de financiación electoral ilícita es atacar el “corazón de la corrupción” guatemalteca.
«No deberíamos desviar nuestra atención (…). Hay que luchar porque nuestros partidos sean transparentes», dijo la fiscal a la prensa en una conferencia en la que volvió a mostrar su apoyo al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, declarado «non grato» por el Gobierno.
Aldana recordaba con este argumento las palabras del comisionado en las que advertía que «la financiación electoral ilícita es el pecado original de la democracia guatemalteca», la puerta de entrada a «ese círculo vicioso de la corrupción, que ya no es el bien común, sino los intereses sectoriales y la perpetuación de la vieja clase política en el ejercicio del poder».
La canciller Sandra Jovel a su llegada al juzgado sexto para la audiencia de apertura a juicio en un caso de adopción ilegal. (Foto Prensa Libre)
Mientras ocho funcionarios de su gabinete han renunciado por la decisión tomada en el caso de Velásquez. La canciller que había designado, Sandra Jovel, enfrenta acusaciones por irregularidades en procesos de adopciones y justamente este lunes debía responder ante la justicia por los cargos imputados.
Amparos y desafueros
El presidente Morales ha sido acusado en la justicia por varios recursos que piden la pérdida de su fuero a fin que pueda enfrentar juicios, así como amparos en contra de sus medidas ejecutivas.
La Corte de Constitucionalidad informó que al menos tiene cuatro peticiones para que le sea retirada la inmunidad a Morales y cuatro amparos contra su decisión de sacar del país al jefe de la CICIG.
El presidente del Congreso, que es la instancia que finalmente decidirá si es enjuiciado o no el mandatario, dijo que todavía no han recibido la petición de parte de la Corte Suprema de Justicia.
El único apoyo con el que parece contar Morales es del vicepresidente salvadoreño quien dijo que el gobernante fue electo por el voto popular.
“no creo que alguien tenga más representación que un electo», porque «los máximos representantes de los ciudadanos son esas personas que salieron electas, que fueron a una campaña, que hablaron con la gente, que se ganaron la confianza del pueblo», señaló Ortiz en conferencia de prensa.
Ortiz acotó que Morales y su vicepresidente, Jafeth Cabrera, «están haciendo su labor como mandato constitucional» y «esperamos que la constitucionalidad de un país se respete”.
