Tegucigalpa– “El éxito de las investigaciones del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), es un factor determinante para revertir la impunidad que históricamente ha arropado a los policías corruptos en el país”, manifestó este martes el miembro de la Comisión Especial para el Proceso de Transformación y Depuración de la Policía Nacional, Omar Rivera.
Rivera recordó que esa comisión entregó en agosto de 2016, 144 casos y denuncias que vinculan a 455 oficiales y agentes de escala básica en la comisión de 28 presuntos delitos.
Igualmente, en los últimos años, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), remitió al TSC más de 30 casos de incongruencia patrimonial y de supuesto enriquecimiento ilícito de integrantes y exmiembros de diferentes organismos policiales.
“Pese a que ya ha pasado mucho tiempo y los avances que se han hecho públicos son pocos, nosotros –en la Comisión Especial para la Depuración Policial- confiamos en la voluntad política de los nuevos magistrados del TSC, en el Fiscal General del Estado, y sobre todo en las capacidades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y las fiscalías especiales, y la unidad ad-hoc nombrada a efecto de dar persecución penal a los policías denunciados”, arguyó Rivera.
El también dirigente de la sociedad civil, recordó que hasta hace pocos años, “solamente los policías investigaban” en el país; “eran policías que investigaban policías y mucha de las evidencias fueron manipuladas”, en ese sentido, la Fiscalía ha tenido que volver a empezar de cero, únicamente tomando de punto de inicio los insumos suministrados por la comisión especial y denuncias de ciudadanos», acotó.
“Todos estamos desesperados, todos estamos inquietos, todos queremos que esos que transgredieron la ley sean investigados rigurosamente, juzgados de forma expedita y castigados de forma ejemplar”, señaló.
Recomendó que las autoridades, también amplíen las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito al delito de lavado de activos.
“Lo ideal es que la ATIC intervenga e investigue a estos los expolicías por el incremento ilegal de su patrimonio en relación directo a actividades ilícitas como narcotráfico; se les debe investigar por lavado de activos y -si aplica- proceder a realizar los aseguramiento de bienes pertinentes”, apuntó.
