Recientemente fuimos golpeados por dos fenómenos naturales que provocaron graves inundaciones, particularmente en el Valle de Sula, que cobraron la vida de muchos de nuestros compatriotas y que destruyeron mucha infraestructura y viviendas. Ha sido una terrible y dolorosa experiencia que demanda que tomemos las medidas apropiadas para evitar, o al menos mitigar, el daño que causaría su repetición. Lo que indica la lógica es que antes de proceder a invertir en costosas obras, estudiemos el problema e identifiquemos la solución de mínimo costo. En este caso, el propósito es claro. Evitar, y si eso no es posible por su elevado costo, minimizar el impacto en el Valle de Sula. Para esto seguramente habrá varias alternativas y lógicamente deberíamos seleccionar la menos costosa, es decir, la de mínimo costo. Lamentablemente, hay ya presiones de grupos interesados en que se comience a construir cuanta presa se pueda, sin saber si esa es la solución de mínimo costo. Pero permítanme explicarme mejor.
Un proyecto de control de inundaciones típicamente incluye algunas presas, como también canales y bordos y otras obras de ingeniería civil. Conociendo la ubicación de los asentamientos humanos, de los cultivos y fábricas y de la infraestructura vial y aeroportuaria, los expertos identifican las diferentes soluciones que producen los mismos beneficios hasta encontrar la que tiene el costo más bajo. Allí se identifican las obras a construir y se procede a su construcción mediante licitación pública internacional. Ya la experiencia nos enseña lo que ocurre cuando se prescinde de una licitación pública internacional. Ya hemos pagado esto caro en los contratos de energía fotovoltaica, en el caso de EEH y de Patuca III. Seguramente habrá presión de grupos interesados para que se recurra a un proceso opaco y se obvie la licitación, promulgando un decreto de emergencia. Ojalá que eso no ocurra. La opacidad conduce a contratos leoninos y fomenta la corrupción. Claramente que no es esto lo que necesitamos.
En un estudio de control de inundaciones también se define cuál es el fenómeno que deseamos controlar. Es decir, ¿pretendemos controlar una crecida con un período de retorno de cincuenta años (lo que equivale a una probabilidad de ocurrencia de un dos por ciento), o de cien o doscientos años? Entre más alto el período de retorno, más altas serán la inversiones necesarias para hacer frente a la crecida. Corresponde a los expertos contratados para el estudio proponer cuál es el período de retorno que el país debe escoger. Claramente que entre más alto resulte el impacto de la crecida, más alto será el período de retorno aceptable para la economía. Si procedemos a la construcción de presas sin contar con el referido estudio, ni siquiera sabremos para qué crecida nos estamos protegiendo.
A mi entender en nuestro país no contamos con un estudio de control de inundaciones, por lo menos no con uno que haya sido elaborado en este siglo. Claramente que este tipo de estudio, si existiera, debe ser actualizado para tomar en cuenta los cambios registrados en la zona, la construcción de obras que contribuyen al control de inundaciones, como el caso de El Cajón, y la magnitud de las crecidas que nos han afectado. Los proyectos hidroeléctricos construidos por el sector privado usualmente no contribuyen al control de inundaciones porque casi todos son diseñados como obras a filo de agua, es decir, no cuentan con embalses que les permitan controlar el caudal del río. Esto es así porque los proyectos privados buscan reducir la inversión y así incrementar el retorno al inversionista. En estos casos priva el interés particular sobre el interés colectivo. En nuestro caso, los únicos proyectos que todavía están en manos del Estado, que son relativamente grandes y que podrían impactar el Valle de Sula, son El Tablón, Jicatuyo y Los Llanitos. De estos, solamente El Tablón fue identificado como un proyecto de control de inundaciones y, según me recuerda don Alberto Díaz Lobo (quien manejó la Comisión del Valle de Sula en la Administración Maduro), debería contar con documentos de licitación ya que en esa misma Administración se contrató a una firma canadiense para preparar esos documentos. Por otro lado, El Tablón es el único proyecto en el río Chamelecón y si fuera necesario iniciar alguna obra antes de contar con un estudio de control de inundaciones, es el único proyecto que podría licitarse. Si la memoria no me falla, por lo menos uno de los dos, o ambos, Jicatuyo y Los Llanitos, fueron entregados por la Administración Zelaya, de manera opaca y sin licitación y sin diseño, al tristemente célebre grupo Odebrecht, pero, para suerte nuestra, dicho grupo nunca inició la construcción, lo cual me hace pensar que el Estado puede recuperar esos proyectos y, suponiendo que forman parte del plan de mínimo costo para el control de inundaciones, proceder a su diseño y a su licitación pública e internacional.
El financiamiento de las obras para controlar las inundaciones es harto complicado. Típicamente se recurre a impuesto al incremento en el valor de la tierra rescatada. Claramente, una misma parcela vale más si no es inundable gracias a las obras construidas por el Estado. No obstante, muchos empresarios rechazan este impuesto a pesar del claro beneficio que les brindan las obras construidas para controlar las inundaciones. En un estudio de control de inundaciones se debería solicitar a los expertos que propongan cómo el Estado podrá recuperar las inversiones que hizo para controlar las inundaciones. En el peor de los casos, el Estado deberá proceder con la construcción de las obras a pesar de que las perspectivas de recuperar la inversión sean remotas. La alternativa, hacer nada, es peor para todos.
Esperemos, pues, que las autoridades busquen el apoyo de los organismos financieros internacionales, OFIs, para preparar un estudio para el control de inundaciones en el Valle de Sula, que permita identificar la alternativa de mínimo costo. Con base en ese estudio, los OFIs podrán luego apoyar el financiamiento de las obras identificadas. No permitamos que nuestra desgracia sirva para favorecer a grupos económicamente poderosos o para promover la corrupción. Evitemos que además de inundados seamos apresados por quienes buscan llevar agua a sus molinos. Ya hemos sufrido suficientes males como para agregar uno más.
