San Pedro Sula – Un duro golpe a estructuras criminales dedicada al tráfico de droga y lavado de activos, además de secuestros de documentos por actos de corrupción en adjudicación de contratos y compras de medicinas, es el objetivo de la operación Tormenta de Fuego VI que encabeza el Ministerio Público este miércoles a nivel nacional.
– Se están asegurando 24 bienes inmuebles entre hoteles, bares, residencias, centros nocturnos y casas de empeño a una estructura ligada a Los Cachiros.
Las acciones encaminadas a combatir bandas criminales ligadas a los carteles de las drogas en la zona atlántica de Honduras, específicamente una estructura conocida como “Los Peludos”, cuyos integrantes están ligados a la familia Rivera Maradiaga (Los Cachiros) en el departamento de Colón.
A este grupo se le están asegurando 24 bienes inmuebles entre hoteles, bares, residencias, centros nocturnos y casas de empeño y se están ejecutando varias órdenes de captura acusándoseles por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
De acuerdo a las investigaciones, cuando los hermanos Rivera Maradiaga se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, varios miembros de esta organización quedaron con el control del tráfico de drogas y de muchas de las autoridades en el departamento.
Tormenta de Fuego VI también lleva a cabo a nivel nacional el secuestro de documentos en hospitales públicos, alcaldías y otras oficinas del Estado por suponer que existen irregularidades en la compra de medicamentos y la adjudicación de algunos proyectos de obras públicas e infraestructura por parte de empresas vinculadas a la criminalidad organizada, además se dará prioridad a denuncias hechas por delitos contra la salud, específicamente en la emisión de registros sanitarios de medicamentos para pacientes con cáncer.
En un esfuerzo conjunto todas las fiscalías a nivel nacional serán parte de esta operación en favor del pueblo hondureño, asevera el Ministerio Público a través de un boletín.
En su sexta etapa se ejecutan acciones encaminadas a realizar una serie de inspecciones en centros especiales, postas policiales, centros penales y asilos de ancianos, donde se determinará el trato que se le da al ciudadano.
En delitos relacionados a la niñez se ejecutarán órdenes de captura contra victimarios y se emitirán seis requerimientos fiscales por la sección de trata y delitos sexuales.
Para proteger y cuidar la salud de la población, la Fiscalía Especial del Consumidor junto a la Secretaría de Salud Pública continuará con sus inspecciones en restaurantes y supermercados.
Por su parte, la Fiscalía de la Mujer hará varios operativos para desmantelar redes criminales dedicadas a la trata de personas, explotación sexual comercial y proxenetismo, mientras que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida ejecuta allanamientos y órdenes de captura contra miembros de maras y pandillas.
Otra de las actividades a desarrollar será la inspección de pasos fronterizos y depósitos fiscales con el fin de llevar a cabo diligencias investigativas por contrabando.
También la Fiscalía Especial del Medio Ambiente hará controles en carreteras para detectar delitos forestales a lo que se suma la Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural quienes realizarán una serie de acciones a favor de los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños por lo que se secuestrarán documentos en alcaldías y empresas constructoras.
En cuanto a la labor social dentro de la operación, se cuenta con orientación, asistencia jurídica y se recibirán denuncias en sectores vulnerables, esto con la ayuda también de jueces y la defensa pública, todo con el fin de acercar los servicios del sistema de justicia penal a la comunidad. De igual forma se darán charlas y conferencias sobre protección a la niñez, adulto mayor y mujer.
Todas las acciones a nivel nacional se realizan bajo la coordinación de las fiscales regionales, Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), fiscalías especiales, Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y Operaciones Especiales del Ministerio Público.
Asimismo, la operación se realiza con el apoyo a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), Comando de Operaciones Especiales Cobras, Instituto de Conservación Forestal (ICF), Ministerio de Salud, equipos municipales y el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
«Queremos reiterar que con estas operaciones la Fiscalía General demuestra su compromiso con todo el pueblo hondureño de hacer el mejor esfuerzo con el fin de deducir responsabilidad a aquellos que actúan al margen de la ley, por lo que se insta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades correspondientes», señala el escrito.
En San Pedro Sula, ya se realiza un operativo de alto impacto en pasajes del populoso barrio Cabañas, donde las fuerzas del orden tienen rodeado un edificio de apartamentos.
Lo mismo ocurre en la zona sur, en la capital de la República y en las regiones oriental y occidental así como en Roatán en el archipiélago de Islas de la Bahía.
