Tegucigalpa – Decenas de alcaldes en México y Centroamérica han mutado la tradicional imagen de respetables y ejemplares funcionarios locales para figurar en un borrascoso escenario que les coloca, en muchos casos, como lavadores de activos, jefes de grupos criminales y hasta en vínculos con pandillas, además de aparecer como protagonistas en actos de corrupción pública.
Vale remarcar que no es la generalidad de los alcaldes, pero, cada vez son más los ediles envueltos en actos impropios, delincuenciales y, por ende, la mala fama se propaga en el continente, especialmente en el Triángulo Norte centroamericano y en México.
“El alcalde que robó poquito”
En tierras aztecas, las historias lindan con los escritos de realismo mágico que nadie mejor que Gabriel García Márquez para relatar.
Un ícono de la desfachatez en México la marca el alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, conocido como “Layin” o “el alcalde que robo poquito”.
Sin ambages, este hombre subió a sus redes un video que lo muestra, por ejemplo, arrojando a lo alto, un fajo de billetes, para regalarle dinero a gente que se acercó a saludarlo.
La prensa mexicana cuenta que ver a “Layin” lanzar dinero al cielo, para que la gente lo recoja, es algo usual en el quehacer de este primer ciudadano de San Blas.
Sus historias se remontan a 2014, cuando se postulaba para la alcaldía de San Blas, no tuvo tapujos para confesar que durante su cargo anterior, él robó dinero público. “¡Si le robé a la presidencia! ¡Si, si le robé, si le robé, si le robé!, pero poquito porque estaba bien pobre. Nomás una rasuradita, una rasuradita…” confesó en aquel momento ante la estupefacción pública.
En mayo de 2015, el alcalde “Layin” fue filmado mientras besaba y toqueteaba a una jovencita que sacó a bailar en una festividad.
Sus despilfarros le han llevado a obsequiar abiertamente desproporcionadas cantidades de cerveza para celebrar su cumpleaños o regalar, de cara a sus aspiraciones para la gubernatura en este 2017, botellas de tequila etiquetadas como un obsequio de “el amigo de todos”.
“Layin”, para citar otro de sus espectáculos, acudió al cumpleaños más mediático y viral de una quinceañera en México, el de Rubí Ibarra, con quien bailó y a quien le regaló un automóvil con un rótulo en el cristal delantero en el que se leía: “Rubí para que vayas a la escuela”. El alcalde aprovechó para invitar a los asistentes a la fiesta de la quinceañera a su cumpleaños en el que anunció la presencia de artistas como Maribel Guardia, La Banda Limón y Julión Álvarez.
El Caso de “Layin” retrata el cinismo, la espectacularidad y la impunidad, que mezclan la política con el poder público, pero más allá de él, en México los escándalos que envuelven a alcaldes y gobernadores con el crimen organizado o la corrupción de gran escala, son, por mucho, de mayores proporciones.
Guatemala: corrupción y crímenes
En los últimos tres años, al menos un centenar de alcaldes en Guatemala han sido vinculados a hechos al margen de la ley. El tema, aunque ha tenido exposición pública, ha quedado disminuido al par de los eventos de corrupción y redes del crimen que han involucrado a las primeras figuras de esa nación y que tienen en prisión al expresidente, Otto Pérez, a la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, ex ministros y actualmente a parientes del actual dignatario.
Reportes de la prensa chapina indican que un informe de la Contraloría General de Cuentas, dejó al descubierto que “Los indicios de corrupción y mal manejo de los recursos en 149 de 200 municipalidades auditadas asciende a Q284 millones 872 mil 875.96 (quetzales), representados en 87 denuncias penales contra ex jefes ediles y sus concejos, quienes ejercieron el poder del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 -último año de administración-, y 28 formulaciones de cargos.
Pero lo que causa escalofrió en Guatemala son los asesinatos de los alcaldes, un hecho que no para este 2017 y que analistas y medios de este país, no dejan de vincular con lo que llaman “líneas oscuras”. Por lo menos cinco alcaldes han sido atacados violentamente este año en el país.
El primer día de este febrero se reportó el asesinato del alcalde de la ciudad Rabinal, Ángel Amado Pérez Xitumul, junto a su concejal III Eldin Gómez de Paz. El doble crimen se cometió en la aldea Piedra Cal de esa jurisdicción.
Los funcionarios locales fueron atacados por sicarios cuando viajaban a la capital chapina. El alcalde murió cuando era traslado al hospital.
A finales de este enero, por ejemplo, se confirmó el asesinato del alcalde de Samayac, en la suroriental región de Suchitepéquez, Valeriano Rodríguez. En los últimos tres meses es el segundo hecho de ese tipo.
La fiscal Thelma Aldana dijo que analizan el hecho para llegar al fondo del caso.
Antes fue asesinado otro alcalde, el de La Libertad, Huehuetenango, Carlos Aguirre. Este crimen ocurrió en territorio limítrofe con México (La Mesilla), y según reportes, los responsables fueron un grupo de hombres con armas poderosas que dispararon dejando en el área más de un centenar de casquillos.
Otros hechos ocurridos el año anterior, dan cuenta de varios atentados contra alcaldes que en este país encabezan los gobiernos de 338 municipios. También concejales han sido asesinados aquí.
El Salvador: Los alcaldes y
sus vínculos con las pandillas
Mientras que, en El Salvador, la fiscalía no quita el dedo del renglón a los casos de alcaldes involucrados en corrupción y crimen organizado.
Un caso impactante es el del exalcalde de Apopa, José Elías Hernández, señalado de usar su puesto para favorecer a pandilleros, tanto de la MS 13 como a una facción del Barrio 18 a cambio de favores en política.
Apopa es una localidad aledaña a San Salvador y su alcalde fue capturado los primeros días de junio de 2016, pero fue el 18 de este enero del 2017 que compareció a un tribunal para responder por unas piezas arqueológicas que se encontraban en su despacho.
El ex edil enfrenta cargo por sus presuntos ligues con las pandillas en otros tribunales de El Salvador, por ello se le acusa de homicidio agravado, agrupaciones ilícitas y amenazas con agravación especial. Hernández fue sobreseído de los cargos de violencia contra la mujer, ya que las presuntas víctimas retiraron sus denuncias.
Tras ser capturado por las fuerzas de seguridad en cumplimiento de una orden de la fiscalía salvadoreña, la alcaldía de Apopa fue allanada y durante esa acción se detuvieron 16 empleados municipales.
Los casos de los alcaldes salvadoreños también abundan. No son pocos los vinculados a presunta corrupción, como el del alcalde de San Antonio Masahuat, La Paz, Armando Vásquez, a quien la fiscalía le imputa de supuestamente utilizar dinero de un fondo especial para el desarrollo económico y social de las municipalidades para pagar un préstamo personal, así como tarjetas de crédito. Otros funcionarios edilicios están bajo investigación en este caso.
Honduras: alcaldes bajo la mira de la ley
No es menor lo que ocurre en Honduras, donde alcaldes han sido señalados por ligues con el crimen en diversas formas, desde los casos de los que son vinculados con acciones pandilleriles, lavado de activos, narcoactividad y actos de corrupción.
Actualmente, son varios alcaldes los que enfrentan procesos formales en los tribunales de justicia y muchos de ellos están en prisión.
A mediados de 2016, solo un ente contralor del Estado, realizó, en los primeros ocho meses de 2016 una treintena de auditorías, de las cuales surgieron responsabilidades civiles, penales y administrativas.
El perjuicio ocasionado al Estado y reflejado solo de esas 30 auditorías se valoró en cerca de 100 millones de lempiras. En 29 de las corporaciones había responsabilidad penal, según el informe.
Por lo menos 11 informes se han remitido al Ministerio Público de este bloque, indican fuentes que trabajaron en las investigaciones. Asimismo, el Consejo Nacional Anticorrupción también hace lo propio, en medio del escepticismo de quienes no logran saludar con optimismo estos escrutinios.
No son pocos los alcaldes hondureños que han sido capturados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En los tribunales se han conocido juicios como los que se le siguen al alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina y a sus hermanos, acusados de decenas de delitos. Entre las causas que enfrentan se menciona el lavado de activos.
También guarda prisión el alcalde de Juticalpa, Olancho, Ramón Sarmiento, señalado por el presunto delito de almacenamiento de armas de uso prohibido.
Otro alcalde que en su momento fue capturado es José Adalid González, de Sulaco, también en Yoro, a él se le vinculó, supuestamente, con sicariato.
El alcalde de Talanga, Jorge Neptalí Romero, cayó en manos de las autoridades durante la ejecución de la operación Avalancha, un potente ejercicio que lideró el Ministerio Público y que desarticuló gran parte de estructuras mafiosas dedicadas a la extorsión. A este edil se le presume parte de las mafias que dirigen la extorsión.
Otros alcaldes han caído en manos de la justicia en Honduras y enfrentan procesos en los tribunales. En estas acciones hay jefes de comunas de diversos partidos políticos, así como de poblados grandes y con potente actividad como de municipios pequeños, que por su posición geográfica o por ser centros estratégicos para el crimen, tienen un valor agregado para los carteles.
En este devenir alcaldes de Ocotepeque, Copán, Comayagua, Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Santa Bárbara y en fin de todos los puntos cardinales de Honduras, han sido presuntamente implicados en hechos al margen de la ley.
