Tegucigalpa – El director de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, informó que el Tribunal en Materia de Corrupción elevó a juicio oral y público el caso de los exmiembros del desaparecido Concejo de la Judicatura.
“El juzgado de letras de lo penal ha resuelto, luego de haberse realizado la audiencia preliminar, elevar la causa a juicio oral y público”, indicó Duarte.
Señaló que está pendiente la ejecución de la resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia aceptando el recurso de amparo en la que se cambian las medidas a sustitutivas de prisión.
“Queda pendiente concluirse el tramite interno de la decisión que fue tomada por el pleno y se estaba esperando una de las ultimas firmas por parte de los magistrados y luego pasará a la Sala de lo Constitucional para que emita la comunicación del cambio de medidas”, detalló.
Por su parte, uno de los apoderados legales de los exconcejales, abogado German Amador, consideró que “faltó prudencia” en sus actuaciones a la jueza.
“Es de conocimiento público que existe una acción de amparo y que el pleno de la Corte emitió una resolución que da lugar la suspensión del acto reclamado y aun así, ella elevó la causa a juicio oral y público”, lamentó.
Amador calificó como “una falta de lealtad a la justica y poca profesionalidad”.
Reveló que se reunirán con los demás defensores de los exconcejales para planificar la próxima acción legal.
Al expresidente de la CSJ se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 delitos de malversación de caudales públicos.
El ex vicepresidente del extinto Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, es acusado por 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 delitos de abuso de autoridad, aunque guarda prisión guarda prisión por otro caso de tráfico de influencias en el escándalo conocido como “Shalom”.
En relación a los exconcejales propietarios, Julio Barahona se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos. A su vez, a José Francisco Quiroz se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.
Por su lado, los miembros suplentes de la entidad, Liliam Maldonado se le considera responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a Celino Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.
