Tegucigalpa – Un juez natural dictó la tarde de este miércoles auto de formal procesamiento para el diputado Román Villeda Aguilar, en tanto para su homólogo Tomás Zambrano le fue decretado un sobreseimiento definitivo, ambos acusados en el denominado caso Pacto de Impunidad.
Los dos congresistas eran acusados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno.
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— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 28 de junio de 2018
Zambrano y Villeda Aguilar, según la investigación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), realizaron conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno de Congreso Nacional con la intensión de crear una ley que favorecía a diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos, como los que podían ser investigados a futuro por similares hechos.
Luego de finalizada la audiencia inicial la decisión del juez natural fue procesar a Villeda Aguilar y librar de los cargos a Zambrano, ambos diputados del Congreso Nacional.
La decisión fue comunicada por el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, quien agregó que el diputado Villeda Aguilar seguirá gozando de medidas distintas a la prisión.
El auto de formal procesamiento para Villeda Aguilar es por los tres delitos que lo acusó el Ministerio Público.
El diputado Villeda Aguilar deberá cumplir con las medidas de prohibición de salir del país y firmar cada viernes el libro de control en los juzgados, ya sea en Tegucigalpa u Ocotepeque, según sea su localización.
“En cuanto al sobreseimiento definitivo dictado al diputado Tomás Zambrano el juez no encontró elementos de participación o responsabilidad en dicho ilícito”, explicó Duarte.
El relacionista de la CSJ apuntó que las partes involucradas podrán presentar los recursos legales que la ley establece en los próximos tres días, sin embargo por el período de vacaciones que gozará ese poder del Estado el plazo se vencería el jueves 19 de julio.
Relación de hechos
El jueves 24 de mayo, representantes de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), presentaron un requerimiento fiscal contra los diputados Román Villeda Aguilar y José Tomas Zambrano, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el caso “Pacto de Impunidad”.
Los requeridos, según la investigación, realizaron conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno de Congreso Nacional con la intención de crear una ley que favorecía a diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos, como los que podían ser investigados a futuro por similares hechos.
El caso de Pacto de Impunidad se originó el 11 de diciembre de 2017 cuando la UFECIC presento requerimiento fiscal contra cinco exdiputados en el caso denominado “Red de Diputados”.
El requerimiento señala que cuando se celebraba la audiencia inicial contra los cinco exdiputados, el Poder Legislativo modificó por adición la Ley de Presupuesto aprobada en decreto legislativo número 141-2017 publicado en el diario oficial La Gaceta el 19 de enero de 2018.
Dicha modificación incluyó disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados provocando la imposibilidad de comenzar las investigaciones contra funcionarios que habrían manejado fondos públicos mientras no culminaba la investigación por el Tribunal Superior de Cuentas en un plazo de tres años.
Ante la modificación el Poder Judicial, a través de los Tribunales en Materia de Corrupción, determinó archivar la denuncia argumentando que la acción no procedía con un enjuiciamiento debido a la nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de malversación de caudales públicos.
Tras la acción se produjeron varias denuncias públicas por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una fe de erratas el 25 de enero y publicada el 26 de enero en el diario oficial La Gaceta pretendiendo justificar que lo ocurrido fue producto de un simple “error” y no de un acto premeditado que provocó consecuencias jurídicas.
Sin embargo la MACCIH y UFECIC-MP consideraron que la fe de erratas contenía modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que el equipo integrado decidió formular un requerimiento fiscal.
