Tegucigalpa – El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aplaudió hoy la decisión de la Sala de lo Constitucional del Supremo hondureño que resolvió que el convenio de creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras (Maccih), que depende de la OEA, sigue las leyes del país.
«Satisfecho que Poder Judicial de Honduras ha afirmado que el convenio Maccih es constitucional. Agradecemos a los países cooperantes por su apoyo en nuestra lucha por más transparencia y la lucha contra la corrupción. Vamos adelante juntos en el marco de nuestra Constitución», indicó Hernández en un mensaje en Twitter.
Destacó que durante la firma del convenio de creación de la Maccih, el 19 de enero de 2016, dijo que la Misión «es para apoyar, orientar y colaborar activamente en el fortalecimiento de las instituciones nacionales, que son las responsables finales de derrotar la corrupción y terminar con la impunidad en el país».
La Sala de lo Constitucional del Supremo hondureño resolvió anoche «por unanimidad» que el convenio de creación de la Maccih, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), sigue las leyes del país.
«Sala de lo Constitucional ha concluido análisis jurídico del recurso de inconstitucionalidad presentado sobre el Convenio Honduras/OEA que da vida a la OEA Maccih y por unanimidad de votos ha resuelto que el mismo es apegado a la Constitución del país», indicó la Corte Suprema de Justicia en la red social Twitter.
«Asimismo, la Sala de lo Constitucional establece expresamente en su sentencia que toda acción y acompañamiento en el marco de este Convenio debe ajustarse a los preceptos de la Constitución de la República», se añade en el mensaje.
El fallo fue anunciado después de que el martes trascendiese en la prensa local un presunto «Análisis de la legalidad de la creación de Maccih» que creó mucha expectación entre diversos sectores, incluida la comunidad internacional acreditada en Tegucigalpa.
Según el supuesto «análisis», con el acuerdo de creación a la Maccih se le estarían concediendo atribuciones que le competen en cada caso específico por reserva constitucional a los poderes legislativo y judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría General y el Tribunal Superior de Cuentas.
Diversos sectores han denunciado que desde el Parlamento hondureño se promueve la salida de la Maccih del país para favorecer a políticos y otras personas que estarían implicadas en actos de corrupción y podrían ser enjuiciados.
Además, en los últimos días ha trascendido extraoficialmente que se pretende eliminar la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic), lo que supondría el debilitamiento de la Maccih, que inició sus operaciones en 2016.
