Tegucigalpa – Con el apoyo de la Unión Europea, Honduras inició las pruebas de legalidad del sector forestal.
La iniciativa impulsada por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y financiada por la Unión Europea, medirá en el terreno cómo los operadores forestales aplican las tablas de legalidad del Acuerdo Voluntario de Asociación sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestal (AVA FLEGT).
AVA FLEGT es un acuerdo comercial bilateral entre Honduras y la Unión Europea. Su objetivo es fortalecer la gobernanza forestal, combatir la tala ilegal y garantizar que la madera producida y comercializada por Honduras provenga de fuentes legales.
El AVA FLEGT fue negociado durante ocho años y firmado al más alto nivel en el año 2021. Tras su ratificación por el Congreso Nacional de Honduras y el Parlamento Europeo, hoy es un compromiso de Estado, con fuerza de ley, que trasciende a las personas y los gobiernos.
¿En qué consisten las pruebas de legalidad?
Las pruebas medirán el nivel de legalidad con el que trabajan los operadores forestales, tomando como referencia las tablas de legalidad establecidas en el Anexo 2 del AVA FLEGT. En total, se evaluarán 6 principios, 17 criterios y 56 medios de verificación, en más de 20 categorías de operadores (aprovechamiento, transformación, comercialización e importación/exportación).
Gracias a este ejercicio, Honduras y la Unión Europea contarán con una fotografía real del nivel de legalidad del sector. Sus resultados permitirán:
Identificar brechas: conocer con precisión dónde están los principales desafíos de cumplimiento, antes de la entrada en vigor obligatoria del Sistema de Aseguramiento de la Legalidad de Honduras (SALH).
Definir el apoyo que necesitan los operadores: orientar las medidas concretas de acompañamiento para que cada operador avance, paso a paso, hacia la plena legalidad.
Simplificar la gestión forestal: distinguir entre las limitaciones propias de las empresas y los cuellos de botella en los trámites e instituciones públicas.
Garantizar derechos: verificar el respeto de los derechos de las comunidades locales, los pueblos indígenas y afrodescendientes en la cadena de suministro. (RO)
