Tegucigalpa – Honduras contempla expectante el inicio de dos significativos espacios de diálogo de alto nivel: Uno en el que junto a la OEA buscará consensos para combatir la corrupción y otro en que la ONU está llamada a facilitar un diálogo que permita la reconciliación y fortalezca la maltrecha gobernabilidad.
– La ONU analiza el llamado a facilitar las conversaciones para lograr la reconciliación nacional.
– El Poder Ejecutivo envió en las últimas horas una iniciativa al Poder Legislativo para reformar la Ley de Secretos Oficiales, una exigencia de la MACCIH-OEA.
– Oposición fija su mirada en el otro diálogo que según ellos debe ser liderado por la ONU.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Honduras marcaron el inicio de la a reanudación de las mesas de trabajo para resolver diferencias tras los últimos acontecimientos relacionados a la lucha contra la impunidad, al tiempo que en un segundo escenario la Organización de las Naciones Unidas (ONU), analiza el llamado a facilitar un diálogo para resolver diferencias post electorales.
El impasse entre OEA y Honduras surgen a raíz de la polémica reforma al Artículo 131-A de la Ley de Presupuesto, que según los conocedores en el tema es “un blindaje” a los funcionarios y diputados que manejan fondos públicos.
Juan Jiménez Mayor, vocero de la MACCIH, en referencia a la reforma de Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso.
Este “atasco legislativo” derivó en el llamado del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a consultas al jefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, para pormenorizar sobre lo ocurrido en los últimos días en este país centroamericano.
Todo comenzó con la reforma a Ley de Presupuesto , el pasado 18 de enero durante la última sesión de la cuarta legislatura del pleno del Congreso que vacó recientemente. Desde ese momento se han producido avalanchas de críticas a la forma en que actuaron los diputados que aprobaron la disposición que tiende a cubrir con un manto de impunidad a funcionarios y padres de la patria que manejaron fondos públicos en los últimos tres períodos constitucionales que abarcan los gobiernos de Manuel Zelaya, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández (2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018).
La normativa ordena que antes que el Ministerio Público -ente encargado del monopolio de la acción penal- inicie investigaciones por lo explicado anteriormente, primero deberá agotarse la instancia de auditorías del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para entablar acciones administrativas si fuera el caso.
La disposición legislativa permitió que una alta jueza a archivar acciones penales a la denominada “Red de diputados”, acusados por el manejo irregular de recursos obtenidos provenientes del Congreso mediante una Organización No Gubernamental (ONG).
Este hecho llevó a la MACCIH, acuerpada por instituciones anticorrupción hondureñas a solicitar la necesidad de derogar la reforma. Instancias como el Ministerio Público (MP), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), y el IUDPAS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), entre otras, coincidieron en pedir la derogatoria de la normativa. Anteriormente gobiernos como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá se manifestaron en iguales términos.
Ricardo Rodríguez del TSC y el diputado Mario Pérez.
Una Comisión Especial Legislativa visitó el lunes de la presente semana al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el martes al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para explicar el espíritu de la reforma. Los representantes del Congreso protegen la decisión de mantener el texto legislativo, pese a que aceptaron una fe de errata en el mismo.
Este martes el Congreso Nacional envió al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el listado de los diputados, titulares y suplentes que fungieron como tales en los últimos tres períodos, con el fin de iniciar las investigaciones en torno a enriquecimiento ilícito o mal uso de los recursos del Estado.
Fuentes legislativas informaron que con la reforma a la Ley de Presupuesto, el Congreso Nacional otorgó al ente contralor, 45 millones de lempiras para poder hacer la investigación especial de 12 años a más de 750 diputados y ONGs.
El presidente Juan Orlando Hernández y el secretario de la OEA, Luis Almagro. Foto: Archivo.
JOH pidió Mesas de diálogo a OEA
El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández remitió una misiva al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la que solicitó retomar las mesas de diálogo al más alto nivel, en el marco de los convenios suscritos entre ambas partes, en la lucha contra la corrupción.
En la nota pidió que las controversias entre partes sean solventadas de acuerdo con lo establecido en los documentos pactados.
En una misiva el gobierno hondureño se refirió específicamente a los últimos acontecimientos relacionados a la reforma a la Ley de Presupuesto, y que la MACCIH, denunció generadora de corrupción e impunidad.
OEA designa a expresidente Colom como mediador de mesas de trabajo en Honduras
OEA designa a expresidente Colom
Casi de forma inmediata a la solicitud del gobernante Hernández, el titular de OEA Luis Almagro notificó la designación del expresidente Álvaro Colom como representante especial para dirigir las mesas de trabajo entre las partes.
Almagro exteriorizó que “tenemos la certeza que el expresidente Álvaro Colom, impulsará las conversaciones con apego a los principios de la Carta Democrática Interamericana, para lograr el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y las urgentes reformas electorales que Honduras reclama”.
Colom lideró, junto al expresidente boliviano Jorge Quiroga, la Misión de Observación Electoral de OEA en los comicios generales del pasado 26 de noviembre.
El gobierno hondureño tomó con agrado la designación de Colom y respondió a través de la cuenta institucional de Twitter: “#Honduras está lista para recibir al Presidente Colom a partir de la próxima semana y así definir la agenda temática y los tiempos para encontrar las soluciones a los altos intereses del país”.
Este mismo martes el Poder Ejecutivo hondureño informó que a mediados de enero remitió al Congreso Nacional una iniciativa de ley para reformar 20 artículos de la Ley de Secretos.
En la iniciativa se plantea reformas desde el artículo 1 al 15 adicionando cinco artículos de tal manera que eso responde a las inquietudes que ha habido entorno a la ley.
El marzo de 2014 fue aprobada la Ley de Secretos Oficiales , también denominada, Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional. Esta normativa fue duramente criticada en el país y la MACCIH se pronunció en varias oportunidades reclamando la derogatoria de la misma.
Propuestas
Para el analista en temas nacionales, Raúl Pineda Alvarado, es un buen momento para que el presidente Juan Orlando Hernández acentúe su lucha contra la corrupción enviando al Congreso una iniciativa que pida la derogatoria de la polémica reforma al Artículo 131-A de la Ley de Presupuesto.
“La oposición en el Congreso tiene listos los votos para derogar la reforma, aunque el presidente Hernández no participó en su aprobación, es el momento para que dé muestras que no se quieren apañar actos corruptos en el país”, aseveró.
De su lado, el vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, manifestó que las diferencias que existen entre sectores antagónicos en el país solo lograrán un acuerdo mediante el diálogo.
“Fue positivo el llamado del Presidente de la República a la OEA y muy buena la respuesta casi inmediata del secretario Almagro. Esto nos llena de optimismo y creemos que vamos por buen camino”, indicó.
Sikaffy señaló que mediante la Plataforma Ciudadana, ente que organiza más de 200 representaciones de sociedad civil, han pedido reuniones con los actores políticos de Honduras para ir entablando una ruta de entendimiento que beneficie al país.
“Queremos facilitar el diálogo, el diálogo será entre ellos y los mediadores internacionales, siempre basado en una agenda común que es la de Honduras”, cerró.
La encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos, Heide Fulton, calificó como «un gran paso» el que dará el Ministerio Público de presentar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de la Ley Orgánica de Presupuesto.
“Un gran paso. El Congreso debe actuar para cambiar esta ley”, escribió Fulton en su cuenta de twitter.
Un gran paso. El Congreso debe actuar para cambiar esta ley. https://t.co/r7lrxr42mP
— Chargé Heide Fulton (@USAmbHonduras) 30 de enero de 2018
