Tegucigalpa.- El Congreso Nacional ha ordenado que se investiguen a unos 750 diputados por manejo del Fondo Departamental, desde el 2006 al 2018, no sólo a cinco o a 60 parlamentarios.
Rivera rechazó las acusaciones de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) en el sentido, que existe un “pacto de impunidad” para evitar que fueran condenados los cinco integrantes de la denominada “Red de diputados”.
Rivera recordó que la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto se aprobó el 18 de enero a las 5:13 minutos de la tarde, en cuya sesión se abstuvieron unos 11 diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) y dos votaron en contra, uno de ellos fue Bartolo Fuentes.
“Hay un video en el cual se demuestra como votó-con un sí, con un no, o se abstuvo- el ex coordinador de la bancada de Libre, Manuel Zelaya”, dijo el vice presidente de la Cámara.
“Ojalá que no venga a decir que alguien votó por él, que alguien apretó su botón o que estaba confundido, o que no entendió, o que no escuchó, pues el video es muy claro”, expresó.
La bancada de Libre en un comunicado pide que se debe derogar ese decreto, pues el dictamen no se discutió en el seno del Legislativo ese día.
“Quien inició el Fondo Departamental fue el gobierno de Manuel Zelaya y en el primer año se adjudicaron 550 millones de lempiras”, puntualizó Rivera.
“Por eso estamos diciendo que se investigue a 750 diputados durante el período 2006 al 2018 no sólo a cinco o a 60 como dice la Maccih”, reiteró.
“Yo pensé que la noticia sería, Congreso Nacional ordena investigar a 750 diputados desde el 2006 al 2018, pero lo que se ha discutido es quien puede investigar la conducta, los fondos públicos que han administrado los diputados ya sea por el Fondo Departamental o por subsidios”, explicó.
“Algunos dicen que debe ser el Ministerio Público (MP) y otros manifestamos que es el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de acuerdo al artículo 4 de su ley”, afirmó.
“Cuando el TSC encuentra una irregularidad o un indicio de culpabilidad lo pasa al MP y aquel ejecuta la persecución penal. Ahí está toda la discusión”, señaló.
Reconoció que fue “un error que la jueza Consuelo Guzmán se haya amparado en el decreto de reforma para liberar a los cinco diputados”.
