Tegucigalpa – El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, espera que la comisión nombrada en el Congreso Nacional haga las revisiones y correcciones necesarias a la Ley de Presupuesto.
“Ojalá que esta comisión que están formando pueda hacer una revisión y los correctivos necesarios como se ha anunciado esta mañana”, dijo Jiménez a Radio América.
La comisión especial estará conformada por los diputados: Mario Pérez (PN), quien la presidirá; Tomas Zambrano (PN), Yuri Sabas (PL), Víctor Sabillón (PL), Enrique Yllescas (AP), Edgardo Casaña (Libre) y Oswaldo Ramos Soto (PN).
¿Debe ser derogada la reforma aprobada a la Ley de Presupuesto y que ha sido duramente cuestionada por todos los sectores de la sociedad?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 25 de enero de 2018
Jiménez Mayor continúo explicando cómo el Congreso Nacional mediante esta Ley afectó la atribución constitucional del Ministerio Público de presentar requerimientos porque está señalando que la Fiscalía no puede hacer investigaciones sin previamente no se agota la vía administrativa del Tribunal Superior de Cuentas.
“Eso afecta la línea de investigación y también afecta procesos de casos de corrupción. Tanto es así que ayer la jueza Alma Guzmán decidió archivar el caso de la ´red de diputados´”, detalló Jiménez.
Agregó que “la Ley dice que hasta no haber agotado la investigación administrativa, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad hasta que haga la instancia administrativa, quiere decir que la Ley está impidiendo cualquier acción judicial hasta que el Tribunal Superior de Cuentas se pronuncie”.
Jiménez Mayor no quiso plantear adjetivos sobre el trabajo realizado por el Tribunal Superior de Cuentas, pero considera que necesita efectividad y eficacia en sus investigaciones.
“Lo que hemos visto su trabajo demora mucho tiempo, hemos recibido información que una auditoría puede tomar hasta 10 años, caso de la ley aprobada por el congreso tiene un plazo de 3 años”, declaró.
Prosiguió lamentando que “la ley establece lo siguiente, se ordena al Tribunal Superior de Cuentas hacer auditoria de todos los fondos públicos adquirido, recibidos, ejecutados por los funcionarios públicos, diputados al congreso nacional y ONG, eso dice que cualquier funcionario y el señor Mario Zelaya es cualquier funcionario”.
El vocero de la MACCIH es claro y dice que sobre Mario Zelaya solo están alertando lo que puede pasar para generar cuidado porque no quieren que pasen sorpresas como sucedió en el caso “Red de Diputados”.
“Acá el problema es la aplicación de una Ley que cambia las reglas de juego en medio de un procedimiento judicial y una jueza de la Corte Suprema de Justicia toma una decisión aplicando esa Ley”, repitió.
Explicó que “pondré un ejemplo, esto es como que un marero extorsiona a una señora que tiene una tienda y denuncia ante el Ministerio Público, el Ministerio Público presenta el requerimiento, lo que se está haciendo ahora es que no investigue porque una oficina administrativa investigue si era o no marero, le están cortando las atribuciones de investigación al Ministerio Público para que un ente administrativo diga si se hizo o no un delito”.
Jiménez Mayor cerró diciendo que ellos están en Honduras para apoyar la lucha contra la corrupción, pero que lamenta que les obliguen a parar una investigación diciendo que le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas.
“Estamos reclamando porque somos extranjeros para apoyar a Honduras y nos dicen, señores no trabajen”, cerró.
