Tegucigalpa. – En 1976 cuando Honduras se preparaba para iniciar la transición militar al poder civil, bajo la influencia poco discreta de Washington, y las presiones sociales del país, el tema de las reformas políticas había sido instalado como parte de un lento proceso de construcción del llamado Estado de Derecho en este país centroamericano.
Se crea así la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de 1977, conocida como la ley desde la “visión de los excluidos”. Así la denominó el político hondureño, Ernesto Paz Aguilar, en un ensayo sobre la Reforma Política Electoral en Honduras, que comprende los años de 1978-2006.
En esa ley electoral que dio paso a la instalación de la asamblea nacional constituyente de 1980, se plasmó la visión de nuevas fuerzas sociales y de grupos políticos reformistas excluidos por las dirigencias de los partidos que conformaban el bipartidismo.
Fue tan amplia su visión que algunos de los puntos plasmados fueron: a) celebración de elecciones internas de los partidos políticos, b) el principio de representación proporcional en las elecciones internas de los partidos, c) la flexibilización de los requisitos para la inscripción de nuevos partidos, y d) reconocimiento al derecho de las candidaturas independientes.
Esa visión de los excluidos contó con la participación de las llamadas fuerzas emergentes como el PINU y la Democracia Cristiana, además de sectores sociales. Fue la inclusión de estos actores que dio paso a cambios trascendentales en materia político electoral y de reformas en Honduras. Una vez instalada la constituyente, la ley electoral que le antecedió, fue derogada y creada una nueva y matizó los alcances de los acuerdos de 1977.
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Roberto Suazo Córdova y el asambleísta Enrique Aguilar Paz a inicios de la década de los 80, cuando Honduras retornó al orden democrático.
Reformas, a cuenta gotas.
Otras reformas se fueron dando a medida que Honduras retornaba a la democracia formal, se crea el Tribunal Nacional de Elecciones, se aprueba la elaboración de un Censo Nacional Electoral, pero también el país va entrando a otras reformas del Estado inspirado por los acuerdos de paz centroamericanos, el fin de la guerra fría y tras el paso del devastador huracán Mitch.
Todos los gobiernos democráticos, desde el ex presidente Roberto Suazo Córdova hasta los ex presidentes Rafael Callejas, Carlos Roberto Reina y Ricardo Maduro, generaron pactos y/o reformas político electorales que oxigenaron los mecanismos de gobernanza y gobernabilidad en Honduras.
El ex gobernante Carlos Flores bregó en la presidencia en una etapa marcada por la tragedia nacional, originada por el devastador huracán Mitch (1998) que causó miles de muertos y desaparecidos en el país.
En el gobierno del ex presidente Carlos Roberto Flores, el paso del huracán Mitch neutralizó cualquier impulso a reformas políticas, pero abrió el espacio a otras relacionadas con el Estado y en ella aparecen nuevamente los actores sociales como protagonistas que estimularon la participación ciudadanía en los procesos de veeduría social y de transparencia.
Pero fue en el año 2001, cuando Honduras entró nuevamente a una revisión de su sistema político de partidos que permitió arrancar una reforma político electoral de enorme trascendencia, casi similar a la de 1977, pero no todas fueron cumplidas. La clase política una vez más se quedó corta frente a sus promesas.
Esas reformas político electorales de los acuerdos de 2001 se dieron bajo el gobierno del ex presidente Ricardo Maduro, nacionalista, y considerado como uno de los gobiernos que impulsó en el país un interesante proceso de modernización, transformación y reformas del Estado.
El ex presidente Ricardo Maduro, impulso profundas trasformaciones en Honduras, incluidas las reformas político-electorales de los acuerdos de 2001.
Los acuerdos del 2001
Esas reformas político electorales fueron canalizadas bajo la mediación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y permitieron, por casi 16 años—hasta ahora—dar oxígeno y estabilidad a la ya fragmentada democracia hondureña.
Un libro denominado “Honduras, los acuerdos son posibles: la experiencia de la Comisión Política de los Partidos Políticos”, sistematiza ese proceso en donde la clase política se sentó para dialogar y retomar viejos acuerdos incumplidos pendientes y avizorar otros necesarios para la gobernabilidad.
La historia ahí recogida es tan vigente que pareciera que el tiempo se congeló. Si la mayoría de esos acuerdos se hubieran cumplido, el país posiblemente no estaría enfrascado en los problemas que desde 1977 habían sido advertidos desde “la visión de los excluidos”.
Entre algunos de los compromisos asumidos por los partidos políticos e incluso los candidatos presidenciales del 2001 destacan: a) separación del Tribunal Supremo Electoral del Registro Nacional de las Personas y su despolitización, b) Incorporación constitucional del plebiscito y el referéndum; c) supresión de la figura de los designados presidenciales y creación de la figura del vicepresidente, d) regulación de las campañas electorales; e) regulación de la financiación de la política, f) revisión de los mecanismos de elección de diputados.
En cuanto al referendo y el plebiscito, los acuerdos del 2001 definieron claramente las formas y mecanismos bajo los cuales podrían ser invocados. Así establecen que «no serán objeto de referéndum o plebiscito los artículos constitucionales denominados pétreos o irreformables que se refieren a) forma de gobierno, b) territorio nacional, c) período presidencial, d) No reelección, e) el relativo a quienes no pueden ser Presidentes de la República para el período subsiguiente.
Otro de los aspectos aprobados en los compromisos políticos del 2001 fueron: introducir la revocatoria del mandato de los legisladores; elegir a los diputados por distritos electorales, reformar la ley electoral a efectos de facilitar la formación de coaliciones sin que pierdan su personería jurídica, así como facilitar los requisitos para la inscripción de nuevos partidos políticos y candidaturas independientes.
Porfirio Lobo Sosa, gobernó Honduras tras la crisis institucional de 2009, en una etapa en la que buscó la reconciliación nacional.
Dos condiciones claves
Esos y otros mecanismos más fueron parte de los compromisos suscritos en esos acuerdos. Para llegar a esos compromisos, el PNUD puso dos condiciones a los partidos políticos.
La primera es que durante el proceso de negociación no se tratarían temas de la coyuntura política ni social. Lo segundo, que el PNUD no debe asumir el rol de garante del cumplimiento de los acuerdos políticos a los que se arribe. Los acuerdos debían ser asumidos por los partidos políticos y así lo entendieron.
Entre los protagonistas que integraron la Comisión Política de Partidos Políticos que dio vida a esos acuerdos destacan: por la Democracia Cristiana: Miguel Ángel Ortiz y Humberto Sánchez Aguilar; por el Partido Liberal, Jorge Arturo Reina y Antonio Ortez Turcios; por la Unificación Democrática, Hermilo Soto y Eugenio Sosa; por el Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa y Renán Sagastume, y el por PINU/SD, Guillermo Casco Callejas e Ismael Lagos.
La Comisión Política de los Partidos Políticos pidió al PNUD que buscara dos facilitadores para consultar a la sociedad civil acerca de su visión de las reformas. Los facilitadores fueron don Manuel Acosta Bonilla y Mario Posas. Ellos se reunieron con tres sectores protagonistas de la época: la empresa privada, las organizaciones obreras, campesinas y las etnias; y las ONG y otras organizaciones relevantes.
La coyuntura actual marca la apremiante urgencia de establecer conversaciones para no atollar la prosperidad de Honduras. La grafica muestra como diputados de la oposición, junto a su líder Manuel Zelaya y el presidente Juan Orlando Hernández han conversado en varias etapas del actual gobierno.
¿Quo Vadis Honduras?
Las recomendaciones de estos sectores sociales fueron las que enriquecieron los acuerdos político electorales de 2001. Hoy 16 años después de esos acuerdos, Honduras ha entrado nuevamente en una etapa de crisis, que tuvo un punto de quiebre en el 2009 y que se arrastra hasta las últimas elecciones, producto, precisamente, del incumplimiento de acuerdos, pactos o reformas inconclusas.
Nuevamente Honduras ha sido convocada a un Gran Diálogo Nacional que permita buscar salidas a la crisis, cada vez más recurrente, como advirtió en su informe la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que dejó 84 recomendaciones al país y sus actores políticos, económicos, sociales y de la cooperación para que los hechos del 2009 no se repitieran.
El Gran Diálogo Nacional contará, de acuerdo a versiones oficiales, con facilitadores que pueden ser internacionales, pero la agenda temática es tan vigente como la de 1977 y la última del 2001, con algunos matices que pasan precisamente por la importancia de incluir a sectores excluidos y retomar agendas de país pendientes en materia de justicia, seguridad, corrupción e impunidad.
Las líneas del diálogo vienen siendo trazadas desde que Honduras retornó a la democracia, algunos actores protagonistas directos e indirectos de esos acuerdos siguen vigentes, la consulta de cómo desenredar los nudos se vuelve obligada para ofrecer al país soluciones y opciones que impidan el fracaso de las elites. ¿Será eso posible? ¿Se podrá rehabilitar la democracia?
El expresidente José Azcona (fallecido), ganador de la “Opción B” en 1985, una sumatoria sui generis de votos por cada partido.
Rafael Leonardo Callejas gobernó Honduras entre 1990 – 1994 y en su gestión marcó cambios en la institucionalidad como la creación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y del Ministerio Público. Igualmente retornó al país a sus compatriotas, expulsados por razones ideológicas.
El fallecido expresidente Carlos Roberto Reina 1994-1998 devolvió la Policía a le egida civil y abolió el servicio militar obligatorio.
