Tegucigalpa – En medio de una creciente tensión política en Honduras, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra en el epicentro de una controversia que podría definir el futuro democrático del país, por lo que debe afrontar el reto de demostrar la independencia de la justicia en el país centroamericano.
Tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Nasry ‘Tito’ Asfura como presidente electo, un decreto aprobado por el Congreso Nacional busca un recuento «voto por voto» de las actas electorales.
Este movimiento, impulsado también por la presidenta Xiomara Castro, impulsó la presentación de recursos legales para su anulación, colocando a la Sala en la obligación de actuar con celeridad y apego a la Constitución.
La presentación de estos recursos representa un momento pivotal, donde la justicia constitucional debe equilibrar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas con la defensa del orden jurídico.
Expertos y analistas coinciden en que cualquier dilación podría agravar la crisis, mientras que una resolución oportuna podría restaurar la confianza en las instituciones.
Crisis post-electoral
Las elecciones del 30 de noviembre de 2025 marcaron un hito en la historia reciente de Honduras, con una participación de aproximadamente 3.8 millones de votantes.
El CNE, organismo autónomo encargado de certificar los resultados, declaró a Nasry Asfura, del Partido Nacional, como ganador el 24 de diciembre de 2025, y oficializó los resultados para cargos municipales y del Congreso Nacional el 30 de diciembre.
Sin embargo, la presidenta Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), solicitó un recuento total «voto por voto» durante una reunión del Consejo de Ministros el 11 de enero de 2026.
Este pedido se materializó en el decreto 58-2025, aprobado en una sesión extraordinaria del Congreso Nacional el 09 de enero de 2026, y publicado en La Gaceta el mismo día.
La sesión fue convocada por la Comisión Permanente, lo que ha sido calificado como ilegal por juristas, ya que el Congreso carece de facultades para certificar procesos electorales una vez declarados por el CNE.
Además, la sesión no contó con el quórum requerido de 86 diputados para asuntos electorales, iniciando con solo 70 y terminando con 69.
El decreto atribuye al Congreso funciones exclusivas del CNE, lo que se interpreta como una usurpación de poderes.
Esta acción ha sido vista como un intento de revertir los resultados electorales, generando advertencias internacionales, incluyendo del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Recursos legales
El abogado Hermes Ramírez presentó dos acciones constitucionales ante la Sala de lo Constitucional el domingo, buscando anular el decreto 58-2025.
Estas acciones argumentan que el decreto viola la supremacía constitucional, la autonomía del CNE y la alternancia en el poder.
Ramírez solicitó la admisión inmediata de las acciones y la concesión de una medida cautelar provisional para suspender el decreto y cualquier acto relacionado, como el recuento o la asunción de funciones por el Congreso.
La acción legal enfatizó la vulneración de principios fundamentales del orden jurídico constitucional.
Estos recursos no son aislados; representan la voz de sectores opositores, juristas y analistas que ven en el decreto un daño irreparable a la democracia.
El actuar de la Sala Constitucional
De acuerdo con el marco constitucional hondureño, la Sala de lo Constitucional debe admitir las acciones presentadas si cumplen con los requisitos formales.
Una vez admitidas, la Sala tiene la facultad de otorgar medidas cautelares provisionales para suspender efectos del decreto impugnado, evitando daños irreparables mientras se resuelve el fondo.
El procedimiento implica notificar a las partes involucradas, como el Congreso Nacional y el CNE, para que presenten sus argumentos.
La Sala debe analizar si el decreto usurpa funciones del CNE, violando el artículo 205 de la Constitución, que reserva ciertas atribuciones al Congreso solo en ausencia de declaratoria electoral.
Dado que el CNE ya emitió su declaratoria, la Sala debería declarar la inconstitucionalidad del decreto por exceso de funciones.
El plazo para resolver estas acciones es expedito, considerando la urgencia electoral y la transición de poder programada para el próximo 27 de enero.
Opiniones de expertos
El jurista Juan Carlos Barrientos cuestionó públicamente la inacción de la Sala de lo Constitucional ante las acciones del Congreso Nacional.
Barrientos argumentó que la Sala debe declarar de inmediato la inconstitucionalidad de los actos, incluyendo la sesión ilegal y el decreto.
En su opinión, cualquier demora podría hacer cómplices a los magistrados de violaciones constitucionales.
Otros analistas coinciden en que la Sala debe frenar lo que se percibe como un intento de autogolpe, protegiendo la autonomía del CNE.
La Iglesia Evangélica, a través del presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, Mario Banegas, insistió en respetar la declaratoria del CNE, lo que implica que la Sala debería invalidar cualquier intervención posterior.
Banegas enfatizó que la existencia de la declaratoria inhabilita al Congreso para actuar.
Congreso y CNE
Luis Redondo, presidente del Congreso, advirtió que si el CNE no inicia el recuento, el Congreso lo hará bajo el artículo 205, numeral 7 de la Constitución de la República.
Esta advertencia se hizo pública después de su participación en el Consejo de Ministros, donde dijo fue invitado.
Redondo defendió que se debe contar el 100% de las 19 mil 167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) para respetar la voluntad popular.
Sin embargo, opositores argumentan que esto ignora la declaratoria existente del CNE.
El CNE, compuesto por consejeros de diferentes partidos, ha certificado resultados donde el Partido Nacional obtuvo 151 alcaldías y 49 diputados, entre otros.
Cualquier recuento post-declaratoria se ve como impropio, incluso por organismo internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).
EEUU advierte de consecuencias
El Departamento de Estado de EE.UU. advirtió que cualquier intento ilegal de revertir las elecciones tendrá «consecuencias graves».
Esta advertencia se emitió en respuesta al decreto y la petición de recuento.
En respuesta, la presidenta Castro invitó al presidente estadounidense, Donald Trump, a un diálogo sobre el proceso, notando que su apoyo a Asfura afectó a su candidata Rixi Moncada.
La OEA también cuestionó la acción, considerándola impropia tras la certificación del CNE.
Estas reacciones internacionales podrían influir en la decisión de la Sala Constitucional, enfatizando la necesidad de estabilidad democrática.
Posibles escenarios
Si la Sala concede la medida cautelar, el recuento se suspendería, permitiendo la transición pacífica el 27 de enero.
Esto reforzaría la autonomía del CNE y evitaría una mayor polarización.
Por el contrario, si rechaza los recursos, podría validarse el decreto, llevando a un recuento controvertido.
Expertos temen que esto erosione la confianza en las instituciones electorales.
La resolución debe basarse en evidencia y argumentos legales, sin influencias políticas.
Desafíos
La Sala enfrenta presiones de diversos sectores, incluyendo el gobierno actual y la oposición.
Su independencia es clave para resolver la crisis sin sesgos.
Históricamente, la Sala ha intervenido en casos electorales para defender la Constitución.
En este contexto, debe priorizar la celeridad para evitar vacuums de poder o un «vacío de poder».
La inacción criticada por Barrientos podría llevar a mayores cuestionamientos sobre su rol.
Llamado a la Acción
La Sala de lo Constitucional tiene la responsabilidad de actuar con firmeza y transparencia.
Admitir y resolver los recursos de manera expedita es esencial para preservar el estado de derecho.
Respetar la declaratoria del CNE evitaría precedentes peligrosos.
La sociedad hondureña observa de cerca, esperando una decisión que honre la democracia.
En última instancia, la actuación de la Sala podría definir no solo el resultado electoral, sino el futuro institucional del país.
La Sala de lo Constitucional la integran: Luis Fernando Padilla, Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo Hernández, Sonia Marlina Dubón y Wagner Vallecillo. (RO)
