La pobreza tiene una fuerza gravitacional importante. Podemos observar en muchos casos de la vida real cómo la falta de acceso a la información financiera, prejuicios de parte de los operadores, desafíos producto de las capacidades o conocimientos educativos de las personas, y otros conspiran para evitarle a las personas el acceso a los medios formales, tanto para obtener financiamiento como para el ahorro.
Los efectos de estas dificultades son doblemente perniciosos. Una persona con menor nivel educativo y menos conocimiento y contacto de cómo operan las cosas tendrá que pagar mucho más por su financiamiento, siendo obligado a recurrir a mecanismos informales que alguien que sí cumpla con estas condiciones. Es decir, la desventaja inicial de tener menos recursos es magnificada por una severa desigualdad de acceso a las oportunidades. Esto hace difícil la movilidad y el crecimiento, perpetuando las penalidades sociales y económicas asociadas con la precariedad.
Este problema tiene dos caras distintas y complementarias, que son el acceso al crédito y las formas de ahorro. El microcrédito ya existe en la práctica. Y siempre lo ha existido. En la agricultura, el comercio informal y en los adelantos de los jornales, ya existen personas que se dedican a cumplir con esta necesidad social. El problema es que los riesgos para el prestamista, las debilidades y falta de conocimiento de los prestatarios y la ausencia de mecanismos institucionales accesibles causan que las tasas de interés sean irrisoriamente altas. Vemos casos donde existen hasta intereses diarios que pueden superar el 10% en el comercio, lo cual es claramente un abuso y violación de los derechos económicos de las personas. Pero por la desesperación, las personas recurren a esto.
En este contexto, el microcrédito formal intenta posicionarse como una alternativa menos abusiva y más organizada. Sin embargo, en la práctica muchas veces reproduce las mismas dinámicas de explotación que se observan en los mercados informales. Aunque las tasas puedan ser relativamente más bajas que las del usurero de barrio, siguen siendo desproporcionadas si se comparan con las que enfrenta una persona de ingresos medios o altos. El costo del dinero para los pobres siempre es mayor, y ese hecho genera un círculo de deuda difícil de romper: el microcrédito, en lugar de ser una escalera de ascenso, puede convertirse en una trampa de la que es complicado salir.
No se puede negar que existen historias de éxito asociadas al microcrédito. Pequeños talleres, ventas ambulantes o iniciativas familiares que lograron crecer gracias a un préstamo oportuno suelen citarse como ejemplos inspiradores. Sin embargo, estas experiencias positivas tienden a ser la excepción y no la regla. La mayoría de los prestatarios enfrenta enormes dificultades para traducir el crédito en un negocio sostenible, ya sea por la falta de mercados, la competencia desleal o la ausencia de capacitación. En este sentido, el microcrédito puede aliviar necesidades inmediatas, pero pocas veces se traduce en una mejora estructural de la situación de pobreza.
Para los adelantos salariales de los jornaleros, existen generalmente mecanismos informales, muchas veces corruptos, donde se utiliza el poder de allegados a la empresa para mantener con la figura de cooperativas u otras formas de adelanto salarial los mismos con intereses bastante considerables. No es extraño ver de casos donde se le adelante a un trabajador un monto contra su pago mensual o quincenal hasta con un 20% de interés. Este problema se pudiese resolver con un sistema de cooperativa interna o como mínimo un sistema de adelantos salariales por montos inferiores a un salario mensual, garantizado como un adelanto de las prestaciones laborales. Generalmente, aunque un empleado abandone el trabajo, los montos que debe recibir de beneficios, aun por décimo tercero, décimo cuarto mes acumulados, vacaciones u otros, siempre excederá un monto mensual de salario. Así que la empresa no debe estar en riesgo de pérdida y sí le haría un buen favor a sus colaboradores no poniéndolos en manos de agiotistas.
Lo que estos ejemplos revelan es que la pobreza no solo implica la carencia de ingresos, sino también la exposición a mecanismos financieros desventajosos que multiplican la vulnerabilidad. Tanto en el mercado informal como en el ámbito laboral formal, las personas pobres se ven forzadas a aceptar condiciones que cualquier sistema justo consideraría abusivas. De ahí surge la urgencia de diseñar instituciones accesibles, transparentes y seguras que ofrezcan opciones de ahorro y crédito con reglas claras y tasas razonables. Sin esta base, cualquier intento de combatir la pobreza desde el microcrédito corre el riesgo de convertirse en otra herramienta que perpetúa la desigualdad en lugar de reducirla.
La naturaleza de este problema es cíclica y compleja. Para poder resolverlo, los sectores con más acceso a la formalidad que generalmente incluyen la totalidad de los formadores de opinión y los tomadores de decisiones públicas, debemos estar conscientes del enorme peso que representa la precariedad para las personas con menos ingresos y conocimientos. Es importante que las empresas, las instituciones y el Estado, y la banca, tomemos todos en cuenta este problema para ir gradualmente mejorando las condiciones de acceso al crédito y al ahorro para todos.
