Tegucigalpa – Honduras parece atrapada en un ciclo que se repite sin síntomas de aprendizaje. Catorce años después de que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) entregó en 2011 un robusto informe con 84 recomendaciones para evitar la manipulación política de los medios públicos.
En esas recomendaciones está claramente incluida —la regulación estricta de las cadenas nacionales—, pero hoy día el país continúa presenciando exactamente aquello que se pidió erradicar: el uso abusivo de los espacios oficiales para propaganda y promoción política.
La CVR fue clara. En su recomendación número 76 advirtió que las cadenas nacionales debían prohibirse salvo en casos de calamidad o emergencia nacional, precisamente para evitar que el Estado interrumpiera la programación y obligara a los ciudadanos a escuchar discursos con fines particulares.
También insistió en dotar de autonomía a los medios públicos, reformar la Ley de Conatel y garantizar que los tiempos oficiales no fueran secuestrados por funcionarios que pretendieran convertirlos en pasarela de aspiraciones electorales.
Sin embargo, más de una década después, las advertencias quedaron archivadas. Lo que debería ser una excepción se convirtió en costumbre.
Algunas estimaciones indican que en el país se realizan unas 30 cadenas nacionales al año, varias de ellas sin justificación real, sin regulación y sin lineamientos que impidan su uso como herramienta de propaganda. Lo que la CVR describió como un riesgo para la democracia, hoy es una práctica normalizada.
Cadena de Redondo que volvió a encender las alarmas
El abogado constitucionalista Oliver Erazo calificó como “una pérdida de recursos del Estado” la transmisión en la que figuró el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
Pero el profesional del derecho fue más allá: aseguró que la población percibe a Redondo como “poco digerible socialmente” y criticó el contenido y el propósito del mensaje.
“Escuchar a Redondo es escuchar a un tipo vacío, mentiroso, irrespetuoso de la Constitución y de la ley. Alguien que se ha burlado de sus electores. Él decía que era anticorrupción, pero es uno de los que dice algo en lenguaje verbal y otro en lenguaje corporal”, afirmó Erazo, señalando la falta de credibilidad de un discurso que —a su juicio— no ofreció argumentos, sino desgaste.
Para el jurista, la cadena fue un error político mayúsculo: “Mejor no hubiese hecho esa cadena. Con eso más bien justifica que la población ya no le crea. Además, hace ver mal al pueblo hondureño porque habla en nombre de Honduras. Fue una cadena desastrosa”, zanjó.
El señalamiento no está aislado. Analistas de distintos sectores coincidieron este martes en que el episodio recuerda precisamente lo que la CVR quiso evitar: la apropiación de los medios públicos por parte de funcionarios que confunden la institucionalidad con su imagen personal, y la comunicación oficial con su narrativa particular.
La preocupación es profunda: Honduras no solo repite errores, sino que parece haberlos normalizado. Las cadenas nacionales, sin regulación y sin control, siguen siendo instrumentos útiles para quienes detentan poder, pero costosos para la ciudadanía que se ve obligada a escuchar mensajes impuestos y alejados del verdadero interés público.
Hoy no solo se abusa completamente de los medios de comunicación oficiales como Canal 8, Radio Nacional de Honduras, Canal del Congreso Nacional, sino también otros institucionales como los medios digitales de las Fuerzas Armada, donde se ha visto de forma constante, tremendas planas para ataques para el caso a la prensa nacional u otros actores no afines al Gobierno.
En pleno periodo de silencio electoral, establecido previo a las elecciones generales del domingo 30 de noviembre, los analistas concuerdan en que, con la cadena de Luis Redondo, vuelve a surgir una pregunta inevitable: ¿Cuántas veces debe Honduras escuchar las mismas recomendaciones para finalmente aprender de su historia? LB
