Tegucigalpa – Tras la sesión realizada por más de 70 diputados, el Congreso Nacional levantó el estado de excepción coincidieron este miércoles juristas nacionales que destacan que con esta determinación, el Legislativo realizó el contrapeso que se ha visto socavado en los últimos años.
La exfiscal de derechos humanos del Ministerio Público, Sandra Ponce, indicó durante una entrevista al foro televisivo Frente a Frente, de Televicentro y que dirige Renato Álvarez, que la crisis constitucional actual tiene que ver con la organización del poder y recordó que la Constitución ordena el poder en tres poderes del Estado para que existan pesos y contrapesos, para auto controlarse, “pero estos controles no están funcionando y lo más dramático lo vemos en el Congreso Nacional”.
La buena noticia, destacó Ponce, es que “ayer el Congreso se reunió y decidió levantar este estado de excepción, cumpliendo así la función constitucional que tiene de hacer un control legislativo de las acciones del ejecutivo cuando estas no están enmarcadas en la ley”.
Una vez que el Congreso Nacional está reunido y las sesiones fueron prorrogadas conforme a la Constitución, “entonces yo creo que esto es algo que tenemos que reafirmar, no hay ya estado de excepción. El Congreso decretó, cumpliendo sus competencias constitucionales, levantar este estado de excepción”, afirmó.
La profesional del derecho destacó que hubo un llamado de Naciones Unidas donde varios países, en el marco del Estado Periódico Universal (EPU), Suiza, por ejemplo, que actualmente preside el consejo de Derechos Humanos, lo dijo en un lenguaje muy fuerte: poner fin al estado de excepción, y eso fue lo que ocurrió ayer.
Por su parte, la exdirectora de Fiscales del MP, Danelia Ferrera, resaltó que el grupo de juristas que concluyeron que la crisis constitucional actual derivada de un proceso de concentración de poder y debilitamiento de los contrapesos institucionales, están defendiendo la institucionalidad. “Cada uno de los autores y titulares de las instituciones sabe cuáles son sus funciones”.
Ferrera refirió que la observación 25 del Comité de Derechos Humanos establece con claridad que en procesos electorales no pueden haber interferencias de los órganos persecutores y que las actuaciones judiciales pueden afectar el proceso electoral per se. VC
