Honduras llega a estas elecciones con un Estado debilitado por cuatro años de clientelismo, aumento de la burocrática sin criterio técnico y un uso sistemático de la propaganda como sustituto de gestión. El aparato público no creció para modernizarse, sino para alimentar redes de dependencia política. El resultado es un Estado más grande, pero menos capaz.
En los meses recientes, esa fragilidad se ha vuelto más visible. Diversas instituciones han sido movilizadas —de forma abierta o sutil— para participar en concentraciones oficialistas, a veces bajo presión velada. No está claro cuántos recursos se han desviado hacia estas actividades, pero sí es evidente que la frontera entre función pública y activismo partidario prácticamente ha desaparecido. La administración ya no actúa como contrapeso: se ha convertido en parte de la maquinaria electoral.
El trasfondo es aún más revelador. El actual Estado hondureño ha sido configurado para producir dependencia, no resultados. La proliferación de cargos, asesorías y estructuras ad hoc no fortaleció la capacidad administrativa: creó una base de lealtades sostenida por recursos públicos. Es un sistema donde el poder se mantiene no por eficacia, sino por la capacidad de distribuir beneficios y controlar el relato. Así, la propaganda sustituye la rendición de cuentas y la expansión estatal alimenta vulnerabilidad en lugar de resolverla.
A esto se suma la reducción de los flujos del narcotráfico hacia la política, producto de la actual —y bienvenida— presión estadounidense. Durante años, ese dinero lubricó campañas y pactos. Su merma reveló la fragilidad de muchas alianzas sostenidas más por incentivos que por convicciones. Ante la disminución de recursos, el oficialismo reforzó su dependencia del aparato estatal para retener apoyos, intensificando tanto la presión sobre los empleados públicos como el uso político de las instituciones.
En este contexto, la candidatura de Rixi Moncada no se sostiene en un proyecto de gobierno, sino en la estructura estatal que el oficialismo ha moldeado para sobrevivir. Su campaña descansa en un entramado de dependencias: empleados públicos movilizados, recursos institucionales reorientados y una base política alimentada más por la necesidad que por la convicción. No es una plataforma programática, sino la administración de una maquinaria que funciona porque el Estado ha sido puesto a su servicio.
Pero el desafío va más allá de la coyuntura. Un Estado capturado no puede reformarse desde dentro. Ninguna modernización administrativa prosperará mientras las estructuras respondan a intereses partidarios. La reconstrucción institucional —profesionalizar la función pública, recuperar la meritocracia, restituir la independencia de los poderes y activar la transparencia y rendición de cuentas, solo será posible si antes existe un quiebre político claro.
Por ello, por una parte, la oposición solo podrá iniciar un proceso real de recuperación del Estado si obtiene una victoria electoral contundente, capaz de interrumpir el ciclo de apropiación institucional y abrir espacio a una reorientación del aparato público hacia su función original.
Por otra, el ciudadano hondureño no vota únicamente para rechazar un mal gobierno y, por consiguiente, un modelo agotado, a todas luces. Hoy estamos llamados a votar para recuperar lo que el país merece tener:
• un Estado eficiente que funcione sin corrupción ni nepotismo;
• instituciones que respondan al interés público y no a una facción;
• poderes independientes capaces de equilibrar los contrapesos;
• una administración profesional guiada por servidores públicos capaces; y
• una República donde la ley, la transparencia, la rendición de cuentas y la dignidad ciudadana no dependan del gobierno de turno.
En otras palabras, lo que está en juego no es solo el rumbo político del país. Es la posibilidad de reconstruir un Estado que proteja, administre y rinda cuentas; un Estado que vuelva a ser instrumento del bien común y no de un poder partidario.
El 30 de noviembre no definirá únicamente quién ejercerá el gobierno. Definirá si Honduras inicia el camino —posible, necesario y profundamente democrático— de recuperar su Estado, su institucionalidad y el futuro de nuestra nación.
