Tegucigalpa– A 18 días de las elecciones generales en Honduras, la prolongación por 45 días del estado de excepción ha encendido alarmas entre organizaciones de sociedad civil y observadores internacionales, por lo que la demanda es suspender la medida, ya que pone en riesgo el proceso electoral.
– La ampliación consecutiva del estado de excepción, que contraviene el artículo 187 de la Constitución de la República, debilita el Estado de derecho y las garantías fundamentales de la ciudadanía.
-Si bien la medida fue implementada como parte del Plan para el tratamiento de la extorsión, sus resultados no han sido contundentes. Por lo que demanda suspender la medida.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), y Transparencia Internacional advierten que la medida vulnera derechos fundamentales, debilita el Estado de derecho y pone en riesgo la transparencia del proceso electoral.
Según el informe, dado a conocer este jueves por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), advierte que la nueva prolongación de 45 días al estado de excepción declarado por el gobierno hondureño no solo vulnera derechos humanos, sino que amenaza directamente la integridad del proceso electoral que se celebrará el próximo 30 de noviembre.
A 18 días para la celebración de elecciones generales, el capítulo hondureño de Transparencia Internacional cuestionó la 25ta ampliación consecutiva del estado de excepción, que contraviene el artículo 187 de la Constitución de la República, debilita el Estado de derecho y las garantías fundamentales de la ciudadanía.
“Un país bajo estado de excepción enfrenta riesgos graves: limitación de libertades, concentración de poder y condiciones que pueden afectar la participación ciudadana y la confianza en los resultados. La democracia no puede sostenerse sobre restricciones arbitrarias”, recalcó la organización de sociedad civil.
Cabe señalar que además de suspender garantías fundamentales como la libertad de asociación y reunión, las declaratorias de estado de excepción no han cumplido con lo establecido en el Art. 187 de la Constitución para su aplicación legal. En la mayoría de los casos, la ratificación de los decretos por parte del Congreso Nacional ha excedido el plazo establecido y en otros, la declaratoria no fue ratificada.
Si bien la medida fue implementada como parte del Plan para el tratamiento de la extorsión, sus resultados no han sido contundentes. Entre noviembre de 2022 y junio de 2025, apenas 294 de 1,959 denuncias por extorsión terminaron en sentencia judicial condenatoria.
A esto se suman los señalamientos surgidos a raíz del reciente Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual ha señalado esta práctica como una preocupación crítica, instando al Estado hondureño a fortalecer sus instituciones democráticas y garantizar elecciones libres, transparentes y seguras.
Países como Francia, Alemania, Reino Unido y Corea del Sur pidieron su levantamiento inmediato y recordaron que medidas excepcionales deben ser temporales y proporcionales. Por su parte, España, Canadá, Brasil y Austria exigieron proteger la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) frente a presiones políticas.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales coinciden en que el estado de excepción no ha resuelto la inseguridad, pero sí ha debilitado las garantías constitucionales y la independencia de los poderes públicos.
ASJ ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidadante la Corte Suprema de Justicia y ha informado del caso a instancias internacionales, ante la falta de respuesta institucional y la persistencia de un marco jurídico ambiguo que erosiona la legalidad.
Ante este contexto, para proteger los derechos humanos y el espacio cívico, y garantizar elecciones en condiciones de libertad y transparencia, ASJ demanda suspender el estado de excepción,restituyendo plenamente los derechos y garantías constitucionales; respetar la independencia de los poderes públicos, especialmente del Poder Judicial y los órganos electorales, y adoptar políticas de seguridad ciudadana basadas en derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, concluye el informe. IR
