Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), presentó este lunes una denuncia ante el Ministerio Público contra funcionarios del Poder Ejecutivo y otras autoridades por la promoción, autorización y ejecución irregular del proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en el archipiélago Islas del Cisne, declarado área natural protegida por ley.
De acuerdo con la denuncia realizada a través de su Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de la ASJ, el proyecto de la cárcel de máxima seguridad vulneró la normativa ambiental, omitió la consulta previa a comunidades locales y la modalidad de contratación aprobó procedimientos opacos y contrarios a la ley.
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El proyecto fue impulsado en 2023 y 2024 bajo el Plan de Seguridad Nacional “Solución Contra el Crimen”, mediante los Decretos Ejecutivos PCM (PCM-28-2023, PCM-29-2023, PCM-18-2024 y PCM-190-2024), que habilitaron procedimientos excepcionales y contrataciones directas sin cumplir con la normativa ambiental ni de contratación pública.
La demanda destaca que los estudios que respaldaron la viabilidad del controvertido proyecto se realizaron en menos de una semana, sin rigor técnico ni científico, y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) negó el acceso a expedientes solicitados por ALAC, violando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Pese a esa situación, el 5 de julio de 2024, la Serna otorgó licencia ambiental sin cumplir los requisitos legales ni realizar procesos de socialización.
Tras tres licitaciones fallidas, la información que corresponde a este proyecto se encuentra bajo reserva, aún y cuando el 12 de septiembre de 2024 el pleno de comisionados del IAIP emitió la resolución SO-314-2024 en la que, tras analizar los PCM ejecutivos y la legislación nacional e internacional, declara sin lugar la solicitud de reserva presentada por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
La denuncia también señala que se omitió la consulta previa, libre e informada a las comunidades garífunas, misquitas y de Guanaja.
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De acuerdo a lo reportado por las poblaciones afectadas, el único cabildo abierto se realizó en Guanaja, el 6 de marzo de 2024 y el mismo reflejó el rechazo ciudadano al proyecto.
ASJ fundamentó su denuncia en los artículos 145 y 80 de la Constitución de la República, artículo 1 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Convenio 169 de la OIT y artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a un ambiente sano y a la participación ciudadana.
La organización solicitó a la Fiscalía admitir la denuncia e iniciar de oficio las investigaciones correspondientes, requerir a las instituciones involucradas la documentación respectiva, investigar la legalidad de los decretos PCM y ordenar la suspensión inmediata de cualquier acción de construcción en las Islas del Cisne. VC
