Tegucigalpa – De acuerdo con el último análisis de NODO, cuando el calendario marca pocas semanas para los comicios, el ambiente electoral hondureño ya entró en su fase más crítica. La empresa Unión Latin Cargo se retiró del contrato de transporte de material electoral, dejando en evidencia la debilidad de la logística del Consejo Nacional Electoral (CNE) y abriendo paso a una polémica alternativa: la custodia militar de las papeletas.
– La tensión crece día a día entre el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público y la sociedad civil.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, reaccionó con un proceso expedito para sustituir a la empresa, pero, según fuentes internas, el consejero Marlon Ochoa habría sugerido que los militares asumieran el transporte, en una maniobra que despierta sospechas sobre la neutralidad del proceso.
En Libre, el partido oficialista, la idea parece ideal: papeletas trasladadas en vehículos conducidos por antiguos subordinados del Ministerio de Defensa, donde aún resuena la influencia de Rixi Moncada, dice NODO.
Verdades paralelas: la guerra de los conteos
Mientras tanto, el país se prepara para un choque de narrativas. Las encuestas de boca de urna, los conteos rápidos y las fotos de actas circularán en redes sociales mucho antes de que el CNE active el sistema de transmisión de resultados (TREP).
La candidata Rixi Moncada ha ordenado priorizar las actas físicas sobre las transmisiones digitales, creando una ventana de incertidumbre de varias horas —o incluso días— en la que solo su versión podría tener sello oficial. Pero los observadores internacionales y la ciudadanía, advierten expertos, no esperarán permiso para difundir sus propios datos.
El punto de quiebre será a las 9:00 p.m. del 30 de noviembre, cuando, según la ley electoral, los tres consejeros deben presentar juntos el primer corte de resultados. Si lo hacen separados o uno de ellos se ausenta, el CNE podría quedar políticamente sepultado en vivo ante las cámaras. Como sucedió en el simulacro que Ochoa, salió al paso solo.
Ministerio Público y la presión judicial
EL análisis también advierte que en paralelo, el Ministerio Público (MP) intensifica acciones que, según analistas, buscan condicionar el escenario postelectoral. El fiscal Johel Zelaya ha protagonizado una ofensiva que debilita al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), mientras los conflictos legales entre Cossette López y el propio Johel dividen a la Corte Suprema de Justicia.
Una coalición civil renace
Ante este panorama, sectores empresariales y sociales —entre ellos el COHEP, ASJ, REDH, RDD, CAH y el CONADEH— han comenzado a actuar en bloque, no por coordinación, sino por supervivencia.
Exigen logística civil, respeto a la ley electoral y participación masiva como antídoto ante un proceso que consideran “torcido” por la presión oficialista.
Después del 30: el dilema de la legitimidad
Si Libre logra imponerse, su principal reto será la legitimidad. Las misiones internacionales compararán sus conteos con los nacionales y no esperarán la aprobación del CNE para enviar reportes a Washington o Bruselas.
El mejor escenario para el oficialismo sería un reconocimiento externo con dudas documentadas; el peor, un aislamiento diplomático que obligue a reconstruir relaciones bajo sospecha.
Pero si la oposición liderada por Nasralla o Asfura encabeza los conteos no oficiales, enfrentará un escenario igualmente volátil: un triunfo sin garantías de ejercer el poder, ante un Ministerio Público y un Congreso aún controlados por Libre.
El escrito de NODO, concluye que, a tres semanas de las elecciones, el CNE avanza entre presiones militares y fiscales, mientras los partidos preparan su guerra de narrativas y la población deberá mostrar civismo y con su voto razonado buscar el país que quiere. LB
