Tegucigalpa – El Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División Roosevelt Leonel Hernández, en una entrevista que brindó desde Belén, para Brasil, lanzó acusaciones contra el empresario Jorge Canahuati, presidente del Grupo OPSA, a quien responsabilizó de “orquestar una campaña pública en su contra y contra las Fuerzas Armadas” en medio del proceso electoral hondureño.
– El jefe castrense asegura que los audios ventilados por el Fiscal General que involucran a una consejera del CNE, un jefe de bancada y un militar, son auténticos.
– Hernández con sus declaraciones hace caso omiso de la instrucción de la presidenta del CNE, de que no debe referirse al proceso electoral, al estar bajo el mando del órgano electoral.
El jefe castrense acompaña a la presidenta Xiomara Castro, en gestiones bilaterales con autoridades brasileñas, y la entrevista ha sido replicada en el periódico digital de las Fuerzas Armadas.
En dicho artículo, Hernández ofreció detalles sobre las medidas disciplinarias y operativas tomadas por la institución ante lo que calificó como una “conspiración electoral”.
Cinco coroneles fueron puestos a disponibilidad y otros oficiales reubicados, luego de que manipularan un informe interno filtrado a medios tras las elecciones primarias, mientras que un oficial señalado de supuesta plática de complot con la consejera del CNE, Cossette López, fue colocado bajo funciones supervisadas.
El General afirmó que la campaña mediática en su contra tendría su origen en intereses económicos interrumpidos entre OPSA y empresas vinculadas al Instituto de Previsión Militar, y que la ofensiva pública es parte de un entramado donde actores públicos y privados se confunden con estructuras de crimen organizado.
A renglón seguido la entrevista da cuenta que Hernández señaló que estas maniobras buscan influir en la política mediante lavado de activos, empresas de maletín y confabulación con agentes económicos y financieros.
En el ámbito operativo, Hernández destacó que las Fuerzas Armadas custodiarán el transporte y seguridad del material electoral, capacitando a su personal para proteger maletas, kits electorales, sedes de votación y la infraestructura de transmisión de datos. Asimismo, defendió la decisión del CNE de adjudicar el transporte de material electoral a la empresa Unión Latin Cargo y reafirmó la coordinación interinstitucional con Policía Nacional y Ministerio Público.
Según el general, también hay riesgos que podrían afectar el conteo electoral, incluyendo manipulación de datos o desaparición de material físico, e informó que la institución solicitó por ley al CNE copias físicas de los registros generados en las juntas receptoras para garantizar la verificación del sufragio. Todo esto obviando señalamientos de distintos sectores que ven con preocupación que del titular militar se extralimita en sus funciones con la venia del Ejecutivo.
Las declaraciones del jefe militar, que incluyen —según él — la autenticidad de audios divulgados por el Ministerio Público, ponen en evidencia un cruce intenso entre seguridad nacional, proceso electoral y actores mediáticos y económicos, generando preocupación sobre la manipulación de información y la estabilidad institucional.
Hernández advirtió que negar la veracidad de estos audios sería “defender algo indefendible” y convertiría a quienes lo hagan en cómplices del engaño.
Este caso evidencia la fragilidad de la libertad de expresión y la tensión institucional en Honduras, donde los señalamientos cruzados entre empresarios de alto perfil, Fuerzas Armadas y medios de comunicación subrayan los retos para garantizar un proceso electoral transparente y seguro en las próximas semanas. LB
