Tegucigalpa- El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, denunció este martes ser víctima de una persecución política orquestada desde el oficialismo, luego de que el Ministerio Público (MP) presentara ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio en su contra y en la de su homóloga, Miriam Barahona, por el presunto delito de prevaricato judicial.
Flores Urrutia afirmó que en los últimos días ha notado vehículos sospechosos siguiéndolo, situación que calificó como parte de una campaña de intimidación. “He encomendado mi vida a Dios. Lo que está ocurriendo es una persecución desmedida, una copia de lo que pasa en Venezuela”, expresó el magistrado.
El funcionario insistió en que el antejuicio promovido por el Ministerio Público no procede, ya que sus actuaciones y las de la magistrada Barahona se apegaron estrictamente a la ley. “Nosotros no nos arrepentimos de aplicar la ley. No vemos si es Cálix, Pedro o Juan, simplemente cumplimos con lo que manda la normativa electoral y constitucional”, manifestó.
Flores aseguró que la acción del MP tiene como objetivo “asaltar y dar un golpe a las instituciones electorales”, debilitando la independencia del TJE. “Honduras quiere paz, quiere democracia, y este antejuicio representa una instrumentalización del Estado y un atentado contra la democracia del país”, subrayó.
De acuerdo con el magistrado, la persecución se extiende a otros miembros de los órganos electorales, incluyendo a la consejera del CNE abogada Cossette López, a su colega Miriam Barahona y al diputado Zambrano, quienes —dijo— también han sido objeto de presiones e intimidaciones.
“El Ministerio Público está obedeciendo directrices del Ejecutivo, eso es evidente. Hay una persecución marcada y dirigida contra quienes no se someten a intereses políticos o ideológicos”, denunció.
Flores Urrutia sostuvo que las resoluciones que emitieron junto a Barahona fueron fundamentadas en la Constitución de la República, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, y diversos tratados internacionales, como la Carta Interamericana de Derechos Humanos.
“Este no es un caso de ilegalidad, sino de independencia institucional. Las decisiones que tomamos fueron apegadas a derecho y dentro de nuestras competencias”, concluyó.LB
