Tegucigalpa – Diversas organizaciones de la sociedad civil hondureña presentaron este lunes un llamamiento urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando la adopción de medidas cautelares para resguardar la democracia, la independencia de los órganos electorales y los derechos políticos de la ciudadanía.
La solicitud, dirigida al comisionado José Luis Caballero Ochoa, expone lo que los firmantes califican como una “crisis institucional y electoral sin precedentes” en Honduras, caracterizada por la militarización del proceso electoral, la interferencia política en los órganos electorales y la erosión de la independencia judicial y legislativa.
Petición formal a la CIDH
Con base en los artículos 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Reglamento de la CIDH, las organizaciones piden:
Garantizar la independencia y seguridad de los magistrados del CNE y del TJE, así como la protección de su personal y documentación. Preservar los archivos y sistemas informáticos electorales, impidiendo su manipulación por fuerzas externas.
Además, la solicitud incluye prohibir el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de control político o electoral. Enviar una misión de observación técnica de la CIDH para verificar la situación del Estado de derecho y mantener abierta la medida cautelar hasta restablecer la plena normalidad democrática.
Graves denuncias sobre el deterioro democrático
La petición se hace por múltiples situaciones de crisis, es así que el documento pone en contexto las distintas situaciones.
Primero detalla que el estado de excepción, decretado originalmente en diciembre de 2022, ha sido prorrogado más de 20 veces, extendiendo su vigencia hasta noviembre de 2025 y manteniendo suspendidos derechos fundamentales como la libertad de circulación y de reunión. Según las organizaciones, esta situación “ha convertido lo excepcional en norma”, afectando el ejercicio de los derechos políticos en el contexto electoral.
Asimismo, señalan fallas graves en las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, atribuibles —afirman— al incumplimiento de las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas en el transporte y resguardo del material electoral, sin que el Ministerio Público haya investigado las denuncias.
Órganos electorales
El escrito también denuncia la divulgación irregular de una conversación atribuida a una consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Fiscal General, con unos audios divulgados públicamente, acción que, según los firmantes, violenta la presunción de inocencia, el debido proceso y la autonomía del órgano electoral.
Asimismo, se remarca como uno de los hechos más graves, según la petición, ocurrió el 28 de octubre de 2025, cuando tras una resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en favor de un candidato, el Ministerio Público ordenó el allanamiento e incautación de documentación del tribunal. Las organizaciones califican esta acción como una “intervención directa e inconstitucional” en un órgano jurisdiccional autónomo, contraria a la separación de poderes establecida en el artículo 4 de la Constitución.
Militarización del proceso electoral
El documento también hace referencia a una orden ejecutiva emitida el 30 de octubre de 2025 por la presidenta de la República, mediante la cual las Fuerzas Armadas fueron puestas a disposición del CNE con la instrucción de garantizar la transmisión y resguardo de actas electorales, una función que, según los solicitantes, no está contemplada en la Constitución ni en la Ley Electoral, y representa una “extralimitación del Poder Ejecutivo”.
Crisis del Congreso y riesgo de parálisis institucional
La solicitud de las organizaciones, además, alerta sobre la inactividad del Congreso Nacional, que ha obligado a un grupo de diputados a autoconvocarse para reanudar sus funciones legislativas, mientras el presidente del Legislativo mantiene una “Comisión Permanente” operando fuera del marco constitucional. Este escenario —advierten— podría obstaculizar la declaración de resultados electorales y agravar la crisis democrática.
Una amenaza real
El documento concluye advirtiendo que Honduras se encuentra “ante una amenaza inminente y real contra su democracia”, y que la intervención de la CIDH es “esencial para prevenir daños irreparables a la institucionalidad democrática y a los derechos fundamentales de millones de ciudadanos”.
Entre los firmantes destacan Mario Hung Pacheco, coordinador de Defensores de Honduras; Arnoldo Avilés, coordinador de Ciudadanos en Acción; Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras; Fabiola Rosa, directora de Fe y Gobierno; el pastor Evelio Reyes, coordinador de Cristianos por Honduras; Carolina Alduvin Sainz, presidenta de Mujeres por Honduras; y Víctor Manuel Galeano, presidente de UNHO-Honduras.
Con este llamamiento, las organizaciones esperan que la Comisión Interamericana actúe de forma inmediata, ante lo que consideran un deterioro alarmante del orden constitucional y la independencia electoral en el país. LB
