Tegucigalpa (Especial Congreso Nacional) – La sombra del narcotráfico, el crimen organizado, el uso del dinero público y de la corrupción siguen vigentes en el espectro electoral hondureño. Así se colige de las declaraciones de expertos y líderes de opinión que han expresado su preocupación frente a la vulnerabilidad de las campañas políticas, en las que no existe control alguno sobre el origen de los fondos.
– La sombra del narcotráfico y el uso de dineros estatales para financiar la campaña electoral vuelven a aparecer.
La distribución de bonos estatales, como el llamado Climático, cafetero, agrícola, de la tercera edad, estudiantil, madre soltera, solidario, entre una serie de otras denominaciones, es más una parte de la fiesta de los dineros públicos y en la que también se incluyen transferencias, ejecuciones, asignación de contratos y los usos discrecionales de los recursos del Estado.
En ese ambiente y mientras la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), más conocida como la Unidad de Política Limpia, continúa sin la aprobación del presupuesto que le permita hacer su trabajo, tampoco se sabe otro tipo de origen que pueden tener los gastos de las campañas, en los que la sombra del narcotráfico sigue absolutamente vigente.
No son lejanas las imágenes del uso de dinero público en las pasadas campañas del expresidente Juan Orlando Hernández, como los denunciados actos de corrupción que sacudieron la conciencia pública, así como el uso de fondos procedentes del narcotráfico, tal como se denunciaron en los juicios de Nueva York, Estados Unidos.
Y posteriormente esas imágenes se vieron refrendadas en agosto del 2024 cuando la opinión pública se vio estremecida al divulgarse el narcovideo, donde el cuñado de la presidenta Xiomara Castro y a entonces secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya se vio en un encuentro con poderosos barones de la droga negociando la entrega de más de 600 mil dólares para financiar la primera campaña general de Libre en 2013.
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Y si eso fuera poco, este año se divulgó otro video donde se observa y escucha a la diputada Isis Cuéllar, vicepresidenta del Congreso Nacional, conversando con el entonces ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, sobre el desvió de fondos estatales para la campaña de las elecciones primarias en Libre.
Mientras este mes de octubre se ha destacado por las imágenes de entregas de un llamado bono climático y donde se acentúa a medida que se acerca el 30 de noviembre, día de emisión del voto electoral, con la entrega de cantidades inimaginables de dinero en efectivo, mientras al salir los beneficiarios denunciaron que los funcionarios que entregaban el bono les llamaban a votar por la candidata oficialista Rixi Moncada.
La práctica de entregas de bonos desde el gobierno no es nueva, se remontan a décadas atrás desde que el país retornó al orden constitucional en 1982, pero cada periodo gubernamental se es más descarado su uso y manejo, recrudeciéndolas acciones del uso del dinero público.
Sin dinero para fiscalizar
Y la brecha aumenta estas elecciones cuando el Congreso Nacional no ha aprobado el presupuesto de 82 millones de lempiras solicitados por la Unidad de Política Limpia (UPL) para hacer una fiscalización de la procedencia y uso del dinero por los partidos políticos y los candidatos a cargos de elección popular.
Diversos sectores señalaron que los más beneficiados pueden ser los actores que no juegan con las reglas de la política limpia.
La comisionada de la UPL, Ivonne Ardón, dijo a Proceso Digital que a 34 días de los comicios continúan sin el dinero y el tiempo se está acortando y que existe preocupación porque su cronograma de actividades se encuentra virtualmente detenido.
Señaló que actualmente realizaron una serie de actividades de capacitación porque cuentan con el apoyo de las oficinas de las Naciones Unidas, PNUD y ONU Mujeres, que ejecutan fondos aportados por la Unión Europea (UE).
Ardón señaló que la preocupación de la Unidad es que no han salido a hacer la fiscalización concurrente, que consiste en acudir a las comunidades para levantar in situ la propaganda expuesta por los más de 2 mil candidatos que buscan un cargo público.
Igualmente, no han acompañado las colectas populares que hacen los candidatos para financiar sus campañas electorales y que han sido autorizadas por la referida Unidad.
También señaló que tienen listos los términos de referencia para las compras y adquisiciones y tienen preparadas las bases, pero no las pueden lanzar porque el presupuesto no está aprobado y es un requisito de la legislación.
Señaló que la falta de presupuesto “lesiona el proceso electoral”, ya que la Unidad no podrá dar certeza que los fondos que financian a los candidatos “sean de origen lícito”, recordando que hay muchos candidatos que no han abierto cuentas en los bancos y eso es un mal mensaje para los electores, ya que dicen no se quiere que se auditen esos recursos.
Recordó que la Unidad requiere el acompañamiento de todos los actores si existe el compromiso para que no haya recursos del crimen organizado y que no se sigan utilizando fondos públicos.
¿Cuál es la motivación para que no se fiscalice?
De su lado el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, dijo a Proceso Digital que se pregunta ¿cuál es el motivo para que la junta directiva del Congreso Nacional no aprobará el fortalecimiento de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos?, así como no aprobaran el presupuesto de la UPL.
Hernández lamentó que, a pesar de la evidencia documentada e incluso judicializada de la penetración del dinero del narcotráfico en las campañas políticas, el Congreso Nacional se negara a fortalecer la referida ley, ya que se habían identificado inicialmente algunas áreas que necesitaban mejoras.
Igualmente se interrogó ¿Por qué se negaron a darle financiamiento a la unidad?, respondiéndose que una de las razones puede ser que el “dinero sucio sigue financiando las campañas políticas y la corrupción usando el dinero público”.
Hernández llamó a toda la población hacer de observador y castigar con el voto aquellos que se niegan actuar con transparencia y evitar que el dinero sucio siga contaminando la política y por ende contaminando la democracia.
Ya es tarde, aunque algo se puede hacer: J. Castellanos
La exrectora Julieta Castellanos consideró que fue un “acto planificado” entre los diferentes grupos políticos la no aprobación del presupuesto solicitado por la Unidad de Política Limpia, reclamando a la oposición que pudo ser más beligerante y exigente para demostrar con acciones que no estaba de acuerdo con el hecho de la no aprobación de los recursos.
Señaló que la referida UPL es débil por la falta de presupuestos, no tiene presencia nacional, sin capacidad de seguimiento y carece de una legislación robusta para que sus resoluciones sean aplicadas.
Señaló que muchos candidatos no abrieron cuentas y siguen activando por conseguir un puesto de elección popular y no pasa nada.
“Ya es tarde aparentemente, pero todavía algo podrían hacer”, de lo contrario “volverán los fondos a la campaña de origen ilícito”, pero también el uso del presupuesto nacional para la campaña ha sido realmente inocultable, señaló a Proceso Digital.
Financiamiento público para campaña
Cada cuatro años en época electoral, se observan mayores aumentos al Presupuesto General de la República, donde es prioridad el gasto asociado a clientelismo político, desviándose de las verdaderas prioridades y necesidades de la población.
La experta en finanzas públicas, Lilian Rivera caviló que desde la sociedad civil vemos con preocupación que el manejo del presupuesto público en Honduras se ha vuelto altamente discrecional. Las modificaciones presupuestarias sin criterios técnicos, el aumento para otorgamiento de transferencias monetarias conocidos como bonos y aumento de asignaciones para salarios sin justificación clara y el gasto excesivo en publicidad son señales que alertan sobre el posible uso político de los recursos públicos, que provienen de los impuestos que pagamos como población.
Además, -citó- es de resaltar que la Ley Electoral prohíbe expresamente el uso de fondos públicos para fines propagandísticos, porque esto genera una competencia desleal entre el candidato oficialista y los demás aspirantes. Esta situación, crea una falsa percepción de bienestar que oculta las deficiencias reales en la prestación de servicios públicos.
El financiamiento público de las campañas debe servir para equilibrar la competencia electoral, no para fortalecer al poder de turno como ayuda para perpetuarse, debilitando la democracia. Es urgente exigir mayor transparencia, control ciudadano y sanciones efectivas cuando los recursos del Estado se utilizan con fines partidarios, resumió Rivera.
Candidatos de Libre, los más beneficiados
Los diputados y candidatos del partido de gobierno de Libertad y Refundación (Libre) son los más beneficiados con que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) siga sin presupuesto a un poco más de un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre.
“Aquí el más beneficio que la Unidad de Política Limpia no tenga el presupuesto es a los diputados y candidatos del oficialismo ya que para nadie es un secreto que las subvenciones continúan en el Congreso Nacional”, dijo a Proceso Digital el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.
El parlamentario reclamó que a la fecha no ha existido ninguna fiscalización acerca del dinero de las subvenciones y por otro lado, agregó, “no hay ninguna fiscalización de todos los eventos que ha hecho el gobierno de la República en la inauguración de obras y otras cosas que han sido partícipes todos los candidatos a alcaldes y diputados del oficialismo”.
Umaña mencionó también que el riesgo mayor estriba en que el crimen organizado permee todas las campañas electorales al no existir la fuerza numérica necesaria, ni el equipo técnico para la monitorización de las redes sociales. (PD)
