La Haya.- La Corte Penal Internacional (CPI) determinó este jueves que tiene jurisdicción para juzgar al expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos cuando el país aún era miembro del tribunal, pese a que el entonces mandatario retiró a Filipinas del tratado de la Corte en 2018 para intentar anular esa competencia.
La Sala de Cuestiones Preliminares rechazó el recurso con el que la defensa de Duterte intentaba cuestionar la jurisdicción de la CPI sobre los hechos ocurridos antes de que el expresidente anunciara la retirada del país del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte, en marzo de 2018 -que se hizo efectiva un año después-, tras la apertura por parte de la Fiscalía de un examen preliminar sobre Filipinas.
Los jueces concluyeron que el examen preliminar iniciado por la entonces fiscal Fatou Bensouda en febrero de 2018 constituye “un asunto ya bajo consideración de la Corte”, antes de que la retirada fuese efectiva, lo que garantiza la continuidad de los procedimientos en curso aunque un Estado abandone el tratado.
El tribunal recordó que Filipinas fue Estado parte entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, periodo durante el cual se habrían cometido los presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a la conocida como “guerra contra las drogas”, que dejó miles de muertos.
Según la decisión, la Corte mantiene plena competencia sobre esos hechos, ya que se produjeron cuando el país estaba jurídicamente obligado por el Estatuto.
La defensa sostenía que la CPI perdió jurisdicción porque la investigación formal fue autorizada en 2021, cuando Filipinas ya no era parte del tratado.
Los magistrados rechazaron ese argumento y subrayaron que permitir que un Estado se retire para evitar el escrutinio internacional contradiría el propósito del Estatuto, que busca «poner fin a la impunidad» por los crímenes más graves”.
La decisión también desestima la petición de la defensa de aplazar el fallo hasta determinar la supuesta incapacidad médica de Duterte para afrontar el juicio, al considerar que la cuestión de jurisdicción es prioritaria y debe resolverse antes de cualquier otra.
La CPI también rechazó a principios de este mes la libertad provisional de Duterte, solicitada por su defensa por motivos de salud, y ordenó que siga detenido, al concluir que existe el riesgo de fuga, de obstrucción de la investigación y de reiteración de los crímenes.
Añadió que existen antecedentes de presiones a testigos y amenazas contra opositores y que no se han presentado razones médicas o humanitarias suficientes para justificar la liberación.
Duterte, de 80 años, fue arrestado en marzo pasado en Manila y trasladado a La Haya tras la emisión de una orden de detención por presuntos crímenes de lesa humanidad. La resolución de hoy despeja el camino para que el proceso continúe.
La CPI había aplazado el pasado septiembre una audiencia de confirmación de cargos contra Duterte, que estaba planeada para el día 23 de ese mismo mes, después de que su defensa alegara que el político octogenario no está en condiciones médicas de enfrentar un proceso judicial. EFE/ir
