Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – La mora en los juzgados laborales de Honduras se ha convertido en una sentencia anticipada para miles de trabajadores que, al interponer una demanda, deben decidir si hacen también un testamento, pues son sus herederos quienes, después de una década o más, terminan cobrando lo que en vida nunca les fue reconocido.
– Justicia laboral en Honduras más de una década para una sentencia, al menos 300 trabajadores han muerto sin una resolución de su demanda.
-Expedientes que duran entre 10 y 20 años, audiencias suspendidas por causas triviales y miles de casos en espera revelan una crisis estructural que amenaza con colapsar el sistema judicial hondureño.
-El 65 % de las demandas contra el Estado corresponden a trabajadores gubernamentales despedidos.
De esa acumulación de miles de demandas salariales que para resolverse tardan más de 10 años, el gobierno acumula pagos o deudas por casi 12 mil millones de lempiras a los que los tribunales laborales les obliga a pagar por despidos injustificados a sus empleados directos.
De hecho el 65 % de las demandas contra el Estado hondureño corresponden a demandas realizadas por trabajadores estatales que fueron despedidos de la administración pública.
El sistema judicial hondureño, atrapado en la ineficiencia y la falta de recursos y personal capacitado enfrenta una crisis estructural que golpea directamente a los más vulnerables: los trabajadores despedidos injustificadamente, removidos de sus puestos sin causa o en la mayoría de los casos víctimas de los malos procedimientos administrativos aplicados en el Estado.
Archivos interminables
Según informes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y de la Secretaría de Finanzas (Sefin), el 65% de los procesos judiciales que enfrenta el Estado corresponden a demandas laborales. Entre 2019 y 2024, estos casos pasaron de 1,879 a 7,373, un aumento de 5,494 en apenas cinco años.
La realidad es cruel: cada año que pasa, los demandantes ven crecer sus deudas y perder la esperanza, mientras el Estado acumula condenas que superan los 11,872 millones de lempiras pagados en juicios en los últimos cinco años, según informe de ASJ, en referencia.
En estadísticas oficiales del Poder Judicial encontramos que en los Juzgados del Trabajo actualmente reposan 9,308 expedientes activos; de estos, el 46% pertenecen a mujeres y el 51% a hombres. La mayoría son empleados del sector público, y la principal causa de despido según laboralistas causas arbitrarias relacionadas a cambios de gobierno.
Abogados litigantes relatan que las audiencias se suspenden por razones triviales: un apagón que obliga a reprogramar el juicio para dos años después; una jueza fracturada cuya incapacidad retrasó otro proceso por el mismo tiempo. Así, expedientes iniciados en 2019 o 2020 aún siguen sin sentencia en 2025.
“Un caso laboral contra el Estado dura en promedio cinco años como mínimo. Si el proceso llega a segunda instancia y casación, fácilmente se extiende de ocho a diez años. Para muchos trabajadores, ese fallo llega demasiado tarde”, advierte un profesional del derecho consultado.
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Tortuoso camino que recorre una demanda laboral
El camino de una demanda laboral es tortuoso. Desde agotar la vía gubernativa en la Secretaría de Trabajo hasta alcanzar un fallo en casación, los expedientes atraviesan hasta diez etapas procesales, con múltiples audiencias que fácilmente se suspenden. El resultado: juicios que, en el mejor de los casos, concluyen en una década.
Profesionales del derecho en materia laboral revelan que las audiencias en los juzgados laborales sufren constantes suspensiones por motivos a veces insólitos entre los que mencionan fallas de energía eléctrica, enfermedad de los jueces, lo que resulta en reprogramaciones que pueden extenderse hasta más de dos años.
Cada expediente en mora representa un rostro y una historia. El padre de familia que murió sin ver resuelto su caso de despido; la madre soltera que esperaba cobrar una liquidación para educar a sus hijos; los trabajadores de la tercera edad que fallecen antes de escuchar un fallo a su favor.
Abogados laboralistas consultados coinciden cuando dicen que sus clientes ya no preguntan cuánto durará el proceso, sino si deben dejar por escrito a quién le tocará cobrar cuando ellos mueran. “Así de trágica es la justicia laboral en Honduras”.
El presidente de los abogados laboralistas, Arturo Vides, afirmó a Proceso Digital, que nueve de cada diez demandas laborales en Tegucigalpa son interpuestas contra el Estado, reflejando lo que calificó como una “crisis judicial y administrativa” que golpea directamente a los trabajadores.
Vides explicó que los constantes cambios de gobierno agravan la situación, ya que cada partido que asume el poder desplaza a empleados para colocar a sus simpatizantes, lo que provoca cesantías masivas y, en consecuencia, una avalancha de juicios.
Aunque reconoció que en los últimos años se han implementado controles en el registro de plazas, advirtió que la práctica clientelar sigue generando conflictos legales que “se traducen en una pesada carga para las finanzas públicas y en una tragedia social para miles de familias”.
Seguidamente, el abogado reveló que entre los juzgados de San Pedro Sula y Tegucigalpa se acumulan alrededor de 30,000 expedientes laborales, los cuales avanzan “a cuentagotas”, con sentencias que pueden tardar entre 10 o incluso 20 años en completarse. “La justicia lenta es una denegación de justicia”, expresó, recordando que más de 300 trabajadores han fallecido en los últimos años sin recibir un fallo definitivo.
El costo humano de la mora judicial
En un país donde el trabajo formal es un privilegio escaso, la justicia debería ser el garante del derecho más básico: que el esfuerzo humano sea respetado y compensado en vida, no después de la muerte.
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Ante esta realidad, el gremio de abogados laboralistas ha iniciado lo que llaman un “funeral judicial”, una vigilia diaria, en memoria de la justicia social que, según ellos, está siendo “enterrada” por la falta de voluntad política.
En este punto señaló que una muestra es en cuanto a recursos, ya que en 2025 se asignaron apenas 30 millones de lempiras al Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, monto que se pretende repetir en 2026, pese al incremento constante de nuevas demandas.
Entonces “el Estado se sabotea a sí mismo: el Ejecutivo despide con malos procedimientos, el Poder Judicial retrasa las sentencias, y al final los salarios caídos y las prestaciones se multiplican. Después se quejan de las demandas millonarias, pero ellos son los responsables”, concluyó Vides.
Una crisis mayúscula
Por su parte el abogado Nery Velásquez, consultado por Proceso Digital, alertó sobre una inminente crisis mayúscula en los juzgados de Letras de lo Laboral en Francisco Morazán y San Pedro Sula, debido a la saturación de expedientes y a la lentitud en la resolución de los casos.
Velásquez detalló que actualmente los 12 jueces laborales asignados cargan entre 1,500 y 1,800 expedientes cada uno, lo que impide brindar la celeridad procesal que exige la Constitución y la ley. Además, hay profesionales que no cuentan con expertis en la materia laboral.
“Antes un juicio laboral, incluyendo apelación y casación, podía resolverse en tres años como máximo. Ahora las audiencias de conciliación y trámite se están fijando hasta para 2026 o 2027, y las sentencias pueden llegar hasta el 2030. Luego vienen las apelaciones, lo que significa que un caso puede resolverse hasta 2035 o 2036”, explicó.
El profesional del derecho denunció que, además de la sobrecarga, se ha producido una dilatación intencional de los procesos mediante excepciones y defectos procesales interpuestos por las instituciones del Estado, lo que prolonga injustificadamente los juicios. “Eso no es conveniente ni para el sistema ni para los trabajadores que esperan justicia”, sostuvo.
“El derecho laboral hondureño se rige por el principio de progresividad, pero en vez de avanzar, estamos retrocediendo. Los jueces y magistrados están llamados a tutelar, no a restringir los derechos laborales”, subrayó.
Finalmente, el abogado insistió en que la prioridad debe ser acelerar los procesos en todas las instancias. “Una demanda laboral no debería durar más de tres años, incluso con casación. Hoy estamos viendo casos que superan la década, lo que es una burla para los trabajadores. La mora judicial está convirtiéndose en una denegación de justicia”, concluyó.
Reconocimiento tardío y propuestas no viables
Recientemente la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, admitió que “la mora laboral es demasiado extensa” y que, aunque se nombren más jueces, la carga seguirá siendo insostenible si no se implementan mecanismos alternativos como la conciliación y el arbitraje.
En ese sentido se propuso una mesa técnica para tratar el problema de la excesiva mora judicial en materia laboral, sin embargo, los profesionales laboralistas, rechazan dicha propuesta, porque indican que ni siquiera han sido convocados, y por otra parte es una propuesta que no es viable.
Velásquez cuestionó que no se convoque a los abogados que litigan en la materia. “Están llamando al Estado, a la Procuraduría y al COHEP como patronal, pero se excluye a los profesionales del derecho laboral que conocen de primera mano la problemática. El debate debe ser abierto y plural, no cerrado”, señaló.
En consonancia Vides cuestionó la propuesta de la CSJ por implementar mecanismos de conciliación y arbitraje, al considerar que esto equivale a privatizar la justicia laboral. “El trabajador no tiene dinero para pagar árbitros, y la cláusula arbitral ya ha sido declarada ilegal en múltiples ocasiones”, subrayó.
La mora judicial no se mide solo en cifras, sino en vidas truncadas y esta carga judicial no solo erosiona la credibilidad del sistema de justicia; también mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones y perpetúa la impunidad patronal y de no tomarse medidas urgentes, el país enfrentará un colapso institucional en lo laboral. LB
