Tegucigalpa – Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó su preocupación por el retraso en la aprobación del reglamento de observación electoral, documento clave para permitir la participación de misiones nacionales en las próximas elecciones generales.
Aguilar señaló que, mientras no exista un reglamento aprobado, no es posible presentar solicitudes de observación nacional, ya que este define el procedimiento, el mecanismo para la entrega de credenciales y las condiciones de participación.
“Hemos escuchado, incluso de manera pública por parte de la consejera Cosette López, que hay intentos de torpedear los reglamentos, en especial los relacionados con la acreditación de observadores nacionales. Vemos un riesgo de politización para limitar la labor de estas organizaciones”, advirtió.
El representante de la ASJ recordó que, aunque ya existen convenios con misiones internacionales como la OEA, el mayor obstáculo se observa en el despliegue de observadores nacionales, entre ellos la Red por la Defensa de la Democracia, donde participan iglesias y organizaciones de gran capacidad de movilización.
Aguilar enfatizó que la acreditación es un derecho establecido en la Ley Electoral y la Constitución de la República, y que no puede negarse salvo en casos de inhabilitación, los cuales no aplican a ninguna de las organizaciones que han mostrado interés.
“Esto no es un favor que pedimos al Consejo Nacional Electoral, es un derecho. Lo que solicitamos es el visto bueno para formalizar ese derecho mediante un convenio entre las organizaciones y el CNE, y la entrega de acreditaciones”, puntualizó.
El director de Democracia y Transparencia también criticó la práctica recurrente del CNE de entregar credenciales tarde, lo que en el pasado solo ha permitido desplegar observadores en Tegucigalpa y, en algunos casos, en San Pedro Sula, pero no en todo el territorio nacional.
“Esperamos que no se den esas prácticas antidemocráticas y que pronto se apruebe el reglamento, para garantizar que todas las organizaciones que lo soliciten puedan contar con acreditaciones a tiempo y desplegarse en los 18 departamentos del país”, concluyó Aguilar.LB
