Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes un nuevo caso de corrupción en la Secretaría de Gobernación que implica al ministro Tomás Vaquero que supuestamente drenaron 103 millones de lempiras.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, comentó durante la presentación del informe «El negocio de gobernar: cómo el poder se sirve del pueblo» que hubo una operación amañada para beneficiar a familiares con contratos y que no se aplicaron los controles permitiendo que estructuras sigan con el drenaje de fondos públicos.
Indicó que en la toma de decisiones bastó que alguien desde la cima del poder decidiera de manera irresponsable.
Señaló que el ministro Vaquero autorizó que el Poder Legislativo administrara fondos que le corresponde al Poder Ejecutivo.
“Esto no fue un error, fue un acto deliberado que abrió la puerta al oportunismo y la impunidad”, dijo Castellanos en conferencia de prensa.
Puntualizó que el beneficiado es el clientelismo político en la que una aprobación de una iniciativa de un diputado para que una organización no gubernamental recibiera fondos mediante solicitudes arregladas ficticios que daba apariencia de legalidad.
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De su parte, el jefe de la unidad de investigaciones del CNA, Luis Urbina, reveló que el perjuicio económico fue de 103 millones 387 mil 277 lempiras.
Entre los señalados están el ministro Tomás Vaquero que lo involucran en la supuesta comisión de los delitos de administración desleal del patrimonio público y violación de los deberes de los funcionarios.
Asimismo, señalan a la exgerente administrativo de la Secretaría de Gobernación, Jackeline Lizzette Pinto Dubón de violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles de funcionario y fraude.
Urbina comentó que entre 2022 y 2023, la Secretaría de Gobernación facilitó la asignación de fondos para que se convirtiera en un esquema de clientelismo político.
En ese sentido, el informe retrata que la Secretaría de Gobernación reguló la asignación presupuestaria de 950 millones de lempiras aprobada en el artículo 292 de las disposiciones del Presupuesto del 2023 y su reglamento.
Responsabilizan al ministro Vaquero de excederse de sus funciones de su cargo al determinar la selección de ONGs que estarían a cargo de diputados.
Aseveró que el esquema comenzó en el Congreso Nacional ya que los diputados seleccionaban los proyectos y las ONG que se encargarían de realizarlos.
Vaquero delegó a Sergio Coello (actual ministro de Transparencia), pero que en la época señalada era el viceministro de Gobernación y la exgerente administrativa Jackeline Lizzette Pinto Dubón recepcionar documentación relacionada con la gestión de los
desembolsos de fondos para los proyectos de infraestructura menor y obras sociales.
Asimismo, Vaquero añadió requisitos que no estaban expresamente establecidos en el artículo 292 de las disposiciones generales del Presupuesto del 2023 ni en el procedimiento indicado en el artículo 62 del reglamento de dicha ley al señalar que los beneficiarios de los proyectos debían ser seleccionados por «representantes del Congreso Nacional».
También estableció que dentro de los lineamientos para la solicitud de desembolsos la alcaldía municipal, las organizaciones no gubernamentales y las mancomunidades debían presentar una «…ficha firmada por el Honorable Congresista…» que las autorizara para la ejecución de los fondos.
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Sin embargo, ni en el artículo 292 de la Ley del Presupuesto del año 2023 ni en el artículo 62 de su reglamento contenido en el acuerdo ejecutivo número 074-2023 se indicó que las alcaldías municipales, las organizaciones no gubernamentales o las mancomunidades serían seleccionadas por miembros del Poder Legislativo ni mucho menos que estas debían presentar una ficha firmada por un diputado autorizando la ejecución de los fondos como se describe en el acuerdo de delegación.
Urbina indicó que el papel que desempeñó la exgerente administrativa de la Secretaría de Gobernación fue clave porque tenía vínculos con seis organizaciones que recibieron fondos, y su esposo era el apoderado legal de las ONG que recibieron fondos.
Asimismo, la cuñada de la exgerente administrativa aparece en la investigación del CNA como miembro de la junta directiva de diferentes ONG’s que ejecutaron proyectos.
De las seis empresas vinculadas a la exgerente administrativo de la Secretaría de Gobernación, tres fueron beneficiadas en 2023 con asignaciones de fondos, mientras que el resto recibieron recursos provenientes del presupuesto de la SGJD.
En el momento que las ONG fueron beneficiadas con los proyectos, éstas realizaban un proceso de contratación privada que consiste en la invitación expresa y directa a determinados oferentes calificados.
Según el CNA, en esta etapa se amplió la red de corrupción ya que establecieron conexiones entre los representantes de las empresas, las organizaciones y la funcionaria pública.
En ese sentido, las empresas y contratistas individuales eran invitados a las licitaciones para garantizar que una de las sociedades comerciales o particulares que conformaban el esquema recibiera la adjudicación del proyecto, indicó.
Finalmente, sentenció que este esquema también fue utilizado para las compras menores dentro de la Secretaría de Gobernación.
En una de las ONG’s implicadas es «Asociación Ayudando con Amor», que fue inscrita el 28 de mayo de 2021 y su junta directiva para el año 2023 se encontraba consignada por cuatro cargos presidente, secretaria, tesorera y vocal.
El apoderado legal de esta ONG era el esposo de Jackeline Lizzette Pinto Dubón en 2022, según información de la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles.
De acuerdo a la Secretaría de Finanzas, el diputado liberal Ernesto Lezama, con autorización de Luis Redondo, solicitó fondos del Presupuesto General. AG
