Tegucigalpa – El escándalo de corrupción del “Cheque video”, donde se vieron involucrados la vicepresidenta alterna del Congreso Nacional, Isis Cuéllar, y el ahora exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, lleva más de un mes en aparente impunidad, ya que hasta el momento sus actores no han sido requeridos por el Ministerio Público e incluso se observa hasta premio para uno de los actores, de acuerdo a publicaciones en redes sociales.
El escándalo estalló cuando por medio de las redes sociales se conoció de un video que recoge la conversación entre la diputada Cuéllar y el entonces ministro Cardona donde las partes informan que parte del dinero que en concepto de asistencia otorga Sedesol en realidad fue transferido a actividades políticas de cara a las elecciones primarias en el partido Libre.
Los recursos provenían de un fondo aprobado por el Congreso Nacional para que los diputados gestionaran proyectos en cinco instituciones gubernamentales.
La reacción inicial en el oficialista partido Libre fue de condena y petición de salida de ambas figuras, como la afirmación hecha por la candidata presidencial Rixi Moncada quien escribió en sus redes sociales que será implacable contra la corrupción.
Pero pasado más de un mes del escándalo, solamente la caída del ministro Cardona, oficialmente se habló de aceptación de su renuncia, ha sido el único resultado, ya que Cuéllar sigue gozando de todos sus privilegios como directiva del Congreso Nacional.
Moncada, tras una reunión de alto nivel de delegados de Libre, había anunciado que el partido había acordado solicitar la renuncia de Cuéllar como diputada, suspender de su militancia y que no se postularía nuevamente en su cargo.
Pero los hechos han dicho otra cosa.
Cuéllar reapareció en sus redes sociales anunciado obras que promueve en su departamento de Copán, indicando que las mismas son promesas de la presidenta Xiomara Castro.
Igualmente se conoció que recientemente tuvo una reunión con sus dirigentes de base de Copán en Casa Presidencial con el coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya.
Una gráfica en la escalinata de Casa Presidencial muestra a la diputada Cuéllar junto a varios aspirantes a alcaldes y otros coordinadores de Libre, lo que evidencia que la diputada no ha perdido su poder e influencia en el partido oficialista.
El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, había anunciado que Cuéllar se le otorgaría un permiso, que nunca se mostró que fue solicitado por la diputada, en el Poder Legislativo, pero después se confirmó de parte de las autoridades de dicho poder estatal que la legisladora sigue recibiendo su salario íntegramente.
Incluso se informó que su auto oficial blindado había sido cambiado por una versión más nueva.
Fiscalía sin actuación pública
Mientras el Ministerio Público sigue sin mostrar que ha realizado acciones contundentes para investigar el despilfarro público.
En julio pasado, el fiscal general Johel Zelaya indicó que las investigaciones de la Secretaría de Desarrollo Social llevan su curso, esta semana terminan unas y otras la otra semana y así vamos ir aclarando la situación en Sedesol.
Una fuente de la Fiscalía consultada por Proceso Digital dijo “que los fiscales no nos informan de lo que van haciendo. Lo último fue pedir documentos a SEDESOL y a la CNBS (Comisión Nacional de Bancos y Seguros), a veces eso tarda un poco sobre todo en la CNBS”.
Fondos siguen operando
Pero a pesar que desde Libre se pidió la suspensión de los fondos, estos siguen operando normalmente, indicó el diputado Carlos Umaña a Proceso Digital.
Umaña, jefe de la bancada del partido Salvador de Honduras, reconoció que de 256 diputados, entre propietarios y suplentes, solo unos 25 parlamentarios no lo reciben, el resto si tramita las subvenciones y el fondo social.
En el caso de las subvenciones los diputados reciben 100 mil lempiras mensuales y por el tema de fondo social 6.5 millones para gestión de proyectos. En ambos casos, los diputados solo tienen que solicitarlo al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, explicó.
En las redes sociales, los diputados muestran una serie de obras y proyectos que realizan con los recursos estatales, promocionando obras de infraestructura, educativas, deportivas y otras.
Queremos pensar que la investigación está en curso
A criterio del director de Democracia y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, el Ministerio Público está en la obligación de investigar todo caso de corrupción, como es el caso de Sedesol.
Sostuvo que es deber del Ministerio Público realizar una investigación parcial, objetiva, profundizar, y encontrar a los responsables.
“Queremos pensar que la investigación ya está en curso, de que se estará profundizando y deducir las responsabilidades del caso si es necesario en función de los hallazgos”, dijo a Proceso Digital.
Aunque señaló que el Ministerio Público ha quedado en deuda con los actos de corrupción ocurridos en el actual gobierno y las pasadas administraciones.
Aguilar confió que hay esperanza de que el Ministerio Público investigue este caso para judicializar a personas que cometieron actos de corrupción. (PD).
