Tegucigalpa – Cuatro de los cinco candidatos presidenciales de Honduras se comprometieron este martes a promover, si resultan electos en las elecciones generales de noviembre próximo, una agenda anticorrupción que incluye crear una comisión internacional, restablecer el tratado bilateral de extradición con EEUU, aprobar un sistema nacional de prevención de la corrupción e implementar una estrategia nacional contra este flagelo.
Solo la aspirante por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, no suscribió la declaración “Honduras primero: una promesa que se exige, un deber que se cumple”, impulsada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Sí la firmaron los candidatos del Partido Nacional, primera fuerza de oposición, Nasrya Asfura; del Liberal, Salvador Nasralla; del minoritario partido Democracia Cristiana, Mario Rivera, y del partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (Pinu-SD), Nelson Ávila.
Pacto político busca atacar las raíces de la corrupción
Durante el acto, el aspirante liberal, Salvador Nasralla, prometió que, de llegar al poder el 30 de noviembre, instalará una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) durante el primer año de gobierno, dotándola de «suficiente fuerza» para que opere con «autonomía, independencia y libre de presiones políticas».
“Honduras pierde 100,000 millones de lempiras (3,813,6 millones de dólares) al año por robo. Un gobierno se roba aproximadamente 400,000 millones de lempiras (15,254 millones de dólares), eso lo voy a evitar”, subrayó Nasralla, al tiempo que anunció que fortalecerá al CNA y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Por su parte, el candidato de Democracia Cristiana, Mario Rivera, calificó el documento como un “pacto moral” y una “declaratoria de guerra contra los corruptos y sinvergüenzas que han saqueado y humillado nuestro país”.
Nelson Ávila, del Pinu-SD, abogó por la unidad nacional y advirtió sobre los riesgos de que “se impongan actitudes autoritarias, dictatoriales o excluyentes”.
Además, Ávila instó a los candidatos presidenciales a construir “un gobierno de integración nacional, la Honduras del siglo XXI”.
En el acuerdo, los candidatos se comprometen a «dejar sin efecto la suspensión temporal» del tratado de extradición con Estados Unidos, por considerar que este instrumento constituye «una herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional».
También se acordó aprobar un sistema de prevención de la corrupción desde el diseño y funcionamiento del Estado e implementar una estrategia nacional que ataque «directamente las causas y consecuencias” de este flagelo, mediante un instrumento político, que incluirá acciones concretas orientadas al fortalecimiento de procesos y actores claves.
El próximo gobierno «no tendrá margen para el error ni la indiferencia»
Por su parte, la directora del CNA, Gabriela Castellanos, destacó que el compromiso asumido por los candidatos constituye un “punto de inflexión que marca un antes y un después en la lucha frontal contra la corrupción” en Honduras.
“No estamos aquí porque vivimos en una nación ejemplar, ni porque el sistema funciona perfectamente”, sino porque Honduras “arrastra profundas fallas estructurales y se enfrenta no solo al deterioro político, económico y social, sino a una profunda crisis épica,” subrayó la funcionaria.
Castellanos advirtió que la declaratoria representa “una respuesta impostergable” ante la compleja situación del país y constituye “un acto de responsabilidad frente a la historia”, que hoy demanda atención.
La directora del CNA resaltó que el contexto político actual es «decisivo», ya que las elecciones definirán el rumbo de Honduras. Sin embargo, hizo énfasis en que esta vez «la historia no otorga márgenes para el error ni para la indiferencia”.
“Liderar un país no será simplemente ejercer autoridad, sino asumir una carga histórica frente a una larga data de corrupción profundamente arraigada”, afirmó Castellanos, quien pidió a los candidatos no convertir el discurso anticorrupción en una “excusa para justificar la incapacidad de gobernar”.
Según Castellanos, gobernar Honduras demandará “más que capacidad técnica; requerirá valentía moral para desmantelar las redes de poder que por años han perpetuado el saqueo y la impunidad”.
La responsable del Consejo Nacional Anticorrupción reiteró que la entidad que dirige continuará “observando, exigiendo y señalando, poniendo nombre, rostro y cifra al saqueo de los recursos públicos”.
En las elecciones de noviembre próximo los hondureños elegirán a un presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados al Congreso Nacional, veinte miembros del Parlamento Centroamericano -con sus respectivos suplentes- y 298 corporaciones municipales. EFE
