Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) condenó hoy los asesinatos cometidos en perjuicio de los campesinos Ramón Rivas Baquedano y su hijo Carlos Rivas en el sector del Bajo Aguán y exhortó al Ministerio Público, a iniciar un proceso de investigación penal para la identificaciٕón de los autores materiales e intelectuales y evitar que ambos crímenes se sumen a la larga lista de impunidad en el país.
Informes preliminares establecen que, las víctimas fueron interceptadas y asesinadas mientras se desplazaban hacia su lugar de trabajo.
A través de un comunicado, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) recordó que, desde 2010, hasta la fecha, se han registrado y denunciado, al menos, el asesinato de 200 personas campesinas como resultado directo del alto nivel de conflictividad agraria y socio-territorial en la zona del Aguán.
El Conadeh destacó, como parte de las causales, la nula capacidad estatal para contrarrestar los asuntos sobre seguridad ciudadana en la zona, así como los altos niveles de impunidad y la poca investigación respecto de los crímenes cometidos en perjuicio de las personas que estan directa o indirectamente involucradas en el conflicto.
En su Informe Anual de 2024, sobre la situación de derechos humanos, en Honduras, el Conadeh advirtió que los hechos violentos relativos a la tenencia de la tierra y los conflictos agrarios seguirán aconteciendo mientras el Estado no aborde con celeridad y seriedad la problemática.
Comunicado No. 014-2025
La Titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Abg. Blanca Saraí Izaguirre, en el ejercicio de su mandato convencional, constitucional y legal, con independencia funcional, técnica y de criterio; ante los asesinatos ocurridos en el Bajo Aguán se pronuncia en los términos siguientes:
1. El Conadeh condena los asesinatos cometidos en perjuicio del Sr. Rivas Baquedano y su hijo, Carlos Rivas quienes eran campesinos y socios de las cooperativas “La Aurora” y “Gregorio Chávez” respectivamente. De acuerdo con la información recibida por esta Institucion Nacional de Derechos Humanos (INDH), las víctimas fueron interceptadas y asesinadas mientras se desplazaban hacia su lugar de trabajo.
2. Sobre ello, esta INDH recuerda que, desde 2010, hasta la fecha, se han registrado y denunciado, al menos, el asesinato de 200 personas campesinas como resultado directo del alto nivel de conflictividad agraria y socio-territorial en la zona del Aguán, la cual se genera debido a: a) la disputa histórica de la tenencia de la tierra y la falta de seguridad jurídica sobre la misma; b) la nula capacidad estatal de contrarrestar los asuntos sobre seguridad ciudadana en la zona; c) la denunciada presencia del crimen organizado y el control territorial que ejerce; d) los altos niveles de impunidad y la poca investigación respecto de los crímenes cometidos en perjuicio de las personas que estan directa o indirectamente involucradas en el conflicto; y, en general, e) los patrones de violencia estructural y la ausencia de voluntad estatal para dirimir adecuadamente los flagelos.
3. Bajo ese contexto, el Conadeh recuerda que, en su Informe Anual de 2024 sobre la situación de derechos humanos en Honduras, señaló que, los hechos violentos relativos a la tenencia de la tierra y los conflictos agrarios seguiran aconteciendo mientras el Estado no aborde con celeridad y seriedad la problemática. Asimismo, esta INDH sigue encontrando preocupante e incluso contradictoria la postura estatal en cuanto a abordar la problemática, ya que, por una parte, en 2022, se firmó el convenio para la instalación de la Comisión Tripartita – hoy, Comisión de la Verdad para el Bajo Aguán- y, por otro, el Estado instala una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra en la cual no participan ni las víctimas del conflicto, ni ninguna institución de derechos humanos estatal o internacional.
4. Sobre ello, el Conadeh reitera su criterio de que la Comisión de la Verdad para el Bajo Aguán es una de las herramientas más útiles que puede implementar el Estado para iniciar la investigación y esclarecimiento y de reparación de las violaciones de derechos humanos ejecutadas en la zona; sin embargo, ello requiere la firma y aprobación del Decreto Ejecutivo PCM enviado a la Presidencia de la República para que dicha comisión pueda iniciar sus operaciones.
5. Por lo tanto, el Conadeh recomienda nuevamente: a) Al Poder Ejecutivo: acelerar el proceso de aprobación del Decreto Ejecutivo PCM que da vida a la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán a fin de instalar un mecanismo efectivo que investigue las graves violaciones de derechos humanos y asista el proceso de reparación de las víctimas; y, b) Al Ministerio Público: iniciar un proceso de investigación penal para la identificación de los autores materiales e intelectuales de los asesinatos.
***Tegucigalpa, M.D.C., 18 de julio de 2025***
