Tegucigalpa – Tras su cancelación, aunque no son muchas, los hondureños amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), cuentan con varias opciones legales, pero con poco tiempo para ampararse a las mismas.
– Una de las primeras opciones legales que los hondureños con TPS deben considerar es la consulta con un abogado de inmigración.
-Para aquellos que no logren regularizar su estatus, el DHS ha señalado que facilitará un “retorno voluntario” a Honduras, respaldado por un programa del gobierno hondureño llamado “Hermano, vuelve a casa”.
El 7 de julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, una medida que afecta a 55 mil hondureños que han vivido y trabajado legalmente en el país desde 1999, tras el devastador paso del huracán Mitch. Esta decisión, que entrará en vigor el 8 de septiembre de 2025, marca el fin de un programa humanitario que durante más de dos décadas brindó protección contra la deportación y autorización de empleo a miles de migrantes.
La noticia ha generado incertidumbre, angustia y un renovado esfuerzo por parte de los afectados y sus defensores para explorar alternativas legales que les permitan permanecer en Estados Unidos.
Sin embargo, aunque existen opciones el mayor reto ahora es el poco tiempo con el que cuentan los hondureños para poder optar a otro tipo de protección legal dentro del territorio estadounidense.
Opciones legales
Una vía legal viable para algunos beneficiarios del TPS es el ajuste de estatus mediante un vínculo familiar. Por ejemplo, aquellos casados con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales pueden iniciar el trámite para obtener una Tarjeta Verde. Sin embargo, este proceso puede ser complicado para quienes ingresaron a Estados Unidos sin documentos, ya que podrían necesitar gestionar una exención por presencia ilegal o una libertad condicional antes de solicitar el ajuste de estatus. Además, los hijos mayores de edad que sean ciudadanos estadounidenses pueden patrocinar a sus padres para un cambio de estatus, aunque este proceso también está sujeto a estrictos requisitos legales.
Otra alternativa es la solicitud de asilo, especialmente para aquellos que puedan demostrar un temor fundado de persecución en Honduras debido a factores como la violencia generalizada, la persecución por motivos políticos o la pertenencia a un grupo social particular.
Los beneficiarios del TPS también podrían explorar otras visas estadounidenses, como las visas de trabajo o visas basadas en empleo, si cumplen con los criterios de elegibilidad. Por ejemplo, las visas H-1B para profesionales calificados o las visas U para víctimas de ciertos delitos podrían ser opciones para algunos migrantes, aunque estas categorías son altamente competitivas y requieren el cumplimiento de requisitos específicos.
Además de las opciones individuales, las organizaciones de defensa de migrantes, como la Alianza Nacional TPS, han anunciado que presentarán demandas legales para impugnar la cancelación del programa. En el pasado, acciones legales como la demanda Ramos vs Nielsen lograron retrasar la terminación del TPS para varios países, incluyendo Honduras, durante la primera administración de Trump.
Poco tiempo
Para el experto en derecho internacional, Graco Pérez, el mayor reto que enfrentan los hondureños, es el poco tiempo con el cuentan para optar a otra alternativa legal que les permita permanecer en EE.UU.
El experto dijo a Proceso Digital que la alternativa que más tiempo puede brindar a los tepesianos es llevar su caso a las cortes de inmigración.
Este es un panorama incierto y dependerá de cada caso individual, pero se puede ganar tiempo, razonó.
Los tepesianos también pueden apostarle a después de ganar un poco de tiempo esperar el cambio de gobierno en Honduras y que la nueva administración negocie algún beneficio para ellos, comentó el experto.
Las opciones son variadas, pero en definitiva el mayor reto es el poco tiempo con el que cuentan los connacionales para poder optar a las mismas, concluyó.
Futuro incierto
De su parte, la investigadora Sally Valladares dijo a Proceso Digital que Honduras enfrenta un escenario incierto, pero con un panorama complejo para su economía ya que como país dependemos de las remesas.
En ese sentido, dijo que los afectados con la decisión del gobierno de Estados Unidos, de cancelar el TPS, no son solo 55 mil hondureños, sino toda la economía nacional.
Adicionalmente el país afronta un impuesto al envío de remesas desde Estados Unidos, que es dónde más migrantes tenemos, dijo la también docente universitaria.
Alertó que se deben vigilar los comportamientos de los flujos migratorios ya que si bien la decisión de cancelar el TPS podría generar temor, también se puede convertir en un impulso de los flujos migratorios de origen.
Encrucijada
El TPS, otorgado inicialmente tras el huracán Mitch, permitió a los hondureños residir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras las condiciones en su país de origen se consideraban inseguras para su retorno. Sin embargo, la administración de Donald Trump, encabezada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que Honduras ha experimentado una “recuperación significativa” desde el desastre, justificando la terminación del programa. Según el DHS, el país centroamericano cuenta ahora con mejores condiciones en infraestructura, acceso a agua potable y desarrollo urbano, lo que permitiría el retorno seguro de sus ciudadanos. Esta postura ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y expertos que señalan que Honduras aún enfrenta altos niveles de pobreza, violencia y desempleo.
La cancelación del TPS coloca a los beneficiarios en una encrucijada: regularizar su estatus migratorio o enfrentar el riesgo de deportación. Sin este beneficio, que no conduce a la residencia permanente ni a otro estatus migratorio, los hondureños perderán su autorización de trabajo y quedarán en situación de irregularidad migratoria a partir de septiembre de 2025.
Esta situación afecta no solo a los beneficiarios directos, sino también a sus familias, muchas de las cuales incluyen hijos nacidos en Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses por derecho de nacimiento. La posibilidad de separación familiar y el retorno a un país con un “futuro incierto” han movilizado a comunidades y organizaciones en busca de soluciones legales.
Aunque la cancelación del TPS representa un golpe significativo, los migrantes hondureños aún tienen opciones legales, desde el ajuste de estatus por vínculos familiares hasta la solicitud de asilo o visas específicas. Mientras la batalla legal y diplomática continúa, los próximos meses serán decisivos para miles de familias que han hecho de Estados Unidos su hogar durante más de dos décadas. (RO)
