Tegucigalpa–La Cámara Legislativa repitió la decisión tomada hace una década cuando por primera vez intervino la educación superior con una Comisión de Transición en la UNAH; ahora esa experiencia se traslada hacia la Universidad de Agricultura en Catacamas, tras dos meses de conflictos internos.
La decisión fue tomada tras un Informe presentado por una Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional que, a petición de fuerzas vivas de la zona y parte de la comunidad estudiantil en huelga, clamaba por una salida a la crisis de la Universidad de Agricultura ante despidos de docentes, expulsiones de alumnos y la impugnación de la reelección del rector, Marlon Escoto.
El 8 de diciembre del año pasado, la Comisión Multipartidaria del Congreso presentó su informe al pleno de la cámara a fin de diagnosticar cuál era el nivel de conflictividad a lo interno y tratar de aportar en la búsqueda de soluciones.
Entre algunos de sus hallazgos presentados, tras entrevistas y visitas a la zona, se encuentran: Que la Universidad Nacional de Agricultura se encuentra en una etapa difícil de gobernabilidad que tiene entre otras manifestaciones “la ausencia de una persona en el cargo de la rectoría” ante la impugnación que fue objeto Escoto y por la cual el Consejo de Educación Superior dejó en suspenso su reconocimiento hasta que emita un veredicto final el tribunal que conoce el proceso.
“La Universidad Nacional de Agricultura muestra signos de un debilitamiento institucional y desorden administrativo. Su máxima autoridad que es el Consejo Directivo Universitario tiene una conformación endogámica que propicia una concentración de poder sin el equilibrio de los contrapesos tan necesarios en una institución plural como debe ser una academia. Como ejemplo: en el Consejo solo hay un representante de los profesores. Un esquema así facilita la comisión de abusos y anomalías y la falta de normas académicas claras que rijan las relaciones entre la institución y los docentes y entre la institución y los alumnos”, señala el Informe parlamentario.
Lo que hallaron los parlamentarios
Otro de los hallazgos citados por la comisión multipartidaria se relaciona con la condición en que viven los estudiantes en el internado de la universidad. “En nuestra visita, esta Comisión constató, con no poca perplejidad, las condiciones infrahumanas en las que se encuentran gran parte de estos futuros profesionales. Hacinamiento, falta de ventilación, condiciones antihigiénicas, falta de privacidad y carencia de las mínimas condiciones de dignidad humana, son parte de su cotidianeidad”.
El Informe de 11 páginas, recoge incluso incidentes a lo interno. Frente a estos hechos, la Comisión dio una serie de recomendaciones, siendo la más fuerte de todas ellas la solicitud de intervenir ese centro de educación superior. También pide al Consejo de Educación Superior (CES) de las universidades públicas y privadas del país que acompañe este proceso mediante un equipo técnico.
El CES nombró una comisión de auditoría académica externa, pero ésta no fue del agrado de las autoridades de la UNA. La conflictividad se agudizaba. El rector suspendido Marlon Escoto renunció a su cargo de Ministro de Educación.
Los retos de la Interventora
Pero la cámara legislativa decidió aprobar un decreto de intervención de la UNA al considerar que las actuales autoridades ya no eran parte de la solución de la crisis, sino del problema. El presidente del parlamento, Mauricio Oliva, dijo que tras dar un tiempo prudencial para que la crisis se solventara, las señales indicaban que el conflicto, lejos de resolverse, se alargaba.
El decreto de intervención fue aprobado por unanimidad y ya fue publicado en La Gaceta. Se estima que en los próximos siete días los interventores sean nombrados por el poder ejecutivo y ejerzan sus funciones en la UNA.
El decreto señala que la comisión interventora estará integrada por tres comisionados: uno nombrado por el Poder Ejecutivo, otro por el CES y un tercero por el Consejo Nacional de Educación. La misma durará un año, que podrá ser prorrogable. Tiene plenas funciones y cuando tomen posesión las actuales autoridades de la UNA y su Consejo Directivo quedan automáticamente desintegradas. Así lo dice el decreto.
Esta Comisión Interventora tendrá el desafío de estructurar y conformar un nuevo gobierno universitario, nuevas reformas académicas que rijan los planes de estudio, representación docente y estudiantil en el nuevo Consejo Directivo Universitario, si es que se mantiene el mismo nombre.
Pero también deberá impulsar toda una reforma administrativa, reglamentos internos que rijan el cuerpo administrativo, docente y el gobierno universitario. Nuevas leyes y reglamentos para esa institución académica que de acuerdo al informe de los legisladores era muy frágil.
Y la otra gran reforma que deberá impulsar la comisión interventora será la reforma académica, revisar el pensum estudiantil, apostar a la pertinencia y calidad educativa, identificar los restos del país en el sector agrícola para insertar la academia en ese proceso. La UNA tiene la fortaleza de ser un centro que alberga a estudiantes de todo el país y de otras naciones que conocen el campo y están comprometidos a dar su aporte al progreso del mismo.
La apuesta de dos poderes
La ubicación de la UNA en el ranking de las universidades, las normas académicas que regirán sus políticas educativas, entre otros, son parte de los grandes retos que tendrán los interventores para dar un nuevo rostro a la Universidad de Agricultura.
La cámara Legislativa, junto al poder Ejecutivo, pareciera están apostando hacia esta transformación tras la experiencia de la reforma académica iniciada hace 10 en la UNAH y que a criterio del presidente Juan Orlando Hernández, “fue una intervención con resultados exitosos”.
Así lo dijo al indicar que continuará su apoyo a la UNA en materia de infraestructura al anunciar la construcción de edificios decentes que habían sido gestionados por el actual rector suspendido, Marlon Escoto. Todo ese proceso será apoyado, recalcó el presidente Hernández.
Hernández fue uno de los impulsores de la reforma universitaria que se vive actualmente en la UNAH al apoyar la Comisión de Transición que sentó los nueve pilares de la reforma universitaria que actualmente se impulsa en el alma máter.
Tanto los congresistas. como el propio presidente Hernández, consideran que la oportunidad de cambio en la UNA en Olancho debe servir de un parte de aguas para la comunidad universitaria y la sociedad en las pampas olanchanas. Los estudiantes, que por más de dos meses mantuvieron tomadas las instalaciones, así lo esperan también. Las autoridades en funciones hasta antes que llegue la interventora también se han puesto en sintonía sobre la necesidad de los cambios.
La víspera dirá si la experiencia de la reforma universitaria en la UNAH se reedita y si el congreso, al margen de las diferencias político partidarias, cierra filas como en lo hizo con la UNAH, por dar al país otra gran reforma académica en un centro de educación superior público con un objetivo claro: aportar al desarrollo agrícola, económico y social de esta nación.
